*Tan sólo en la Ciudad de México, más de 300 mujeres han sido violadas en completo estado de narcosis y muy pocos casos se denuncian porque hay una revictimización al momento de exigir justicia
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, a nombre de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, propuso una iniciativa para elevar las penas de cárcel hasta en una mitad, a quienes hagan uso de fármacos o drogas para anular la voluntad de una persona en delitos de violencia contra las mujeres, abuso sexual e incesto.
De acuerdo con la diputada ecologista, el objetivo de esta propuesta, en materia de sumisión química, es incrementar las sanciones de cárcel cuando en la comisión del delito se utilicen sustancias químicas para apoderarse de la voluntad de las personas, se cometa en contra de su voluntad o sin su conocimiento ya que estas prácticas delictivas no están consideradas en el Código Penal Federal y hay una laguna legal ante una realidad que está en crecimiento.
Los expertos definen a la sumisión química como “el uso de una sustancia psicoactiva con fines delictivos de forma que se pueda manipular la voluntad de las personas o modificar su comportamiento”
La propuesta de la diputada Fernández Cruz para reformar diversos artículos del Código Penal Federal, considera imprescindible abordar esta situación desde el plano legislativo a fin de contar con un marco jurídico que establezca consecuencias legales a este tipo de conductas.
Señala que “muchas víctimas a las que se les ha suministrado alguna sustancia para anular su voluntad, despiertan sin saber qué les sucedió, descubren detalles en sus espacios que delatan que alguien había estado con ellas; son sus cuerpos los que tienen la huella y sus pocos recuerdos de lo que bebían o comían y que en un instante les hizo perder la voluntad y la conciencia”.
A nivel nacional, diversas organizaciones civiles apuntan que tan sólo en la Ciudad de México, más de 300 mujeres han sido violadas en completo estado de narcosis y muy pocos casos han sido denunciados y cuando esto ocurre, el acceso a la justicia de las mujeres se ve obstaculizado, debido a que existe una revictimización, pues al no existir un protocolo de atención, las autoridades señalan que la mujer accedió a consumir alcohol o drogas voluntariamente antes de la agresión sexual.
Fernández Cruz resaltó que, en nuestra legislación, el uso de estas sustancias químicas o naturales para manipular la voluntad de las personas o modificar su comportamiento no se prevé como circunstancia agravante, por ello es necesario realizar un análisis de la legislación vigente y adicionar como agravante la sumisión por sustancias químicas o naturales y sancionar de mejor manera los delitos que éstas facilitan.
