- La Secretaría de las Mujeres del Estado de Morelos, como instancia rectora en la materia, debe fortalecer de manera urgente sus estrategias, ampliar su alcance territorial y consolidar políticas públicas integrales con enfoque preventivo de atención inmediata y de erradicación de la violencia.
Ante el incremento y gravedad de los feminicidios recientes en Morelos, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de las Mujeres del estado de Morelos, a fortalecer, implementar y evaluar acciones y políticas públicas efectivas para prevenir, atender, disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres, así como a rendir un informe detallado sobre los resultados obtenidos.
La senadora destacó que en lo que va del 2026, la entidad ha sido escenario de casos alarmantes de feminicidio, detalló que hasta agosto de este año se han contabilizado al menos 21 feminicidios en el estado, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cifra a la cual debe sumarse el reciente caso ocurrido en septiembre, el feminicidio de la estudiante de origen español, y también estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Insistió en que estos datos no deben ser minimizados, ya que cada caso representa una falla del Estado en su deber de proteger la vida, la integridad y los derechos de las mujeres, además de que evidencian la necesidad de reforzar las políticas públicas, los mecanismos de prevención, así como las estrategias de atención y sanción de la violencia de género.
Añadió que resulta grave que continúen presentándose conductas de agresión y violencia en espacios públicos, lo que refleja la persistencia de la violencia feminicida y también deficiencias en los protocolos de búsqueda, en la coordinación interinstitucional y en las estrategias de prevención.
Por otra parte, señaló que la Secretaría de las Mujeres del Estado de Morelos, como instancia rectora en la materia, debe fortalecer de manera urgente sus estrategias, ampliar su alcance territorial y consolidar políticas públicas integrales con enfoque preventivo de atención inmediata y de erradicación de la violencia.
Además, subrayó que es indispensable que dicha Secretaría rinda cuentas claras sobre las acciones emprendidas, los recursos destinados y los resultados alcanzados, a fin de garantizar transparencia y mejorar la eficacia de las políticas implementadas.
Destacó que resulta imperativo que tanto las autoridades estatales como federales, particularmente la Secretaría de Gobernación, fortalezcan los mecanismos de supervisión y acompañamiento técnico de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), a fin de asegurar resultados medibles en la reducción de la violencia contra las mujeres en dicha entidad.
- Propuso la creación del Diagnóstico Nacional de Eficiencia Física y Recuperación de Volúmenes de agua.
- También establece un plan de gestión eficiente y reúso del agua para proyectos productivos con alta demanda hídrica.
Con la finalidad de garantizar la seguridad hídrica en nuestro país, así como atender el derecho humano al agua, la seguridad alimentaria, la continuidad de las actividades productivas, la protección de los ecosistemas y la capacidad del país para atraer y consolidar nuevas inversiones, el senador Carlos Humberto Suárez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de seguridad hídrica, eficiencia hídrica para las actividades productivas, reúso, recuperación de volúmenes y gestión integrada de cuencas transfronterizas.
Aseguró que la escasez de agua no significa que el agua no exista, significa que a menudo se pierde por fugas, por infraestructura deteriorada, por falta de almacenamiento, por deficiencias en la medición o por una gestión ineficiente del recurso.
Por ello, propuso la creación del Diagnóstico Nacional de Eficiencia Física y Recuperación de Volúmenes de Agua, que buscará identificar dónde se encuentran las principales pérdidas, qué infraestructura requiere rehabilitación y cuánto volumen puede recuperarse, “cada fuga reparada, cada canal modernizado y cada sistema rehabilitado representa agua que vuelve a estar disponible para las familias, el campo, la industria y los ecosistemas”, expresó.
También explicó que se busca utilizar el agua con mayor eficiencia, por lo que su iniciativa establece un plan de gestión eficiente y reúso del agua para proyectos productivos con alta demanda hídrica, promoviendo la eficiencia, la recirculación, el tratamiento y el reúso. Aseguró que no se trata de imponer cargas burocráticas, se trata de impulsar una cultura de responsabilidad, innovación y aprovechamiento eficiente del agua.
Agregó que su propuesta fortalece las acciones para promover el tratamiento, el reúso y la circulación del agua donde sea técnica, económica y ambientalmente viable. También reconoce que no basta con tratar el agua, se requiere infraestructura para almacenarla, conducirla y aprovecharla oportunamente.
Explicó que esta reforma no crea nuevos derechos de agua, ni modifica el régimen vigente de concesiones y asignaciones, no altera la prioridad del uso doméstico y público o urbano, ni afecta la seguridad alimentaria o la protección de los ecosistemas, además, mantiene plenamente los compromisos internacionales de México en materia de cuencas transfronterizas, pero busca “administrar mejor, medir mejor, recuperar más, reutilizar más, planear mejor, porque una fuga reparada es agua recuperada”.
Agregó que su propuesta incluye, entre otras cosas, el concepto de “disponibilidad efectiva”, entendido como un indicador técnico de gestión y planeación que permite determinar qué cantidad de agua, atendiendo a su disponibilidad física, calidad, infraestructura de captación, almacenamiento, conducción, distribución, tratamiento, reúso y demás condiciones técnicas y operativas, puede ser utilizada de manera sostenible para los usos previstos en la Ley.
- “Una entidad que busca atraer inversiones y expandir su capacidad productiva necesita servicios públicos capaces de acompañar ese desarrollo, y el agua es uno de los más determinantes”: Carlos Humberto Suárez.
El senador Carlos Humberto Suárez Flores, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Agua para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027 se fortalezcan los recursos destinados a la seguridad hídrica de Nuevo León, priorizando la infraestructura, la rehabilitación, la eficiencia, la recuperación de volúmenes, el saneamiento, el reúso, la conservación de las fuentes de abastecimiento y la resiliencia ante sequías e inundaciones.
Explicó que el Programa Nacional Hídrico 2026-2030 reconoce la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura hidráulica del país, tanto mediante nuevas obras como a través de la rehabilitación de las existentes. Plantea además el uso de mecanismos de financiamiento federal y la coordinación con gobiernos estatales y municipales para desarrollar proyectos estratégicos, incluyendo instrumentos como el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) y la inversión federal directa.
Aseguró que esta orientación es especialmente relevante para Nuevo León, ya que se trata de uno de los principales motores económicos de México. Su actividad industrial, manufacturera, logística y de servicios forma parte de cadenas productivas nacionales e internacionales. A ello se suma el proceso de relocalización de inversiones, que ha ampliado las oportunidades de crecimiento y empleo en la región norte del país.
Ante este panorama, afirmó que “el crecimiento económico requiere infraestructura confiable”, y añadió que “una entidad que busca atraer inversiones y expandir su capacidad productiva necesita servicios públicos capaces de acompañar ese desarrollo, y el agua es uno de los más determinantes”.
Agregó que la reducción de pérdidas debe ser un eje central de la estrategia hídrica de Nuevo León, por lo que la política presupuestaria federal debe respaldar este enfoque. No basta con financiar nuevas obras; es indispensable invertir en la infraestructura existente, que constituye un patrimonio hidráulico fundamental.
Además destacó que la entidad enfrenta los efectos de la variabilidad climática: lluvias extraordinarias, inundaciones y lapsos prolongados de escasez, por lo que cualquier política seria de seguridad hídrica debe incorporar de manera explícita el principio de resiliencia.
Por ello, afirmó que la infraestructura hidráulica debe estar preparada para condiciones climáticas más extremas, lo que, aseguró, implica robustecer los sistemas de abastecimiento, ampliar la capacidad de almacenamiento y conducción, modernizar el drenaje y las obras de control de avenidas, proteger las zonas de recarga y conservación, e integrar soluciones basadas en la naturaleza junto con mecanismos de gestión que permitan reaccionar con rapidez ante contingencias.
Finalmente, recalcó que el objetivo de su propuesta es que, durante el análisis y aprobación del Presupuesto, se reconozca la seguridad hídrica de Nuevo León como una prioridad estratégica y se fortalezcan los recursos federales destinados a atenderla, esto debido a que se trata de una entidad cuya relevancia económica y demográfica exige una atención proporcional a la magnitud de sus necesidades.