Con la venia de la presidencia.
Para hablar de un verdadero Estado de Derecho necesariamente tenemos que hablar de la separación de poderes y la existencia de contrapesos que de alguna manera eviten abusos de los otros poderes del Estado.
En una sociedad democrática, la desconcentración de funciones con el fin de que cada Poder tenga una misión específica de control, sirve como eje rector para trazar un sistema de justicia social con estricto apego y respeto a los derechos humanos de todos sus integrantes. El contar con un Sistema de Justicia independiente es el fundamento más básico y elemental de su protección y cumplimiento, así como el de la seguridad personal y jurídica de todos los mexicanos.
La reforma constitucional integral al Poder Judicial de la Federación que hoy se discute, viene precisamente a reforzar esta independencia tan necesaria, haciendo que con las modificaciones se toquen aspectos relevantes en nuestro sistema de justicia.
Los cambios propuestos generan un nuevo paradigma en cuanto a modernidad, especialización, capacitación y sobre todo cercanía a las personas.
Entre las bondades de la reforma, destaco el impulso en la capacitación y profesionalización del personal a través de la creación de una Escuela Judicial, cuya responsabilidad será velar por la especialización y la carrera judicial de los integrantes del Poder Judicial de la Federación en su totalidad.
En el mismo sentido, se da la posibilidad de contar con una regulación secundaria específica y actualizada, sobre el ingreso, formación, permanencia y remoción del personal de la carrera judicial y no solamente de los jueces y magistrados, con una serie de disposiciones que permiten transitar hacia una verdadera carrera judicial basada en el mérito.
Lo anterior no solamente permitirá que las personas reciban sentencias de una mejor calidad sino que también se busca combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso, dotando al Consejo de la Judicatura Federal de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra aquellos que sean señalados de incurrir en estas prácticas, incluso antes de concluir las investigaciones.
Esta reforma, se adecua a la realidad que estamos viviendo al establecer el principio de paridad de género como una política pública, principio y regla y sobre todo al fortalecer la figura de la defensoría de oficio.
Gracias a esta propuesta la gente de escasos recursos podrá tener acceso a una defensa con la seguridad de que sus asuntos llegarán a las instancias federales y serán resueltos con estricto apego a las normas.
En suma, en el Partido Verde reconocemos y celebramos los acuerdos institucionales entre el Poder Ejecutivo Federal, Poder Judicial y ahora el Legislativo para dotar a la sociedad de una reforma amplia que permitirá mejorar el camino hacia una mejor justicia, con pleno respeto a la división de poderes.
Confiamos que su aprobación traerá lo que tanto anhelamos, un México mucho más justo.
Es cuanto.
