- Los programas de integridad empresarial son un elemento para que el Estado escoja entre diferentes opciones cuando ejerce gasto público a través del sector privado
El diputado Carlos Alberto Guevara Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para que se agregue a los requisitos para participar en licitaciones, que las empresas cuenten con una política de integridad.
En la exposición de motivos, el legislador explicó que, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se considerará una política de integridad en una compañía aquella que cuenta con, al menos, un manual de organización y procedimientos; un código de conducta; sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría.
Además, debe incluir el uso de sistemas adecuados de denuncia; sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad; políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, y mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.
"Si una empresa cuenta con políticas claras de integridad, opera en su favor la consideración de que violar la ley no es su forma de hacer negocios. Bajo esta lógica, la reforma que se propone pretende incentivar la integridad de las personas morales, no se crea una nueva obligación ni un nuevo esquema burocrático, en razón de ello no hay sanciones por carecer de estas medidas", precisó.
Guevara Garza recordó que en la reforma constitucional de mayo de 2015 se introdujo en el Artículo 113 el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como instancia coordinadora entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno con competencia en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
"Ahora bien, la Ley General de Responsabilidades Administrativa contiene un apartado con el que se dispone la facultad de los entes públicos para que, con la participación de sus órganos internos de control, implementen, en conjunto con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, mecanismos de autorregulación que sirven para el diseño y supervisión de controles internos", dijo el diputado ecologista.
Además, agregó, según esta ley pueden tener un programa de integridad que les permite asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización, a efecto de inhibir la práctica de conductas irregulares y orientar a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad.
Por ello, enfatizó que esta legislación pretende generar una nueva cultura empresarial en la que la integridad sea un activo que sirva a su sostenibilidad y además, sea elemento para valorar responsabilidades cuando una empresa está involucrada en un acto de corrupción.
- En México, el 70 por ciento de los niños indígenas menores de 5 años, no habla su lengua materna.
La diputada del Partido Verde, Ciria Yamile Salomón Durán, propuso reformar la Ley General de Educación, para que las entidades y localidades urbanas y rurales con población mayoritaria de comunidades indígenas o afromexicanas, fomenten en sus planes y programas educativos el conocimiento, aprendizaje, reconocimiento y valoración de las culturas ancestrales, a fin de preservar y difundir su riqueza e importancia entre los educandos.
La diputada Salomón Durán en su propuesta señaló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 70 por ciento de los niños indígenas menores de 5 años, de nuestro país, no habla su lengua materna y la transmisión intergeneracional de éstas ha disminuido drásticamente.
“Esta situación es un indicador claro de la pérdida de conocimientos culturales, ya que la lengua es un vehículo fundamental para la transmisión de la cosmovisión, las tradiciones y los valores ancestrales”, añadió la legisladora.
Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 revela que los niños indígenas enfrentan altos niveles de discriminación y marginación, tanto en el ámbito escolar como social, lo que contribuye a la desvalorización de su cultura.
Por lo cual la legisladora señaló que, “el entorno educativo, predominantemente castellano y orientado hacia una cultura homogénea, ha invisibilizado las culturas indígenas, desmotivando a los niños a aprender y practicar su cultura originaria, lo cual combinado con la globalización y la influencia de medios de comunicación que promueven valores ajenos a las tradiciones indígenas, aceleran la pérdida del conocimiento ancestral”.
Por lo cual, la legisladora ecologista, resaltó la necesidad de implementar estrategias que aseguren que la educación sea bilingüe e intercultural, por ejemplo, que los maestros sean hablantes nativos de las lenguas indígenas y estén capacitados en pedagogía intercultural, teniendo como principal objetivo la promoción de la enseñanza de la historia, cosmovisión y valores de los pueblos indígenas.
Asimismo, destacó la importancia de elaborar material didáctico y capacitación de grupos para que las propias comunidades desarrollen programas de enseñanza de su lengua y cultura a las nuevas generaciones. “Esto incluye la creación de espacios culturales y educativos dentro de las comunidades, donde los niños puedan aprender de los mayores y participar en actividades tradicionales”, añadió Salomón Durán.
De igual forma, en la propuesta planteó el desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas digitales y materiales educativos en lenguas indígenas para facilitar la enseñanza y aprendizaje de estas lenguas. Además de la creación de archivos digitales de historias orales, canciones y otras expresiones culturales para su preservación y difusión.
Finalmente, Salomón Durán, mencionó que la pérdida del conocimiento de las culturas ancestrales entre la niñez mexicana es una problemática de urgente atención que requiere la implementación de acciones legislativas y políticas públicas integrales y efectivas que permitan la preservación del conocimiento ancestral y, sobre todo, su difusión, aprendizaje y valoración.
- La propuesta busca terminar con la exploración y plagio de sus artesanías, mismas que constituyen un patrimonio invaluable para México y la humanidad.
Con el fin de proteger la riqueza cultural de los pueblos originarios y evitar la explotación y plagio de sus creaciones, la diputada federal por el Partido Verde, Maricela Silva Andraca propuso reformar la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), en materia de protección y promoción de las artesanías de la comunidad wixárika como patrimonio cultural inmaterial.
La legisladora explicó que actualmente, dicha ley reconoce las creaciones originales como propiedad del autor, otorgando protección a obras literarias, artísticas, científicas y técnicas, incluyendo las artesanías, sin embargo, las artesanías de los pueblos originarios quedan en un limbo legal al no ser registradas formalmente, lo que las hace vulnerables al plagio y explotación por parte de terceros.
Ante ello, señaló que es imperativo reformar la LFDA para incluir mecanismos específicos que salvaguarden las expresiones culturales de las comunidades indígenas.
En su iniciativa, Silva Andraca expone que la riqueza cultural de los pueblos originarios, como la comunidad wixárika, constituye un patrimonio invaluable no solo para México, sino para la humanidad. Este patrimonio se manifiesta de manera destacada en sus artesanías, que son expresión tangible de su cosmovisión, espiritualidad y tradiciones milenarias.
Sin embargo, indicó, estas creaciones, cargadas de simbolismo y tradición, han sido objeto de plagio y explotación indebida por parte de terceros que lucran con ellas sin respeto por su origen y sin reconocimiento de los derechos de sus creadores, lo que representa no solo una pérdida económica para los artesanos, sino también una agresión directa a su identidad cultural y espiritual.
Destacó que año con año, los casos detectados de apropiación indebida de sus diseños muestran un patrón alarmante, evidenciando la necesidad urgente de implementar políticas de protección y reconocimiento a nivel nacional e internacional.
En este contexto, subrayó que es necesario adecuar el marco legal vigente para que proteja estas creaciones, reconociendo y garantizando los derechos de autor y propiedad intelectual de los pueblos originarios sobre sus expresiones culturales.
Por todo ello, propuso reformar diversas disposiciones de la LFDA para incluir entre las ramas de obras que deberán ser protegidas con el derecho de autor, las artesanías, creaciones, diseños y demás manifestaciones culturales realizadas por comunidades indígenas, las cuales reflejan su identidad, tradiciones y patrimonio cultural.
Asimismo se establece que las comunidades indígenas serán reconocidas como titulares colectivas de los derechos morales de sus obras y tienen derecho a oponerse a cualquier uso, exploración o modificación de sus creaciones, entre otras facultades.
