- Esta legislación brinda protección real a las víctimas y fortalece las denuncias, afirman legisladores.
- 96% de las extorsiones no se denuncian y las pérdidas superarán los 21 mil millones de pesos.
Senadoras y senadores del Partido Verde en la Cámara Alta respaldaron la aprobación del dictamen que fortalece la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, al destacar que esta legislación es urgente debido al aumento de este delito, que afecta diariamente a miles de familias, negocios y comunidades del país.
En ese sentido, la senadora Karen Castrejón Trujillo, vicecoordinadora de la bancada ecologista, destacó la importancia de la aprobación de este dictamen que recoge decenas de propuestas del Partido Verde, del Ejecutivo federal y de otros grupos parlamentarios, lo que representa un avance indispensable para atender una preocupación nacional.
Por su parte, el legislador Luis Alfonso Silva Romo subrayó que la extorsión se ha convertido en una amenaza cotidiana, al recordar que él mismo, su familia y su equipo de trabajo han recibido llamadas falsas con fines delictivos.
Asimismo, destacó cuatro beneficios de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión: la protección a víctimas, la disuasión de la conducta criminal mediante penas más severas, la homologación jurídica en todas las entidades y mejores mecanismos de restitución del daño.
La senadora Rocío Corona Nakamura indicó que de acuerdo con datos del INEGI, el 96 por ciento de las extorsiones telefónicas no se denuncian, y una de cada dos empresas ha sido víctima de este delito, con pérdidas que superan los 21 mil millones de pesos en 2025.
Dijo que, en lo que va de 2024, se han identificado 2 mil 400 números telefónicos usados para cometer este delito, y 12 prisiones del país concentran el 56 por ciento de estas líneas, lo que requiere de la atención urgente por parte de las autoridades.
El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, resaltó la importancia de este dictamen porque fortalece las denuncias anónimas mediante el 089, así como la creación del Centro Nacional de Atención a Denuncias y el bloqueo obligatorio de llamadas desde penales, donde, aseguró, se gestan numerosas extorsiones.
La senadora Maki Ortiz Domínguez dijo que la extorsión se ha convertido en una amenaza directa contra la paz de las familias y la supervivencia de miles de negocios en México, y afirmó que este problema se agrava en Tamaulipas donde en el primer semestre de 2025 las extorsiones aumentaron 148 por ciento, afectando desde comercios y transporte hasta pequeños puestos ambulantes.
Finalmente, recordó que en 2024 la extorsión fue el tercer delito más frecuente, con pérdidas superiores a 200 mil millones de pesos para empresas y un subregistro crítico, ya que solo se denuncia 1 por ciento de los casos.
