Quienes ocupamos cargos públicos debemos tener conciencia plena de nuestro deber ante quienes habremos de rendir cuentas, es decir; a las y los ciudadanos Mexicanos.
Todos los Servidores Públicos estamos condicionados a no cometer actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, en el desempeño de nuestros empleos, cargos o comisiones.
En este contexto, para evitar abusos de poder los altos funcionarios públicos, se encuentran sujetos jurídicamente desde nuestra Constitución Política a la posibilidad de responder a un juicio político en caso de incurrir en acciones que lesionen los intereses públicos, como lo son los actos de corrupción o cualquiera de los señalados en la ley.
Para lograr que los procesos de juicio político se lleven a cabo, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos establece las actividades de la llamada sección instructora, a efecto de determinar la existencia o no de un delito y la probable responsabilidad del imputado, y así determinar al final de las diligencias si se procede o no en contra del inculpado.
En este caso, el dictamen que analizamos indica la necesidad de aumentar de 4 a 5 miembros el número de integrantes de la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores, ello con la intención de evitar posibles empates o resoluciones dictadas por un número muy reducido de legisladores.
Modificar la cantidad de integrantes a una cifra impar permitirá agilizar la toma de decisiones de la Sección Instructora, al definirse de manera más rápida y clara el proceso de votación de los dictámenes al interior de dicho órgano.
De esta forma, la ciudadanía tendrá total certeza de que el procedimiento se ejercerá con plena ecuanimidad, neutralidad y objetividad para decidir si se procede o no penal o administrativamente en contra de funcionarios públicos señalados como probables responsables de cometer actos contrarios a los intereses de la sociedad Mexicana.
En el Partido Verde consideramos que esta medida permitirá avanzar en la recuperación de la confianza de la ciudadanía hacia el procedimiento legislativo que posibilita la investigación de servidores públicos involucrados en acciones ilícitas, por lo que votaremos a favor del dictamen, pues con ello; seguiremos sumando esfuerzos para combatir la corrupción, ningún funcionario debe estar por encima de la ley, y quien comente un ilícito o falta administrativa debe ser sancionado con todo el peso de la Ley aplicable!
Es cuanto.
