- La circulación del autotransporte de carga representa un grave riesgo debido a diversos factores como las malas condiciones físico-mecánicas, el error humano en la conducción y la sobrecarga de las unidades
Con la finalidad de atender y mejorar la seguridad vial en las carreteras, así como reducir el número de accidentes que ocasiona el autotransporte de carga, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa que busca prohibir la circulación en vías generales de comunicación de vehículos de autotransporte de carga de dos o más remolques o semirremolques.
Destacó la importancia del sector autotransporte para la economía mexicana y apuntó que según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el cierre del año 2021 existían en el país un millón 201 mil 053 vehículos al servicio del autotransporte de carga, sector que moviliza al menos 534 mil 469 toneladas de productos en todo el territorio nacional.
Sin embargo, lamentó que el sector de autotransporte federal de carga sufre de carencias y omisiones que afectan tanto al sector como a los usuarios de carreteras del país, convirtiendo al doble remolque en un verdadero y peligroso problema de seguridad pública, que no sólo genera controversia, sino que lamentablemente ha ocasionado accidentes desafortunados e incluso mortales.
Corona Nakamura afirmó que la circulación del autotransporte de carga representa un grave riesgo debido a diversos factores, tal es el caso de las malas condiciones físico-mecánicas de estos vehículos; afirmó que el problema más grave y urgente radica en que se trata de unidades obsoletas o bien, en malas o deplorables condiciones, tanto físicas como mecánicas.
Agregó que otro de los puntos a atender es el error humano en la conducción, ocasionado por factores como la nula o escasa capacitación de los conductores, jornadas de conducción desgastantes o con poco descanso, el consumo de alcohol o sustancias prohibidas durante la conducción, así como operadores con licencias obtenidas de manera irregular.
Por otro lado, subrayó que otro de los problemas es la sobrecarga de este tipo de autotransporte, ya que de acuerdo a la NOM-012 se permite una carga máxima de 66.5 toneladas para los doble remolque, sin embargo, a menudo ésta puede ser excedida hasta las 83.4 toneladas, sin contar que se trata únicamente del peso de la carga, al cual hay que sumarle 30.4 toneladas de peso del vehículo, llegando a ser unidades de más de 113 toneladas circulando por carreteras y caminos de México, lo que representa un grave peligro no sólo para quienes las conducen, sino para quienes circulan cerca de ellas.
La senadora afirmó que aunque en las leyes mexicanas se exige que todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo cumplan con la debida verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas, así como que cumplan con condiciones de peso y de dimensiones máximas para circulación, la realidad es que no se cumple a cabalidad.
Es por ello que insistió en la urgencia, no solamente de regular la circulación de los vehículos de autotransporte de carga de dos o más remolques o semirremolques, sino de prohibirla totalmente en vías generales de comunicación de nuestro país, los cuales dejarán de circular en su totalidad el 31 de diciembre de 2026.
Sólo quedarían exentos de esta medida, aquellos transportes que se utilicen para dependencias o paraestatales del Gobierno Federal.
- Realizarán reuniones la siguiente semana con legisladores de los diversos partidos políticos representados en el Senado, así como con representantes del sector privado y contratantes de espacios publicitarios interesados en esta propuesta de Ley
En un esfuerzo por transformar y regular el mercado publicitario en México, los senadores del Partido Verde, Virgilio Mendoza Amezcua y Luis Armando Melgar Bravo promueven una nueva Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, que busca establecer un marco justo y transparente para anunciantes, agencias y medios de comunicación, tras la abrogación de la legislación anterior.
Para garantizar que la nueva legislación sea inclusiva y atienda las preocupaciones de todos los actores involucrados, se llevarán a cabo reuniones en las que participarán legisladores de todos los partidos políticos representados en el Senado, representantes del sector privado y contratantes de espacios publicitarios.
"Escucharemos a las partes interesadas en esta legislación, será una reunión abierta para lograr un marco regulatorio que refleje las necesidades del mercado", señalaron los legisladores.
Explicaron que debido al gran interés que ha suscitado la presentación de la iniciativa entre los representantes del sector publicitario, muchos de ellos han solicitado un espacio para expresar sus opiniones. "Por esta razón, la próxima semana recibiremos en el Senado a diversos actores clave de la industria, con el fin de conocer sus puntos de vista sobre este importante proyecto".
Los legisladores subrayaron que la nueva legislación apunta a corregir las deficiencias del marco anterior, que dejó sin regulación elementos clave del mercado publicitario tras su eliminación por fallas en el proceso legislativo. Asimismo, indicaron que las pérdidas de control sobre las relaciones financieras entre agencias y anunciantes han afectado la competitividad, y con esta nueva normativa se pretende un entorno de competencia justa mediante sanciones proporcionales y medidas claras de transparencia.
En ese sentido, el senador Luis Armando Melgar explicó que su iniciativa pretende eliminar las prácticas abusivas y establecer reglas claras que fortalezcan la confianza en el sector. "Queremos un entorno publicitario donde la equidad, la transparencia y la seguridad jurídica sean la norma, beneficiando tanto a los actores involucrados como al consumidor final", declaró.
Por su parte, el senador Virgilio Mendoza destacó que "la inclusión de normas específicas para la publicidad digital y la prohibición de conflictos de interés son pasos fundamentales para evitar prácticas que perjudiquen a los consumidores y anunciantes por igual".
Finalmente, los senadores del Partido Verde explicaron que estas reuniones con la industria publicitaria será clave para mejorar las condiciones del mercado publicitario en México y promover un entorno económico más justo y competitivo.
- Con esta propuesta se pretende ajustar el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que las autoridades electorales de las Entidades Federativas emitan sus respectivos marcos reglamentarios.
Para garantizar la atención pronta e inmediata de los asuntos relacionados con la violencia política contra las mujeres en razón de género, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la finalidad de que cada Estado pueda emitir sus respectivos marcos reglamentarios en esta materia.
Guerra Mena lamentó que a pesar de la larga lucha por el reconocimiento de los derechos políticos y electorales de las mujeres, aún en la actualidad siguen sufriendo de violencia política, entendida como toda acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que busca limitar, anular o menoscabar la participación de las mujeres y su acceso al ejercicio de derechos políticos y electorales. Por ello, consideró necesario continuar con la construcción de distintos instrumentos, políticas y herramientas para atender estas violaciones a sus derechos políticos.
Explicó también que aunque desde abril del año 2020 se hicieron oficiales diversas reformas en materia de violencia política en razón de género, estos son pasos aislados y de carácter gradual que no han permitido erradicar este problema que afecta la democracia participativa y electiva.
Agregó que en nuestro país la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género, por lo que las autoridades electorales se ven impedidas de perseguirla y sancionarla.
Detalló que a pesar de que el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que las autoridades electorales de los Estados deben establecer los mecanismos para eliminar y sancionar este tipo de violencia, a nivel Federal, el procedimiento al que deben sujetarse las autoridades para atender los casos de este tipo de violencia es a través del denominado Procedimiento Especial Sancionador.
Por ello, explicó que con esta propuesta se pretende ajustar el mencionado artículo para que las autoridades electorales de las Entidades Federativas emitan sus respectivos marcos reglamentarios para la atención pronta e inmediata de los asuntos relacionados con la violencia política contra las mujeres en razón de género y en tanto se emiten, las autoridades deberán alinear sus procedimientos de deliberación.
Argumentó que de esta manera, se brinda a las autoridades de los Estados un eje orientador que les permita ser eficientes en resolver de inmediato este tipo de asuntos, al tiempo que se les establece el mandato de emitir sus lineamientos reglamentarios en beneficio de los derechos políticos y electorales de miles de mujeres mexicanas que aspiren a participar en la toma de decisiones de su localidad, estado o país.
