- PVEM en el Congreso pide refugios climáticos en las 16 alcaldías para proteger a la población de las altas temperaturas
Ante el aumento de las olas de calor en la Ciudad de México, el Partido Verde propuso crear una Red de Refugios Climáticos en las 16 alcaldías, para que las personas tengan lugares seguros donde resguardarse cuando las temperaturas alcancen niveles extremos.
La propuesta, impulsada por la diputada Paulina Pérez Córdova, advierte que las altas temperaturas pueden poner en riesgo principalmente a adultos mayores, niñas y niños, personas con discapacidad, personas en situación de calle y trabajadores que pasan largas horas bajo el sol.
La legisladora recordó que a CDMX cuenta con espacios, pero no una red organizada para proteger a la población cuando el calor se vuelve peligroso. Bibliotecas, centros culturales, deportivos, módulos de atención ciudadana, espacios comunitarios y otros edificios públicos podrían utilizarse temporalmente como refugios. La propuesta plantea que estos sitios cuenten con sombra, ventilación, agua potable y personal capacitado para brindar primeros auxilios básicos.
La diputada del Verde Ecologista señaló que las alcaldías cuentan con infraestructura y áreas que podrían utilizarse para para poner en marcha esta red, sin embargo, actualmente no existe un programa formal ni protocolos que permitan activarlos de manera inmediata ante una alerta por calor extremo.
- PVEM propone hasta 10 años de cárcel para quienes organicen fiestas clandestinas y lucren dando alcohol o drogas a menores de edad
Patios, bodegas y salones se están convirtiendo en antros clandestinos para menores; se anuncian por redes sociales, cobran entradas, reúnen a cientos de adolescentes, se realizan sin permisos, sin seguridad y, en algunos casos, con venta de alcohol y presencia de drogas.
Ante esta situación, el diputado Javier Ramos Franco del PVEM en el Congreso de la CDMX, mediante una iniciativa busca poner un alto, principalmente a quienes hacen negocios con estas fiestas y ponen en riesgo a jóvenes. “La propuesta plantea llevar el tema al Congreso de la Unión y endurecer las sanciones contra quienes organicen, promuevan o administren estos eventos” dijo el diputado.
Ramos Franco añadió que la pena puede llegar de siete a diez años de prisión, además de multas, para quienes utilicen estos lugares para obtener dinero mientras venden, suministran o facilitan alcohol, narcóticos u otras sustancias a menores de 18 años.
El problema es que estas fiestas ya no ocurren solamente en bares o antros. Ahora pueden organizarse en casas, bodegas, salones, quintas o incluso en la vía pública. Las convocatorias pueden hacerse por TikTok, Facebook, WhatsApp y otras plataformas; incluso, la ubicación puede mantenerse oculta o cambiarse a última hora para evitar que las autoridades lleguen.
Los casos documentados son alarmantes. En la Ciudad de México se han registrado fiestas clandestinas con cientos e incluso miles de adolescentes, además de casos de intoxicación, exceso de personas y falta de medidas básicas de seguridad.
El problema no es exclusivo de la capital hay documentos que señalan casos en Estado de México, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Baja California, Puebla y Chihuahua, donde autoridades han intervenido fiestas clandestinas con menores consumiendo alcohol y, en algunos casos, otras sustancias.
Javier Ramos Franco señaló que con esta iniciativa se plantea que la responsabilidad debe caer principalmente sobre los adultos que organizan, promueven, administran o lucran con estas fiestas, y no sobre los jóvenes, por lo que se busca cerrar ese vacío legal y dejar claro que no importa si la fiesta ocurre en una bodega, una casa o un salón: si hay negocio y se pone en riesgo a menores, debe haber consecuencias.
- Así como investigar a fondo los casos y sancionar cuando se compruebe dolo o mala fe, sin dejar desprotegidas a las víctimas
Ni impunidad para los acosadores ni injusticias contra personas acusadas sin pruebas señaló la diputa Claudia Neli Morales Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad de México.
Mediante un Punto de Acuerdo propuso fortalecer los mecanismos para investigar las denuncias de acoso laboral y sexual y evitar que una acusación se convierta en una “sentencia” en redes sociales antes de que exista una investigación.
La propuesta plantea que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las 16 alcaldías y las áreas de recursos humanos de las dependencias públicas fortalezcan sus procedimientos para garantizar investigaciones objetivas, imparciales y con perspectiva de género.
La diputada advirtió que una denuncia no investigada correctamente puede terminar dañando a todos los involucrados: a las víctimas reales, que necesitan instituciones confiables para denunciar, y a quienes sean señalados injustamente, cuya reputación, vida laboral y estabilidad emocional pueden quedar seriamente afectadas.
El documento señala que la exposición pública puede convertir una acusación en una especie de “verdad pública”, generando presión social incluso antes de que las instituciones tengan tiempo de determinar qué ocurrió realmente.
Por ello, el PVEM plantea actualizar y difundir lineamientos internos para prevenir el uso indebido de los mecanismos de denuncia, sin obstaculizar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.
La propuesta también pide que, cuando una investigación determine que una denuncia fue presentada con información falsa, dolo o mala fe, se apliquen las sanciones administrativas o penales correspondientes conforme a la legislación.
El planteamiento no busca desanimar a las mujeres ni a ninguna víctima a denunciar. Por el contrario, sostiene que una investigación seria y objetiva fortalece la confianza en las instituciones y protege los derechos de todas las personas.
Finalmente la diputada del Partido Verde pidió que ninguna víctima sea silenciada, pero tampoco que una persona sea condenada públicamente antes de que se conozca la verdad.