- Una mayor integración digital beneficiaría tanto a las autoridades como a los operadores de comercio exterior al reducir tiempos de gestión, mejorar la calidad y trazabilidad de la información y fortalecer las capacidades de análisis de riesgo
El senador Carlos Humberto Suárez Flores, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades competentes a fortalecer la infraestructura digital aduanera, garantizar la continuidad y seguridad de los servicios tecnológicos y consolidar la interoperabilidad del comercio exterior.
El senador explicó que las aduanas no son únicamente puntos de entrada y salida de mercancías, sino una infraestructura estratégica del Estado para garantizar la seguridad de las operaciones, la recaudación, el cumplimiento de las disposiciones aplicables y la facilitación del comercio legítimo, además de que su funcionamiento incide en los tiempos de despacho, los costos logísticos, la movilidad de mercancías y la competitividad de las empresas.
Agregó que una administración aduanera eficaz permite fortalecer el control de las operaciones y generar mayor certeza y previsibilidad para quienes participan en el comercio exterior, explicó que una falla tecnológica, una interrupción en la transmisión de información o una deficiencia en el procesamiento de datos en una aduana puede generar retrasos, costos adicionales, afectaciones a inventarios y pérdida de previsibilidad en las operaciones comerciales.
Por ello, recalcó que la infraestructura tecnológica requiere una atención equivalente a la infraestructura física, y apuntó que los sistemas que sustentan las operaciones de comercio exterior deben contar con condiciones adecuadas de disponibilidad, seguridad, interoperabilidad y continuidad operativa.
Agregó que es necesario fortalecer su capacidad de procesamiento, escalabilidad y respuesta ante incrementos de demanda, así como establecer mecanismos de contingencia que permitan prevenir y atender episodios de intermitencia, saturación o indisponibilidad de los servicios digitales que soportan el despacho aduanero.
Señaló que también se debe fortalecer la ciberseguridad, ya que las plataformas de comercio exterior procesan información fiscal, comercial, logística y administrativa cuya integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad son indispensables tanto para las autoridades como para los usuarios.
El legislador señaló que “el reto legislativo y administrativo no consiste en crear una nueva obligación de expediente electrónico, sino en favorecer que la información que ya debe integrarse conforme a la Ley Aduanera pueda aprovecharse de manera articulada con las demás plataformas institucionales”.
Finalmente, recalcó que una mayor integración digital beneficiaría tanto a las autoridades como a los operadores de comercio exterior al reducir tiempos de gestión, mejorar la calidad y trazabilidad de la información y fortalecer las capacidades de análisis de riesgo.
· Resulta indispensable que las autoridades e integrantes de las Mesas de Paz que operan en Morelos fortalezcan acciones, con especial énfasis en aquellos municipios que registran mayores niveles de violencia feminicida.
La senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades integrantes de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en el Estado de Morelos a fortalecer las acciones coordinadas para la disminución del delito de feminicidio, principalmente en estudiantes de la entidad.
Explicó que el estado de Morelos enfrenta una grave problemática en materia de violencia e inseguridad, particularmente en feminicidios, lo que ha generado preocupación social, percepción de inseguridad y una afectación directa a la tranquilidad de las familias de la entidad.
Detalló que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el mes de agosto de 2026, ya se han contabilizado al menos 21 feminicidios en el estado.
Aseguró que la persistencia de estos índices delictivos demuestra que resulta indispensable redoblar esfuerzos institucionales y consolidar acciones coordinadas entre los distintos órdenes de gobierno.
Explicó que las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad son un mecanismo fundamental para la coordinación estratégica entre las autoridades federales, estatales y municipales, al congregar a las instituciones responsables de la seguridad pública, la procuración de justicia, las fuerzas armadas y la prevención del delito.
Por ello, insistió en que resulta indispensable que las autoridades e integrantes de las Mesas de Paz que operan en Morelos fortalezcan, de manera inmediata y dentro del ámbito de sus competencias, las acciones operativas, de inteligencia, investigación, prevención y atención de las causas que generan violencia, con especial énfasis en aquellos municipios que registran mayores niveles de violencia feminicida.
Agregó que es necesario fortalecer la evaluación periódica de resultados, la coordinación entre las distintas corporaciones e instituciones, los mecanismos de control y depuración institucional, el combate a la impunidad y el diseño de estrategias focalizadas que permitan atender los factores de riesgo y reducir la incidencia de feminicidios en la entidad.
Finalmente, recalcó que no se puede permitir que la violencia contra las mujeres se convierta en una realidad cotidiana frente a la cual las instituciones permanezcan indiferentes, “cada feminicidio representa una vida que se pierde y una deuda que las instituciones tenemos con las víctimas, sus familias y con toda la sociedad”, subrayó.
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, la senadora Rocío Corona Nakamura explicó que esta celebración permite a gobiernos, sociedad y sector salud analizar las condiciones en que una persona puede recibir atención, conservar su autonomía y participar en la vida social cuando enfrenta un trastorno mental.
Explicó que la salud mental comprende capacidades que intervienen en el aprendizaje, el trabajo y las relaciones cotidianas, y que su protección depende de circunstancias personales y de las condiciones del entorno.
Agregó que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pobreza y la exposición a la violencia están entre los factores que aumentan el riesgo de presentar afecciones de salud mental, y de acuerdo con esta organización, alrededor de mil 200 millones de personas vivían con un trastorno mental en 2023, aproximadamente una de cada siete en el mundo, y advierte que, pese a la existencia de tratamientos eficaces, la mayoría de las personas afectadas carece de acceso a una atención eficaz.
Dijo que según el INEGI, en junio de 2025 en nuestro país, el 22.5 por ciento de las personas de 12 años y más presentó indicios de ansiedad, y el 12.6 por ciento, de depresión. Entre las mujeres, las proporciones fueron de 26.7 por ciento y 16.0 por ciento, respectivamente; entre los hombres, de 17.6 y 8.7 por ciento.
En cuanto a la edad, la senadora explicó que según la OMS, uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años presenta algún trastorno mental; la violencia sexual y el acoso escolar figuran entre los riesgos conocidos, mientras que la discriminación puede dificultar la búsqueda de ayuda.
Recordó que en México se ha avanzado en materia legal para atender esta problemática, en mayo de 2022 fue publicada la reforma a la Ley General de Salud donde se incorporó un enfoque comunitario y de derechos humanos; particularmente en el artículo 72 se establece el carácter prioritario de la salud mental y el acceso universal, igualitario y equitativo a su atención.
Agregó que el Gobierno de México puso en marcha, al inicio del ciclo escolar 2026-2027, la estrategia nacional “El ABC de las emociones”, dirigido a estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato, que incorpora una hora semanal de actividades socioemocionales, junto con orientaciones para docentes y familias. Afirmó que acciones como esta fortalecen la presencia de la salud mental en la formación de adolescentes y abren una vía de colaboración entre la escuela y el hogar.
Finalmente, afirmó que para el Senado, la salud mental constituye una materia de legislación sanitaria y de seguimiento a la actuación de las autoridades federales, además de que la revisión de las normas y de su aplicación permite examinar si los procedimientos facilitan la atención y protegen los derechos de quienes la reciben.
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