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PIDE PARTIDO VERDE TIPIFICAR EL ACECHO COMO DELITO AUTÓNOMO DE VIOLENCIA

  • A pesar de su gravedad, aún no está adecuadamente tipificado para proteger a las víctimas y evitar que escale a formas más graves de violencia.

En respuesta a la creciente violencia contra las mujeres y cubrir el vacío legal en materia de acecho que deja desprotegidas a las víctimas de esta forma grave de hostigamiento, el diputado Eruviel Ávila del Grupo Parlamentario del Partido Verde propuso reformar la legislación vigente para tipificar dicha conducta como un delito autónomo de violencia.

La iniciativa propone reformar el artículo 266 Quáter del Código Penal Federal y un artículo 16 Ter, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de reconocer el impacto psicológico del acecho y proteger a las víctimas antes de que la situación escale a formas más graves de violencia.

Eruviel Ávila define esta conducta como una forma grave de hostigamiento que afecta desproporcionadamente a las mujeres, generando un impacto psicológico y emocional devastador.

Señaló que aunque los hombres también pueden ser víctimas de este delito, las mujeres representan la mayoría de.los casos y suelen ser blanco de acecho debido a relaciones de poder, violencia de género, o de control por parte de exparejas.


"Esta forma de violencia no solo invade su privacidad, sino que también genera un miedo constante y afecta profundamente su bienestar", precisó.

Añadió que esta conducta se caracteriza por la vigilancia continua, el seguimiento persistente, y, cada vez más, el uso de tecnologías como redes sociales, dispositivos de rastreo o vigilancia digital para controlar y atemorizar a las víctimas.

Resaltó que a pesar de su gravedad, el acecho aún no está adecuadamente tipificado en la legislación mexicana, dejando a las víctimas desprotegidas. Por ello, subrayó que es urgente tipificar el acecho como un delito autónomo, para que nadie más tenga que vivir con el temor y la ansiedad que estas víctimas enfrentan diariamente.

Además, "este nuevo tiempo para las mujeres en México, encabezado por una mujer, la Doctora Claudia Sheinbaum, demanda una respuesta legal contundente ante el acecho, especialmente en un contexto donde internacionalmente, países como Reino Unido, España, Estados Unidos, y Canadá ya han tomado medidas legislativas exitosas para enfrentar este problema.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, por parte del INEGI, el 70.1 de las mujeres mexicanas de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia mientras que en el ámbito comunitario la violencia es prácticamente alarmante donde el 45.6 de las mujeres reportaron haber sido víctimas de violencia donde el acecho es común.

PROPONE PARTIDO VERDE AUMENTAR MULTAS Y SANCIONES POR DELITOS AMBIENTALES

  • Busca castigar con mayor fuerza estas conductas, catalogándolas como delito grave a fin de disuadir la comisión de actos contra el medio ambiente.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para modificar diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para que las penas y multas por delitos ambientales se incrementen, sobre todo cuando éstos se cometan intencionalmente.

La propuesta del Partido Verde es que los delitos ambientales se clasifiquen como graves cuando la conducta se realice con dolo, es decir, con el pleno conocimiento de que dichas acciones constituyen un delito.

Con esta clasificación, se establece en la exposición de motivos, se pretende disuadir y prevenir actividades que dañen o destruyan el medio ambiente.

Con los cambios propuestos la pena pasaría de nueve a diez años de cárcel y las multas que actualmente establece el Código Penal Federal de 300 a tres mil días, aumentaría de 887 a 6 mil 878 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que actualmente es de 113.14 pesos.

Es decir, el monto máximo de multa pasaría de 339 mil 420 pesos a 778 mil 176 pesos.

Entre los delitos que se sugiere incluir en esta categoría se encuentran el desmonte y la destrucción de áreas forestales; el transporte y comercio ilegal de maderas, las peleas de perros, la caza ilegal y la comercialización de especies de flora y fauna silvestre; el daño a ecosistemas críticos como los manglares y humedales, así como la introducción de recursos forestales o de vida silvestre a nuestro país que porten enfermedad contagiosa, y que propaguen la enfermedad en nuestros ecosistemas.

Asimismo, se debe considerar la descarga inapropiada de aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, y la disposición de desechos contaminantes en suelos y cuerpos de agua, prácticas que comprometen la salud ambiental y la sostenibilidad de los recursos naturales.

“En síntesis, lo que se propone es castigar con mayor fuerza los delitos ambientales con el objetivo de disuadir la comisión de conductas contra el medio ambiente por las penas a las que pueden hacerse acreedores quienes las ejecuten.

“Con esto se busca proteger los recursos naturales de cualquier ilícito y garantizar el derecho al medio ambiente sano como lo establece la Constitución”, indica la iniciativa.

PARTIDO VERDE PROPONE REFORMA PARA GARANTIZAR PROTECCIÓN A LA NIÑEZ ANTE CIFRAS DE VIOLENCIA INFANTIL

  • La iniciativa se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el fin de asegurar el derecho de los infantes a vivir una vida libre de violencia, prejuicios y estereotipos

Con el objetivo de definir de manera precisa el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, garantizando que cumpla con los principios de taxatividad, claridad normativa y respeto al interés superior de la infancia, la diputada Casandra Prisilla de los Santos propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La propuesta, explicó, se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el fin de asegurar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, prejuicios y estereotipos.
 
La legisladora ecologista resaltó que, a lo largo de los años, el Estado mexicano ha avanzado en su compromiso de reconocer, respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este proceso ha incluido la suscripción de acuerdos y tratados internacionales, los cuales han obligado al país a implementar medidas específicas para garantizar dichos derechos, creando, entre otras cosas, un sistema jurídico de protección.
Refirió las diversas reformas realizadas a la Constitución Política en la materia, así como la promulgación, en 2014, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y refuerza los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el ejercicio de los derechos humanos, en concordancia con lo establecido en la Constitución.
 
No obstante, comentó que a pesar de los esfuerzos legislativos que se han hecho en el país y las políticas públicas orientadas a proteger a los menores, las cifras de violencia sexual siguen siendo alarmantes y las respuestas del sistema judicial y de seguridad no siempre son suficientes ni efectivas. 
 
Señaló que, según el Sistema de Información de la Fiscalía General de la República (FGR), en 2022 se reportaron más de 11 mil casos de abuso sexual infantil en el país, aunque expertos aseguran que sólo una fracción de estos casos son denunciados debido al miedo, la vergüenza y la falta de confianza en el sistema judicial. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que 70 por ciento de los casos de abuso sexual no se denuncian, lo cual refleja la magnitud oculta de este problema. 
 
Ante ello propuso modificar los artículos 109 y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que "es necesario contar con un marco legal que sea más riguroso, adecuado a las necesidades actuales y que garantice una protección real y efectiva a las niñas, niños y adolescentes, adaptándose a las recomendaciones internacionales y a los principios constitucionales que sustentan los derechos de los menores". 
 
Añadió que es fundamental exigir el cumplimiento de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y tomar medidas efectivas para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia y abuso sexual en su contra. "Es necesario avanzar en la implementación de acciones que aseguren el respeto al interés superior de la infancia y adolescencia", remarcó.