- Propone penas que van de los siete a los doce años de prisión y multas de hasta dos mil quinientos días para quienes incorporen a personas a organizaciones delictivas
Con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia organizada en nuestro país, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, propuso reformar el Código Penal Federal para tipificar como delito el reclutamiento criminal, con penas que van de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil quinientos días multa para quienes incorporen, de manera voluntaria o involuntaria, a personas a pandillas u organizaciones delictivas.
Núñez Aguilar explicó que el impacto de la delincuencia organizada afecta gravemente la economía, la seguridad pública y el tejido social del país, generando miedo y desconfianza entre los ciudadanos. Este ambiente hostil puede incluso obstaculizar el desarrollo económico y político de distintas regiones del país.
Asimismo, apuntó que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los grupos criminales suelen operar como estructuras organizadas, integradas por tres o más personas que buscan obtener beneficios económicos mediante actividades ilegales. Muchos de estos delitos, como el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y la trata de personas, se han convertido en verdaderos modelos de negocio para dichas organizaciones.
“Ante este panorama, los grupos delictivos se esfuerzan por expandir su presencia territorial, aumentar sus ingresos y fortalecer su control. Para lograrlo, recurren al reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad, incluidas menores de edad, personas adultas mayores o personas sin capacidad de comprender o resistir. Esto les permite mantener su operatividad sin enfrentar mayores consecuencias legales, ya que actualmente esta práctica no está tipificada como delito”, explicó el legislador.
Abundó que el reclutamiento criminal, a diferencia del secuestro, implica incorporar personas a una estructura delictiva con fines específicos. A pesar de ser una práctica ampliamente conocida y utilizada por los grupos delictivos, no existen consecuencias penales directas por llevarla a cabo, lo que genera un vacío legal aprovechado por las organizaciones criminales.
Por lo anterior, la iniciativa plantea no solo establecer el delito de reclutamiento criminal, sino también endurecer las penas cuando las víctimas sean menores de edad, personas mayores de sesenta años o individuos que no puedan comprender o resistir el hecho delictivo. Con esto, se pretende proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y debilitar una de las principales estrategias de expansión del crimen organizado.
