- Aseguró que dulces y juguetes en forma de cigarrillos son inofensivos y no representan una amenaza, pero son detonantes y una vía temprana de acercamiento y familiarización de los menores de edad con el cigarro.
Con el objetivo de proteger a la población infantil y a los futuros adultos del tabaquismo y sus consecuencias en la salud, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para prohibir en nuestro país la fabricación, comercio, distribución o venta de juguetes y dulces con aspecto similar o réplica a productos del tabaco.
Agregó que con esta iniciativa que propone adicionar una fracción IV al artículo 17 de la Ley General para el Control del Tabaco, se busca coadyuvar en la lucha frontal contra el tabaquismo y sus efectos en la salud pública.
La senadora lamentó que los niños y adolescentes en nuestro país son, a menudo, “presa de toda una maquinaria comercial, propagandística, tecnológica y social, que los han convertido en objetivo primordial de productos adictivos, como el alcohol y el tabaco”, y aseguró que, al enganchar a un niño o adolescente, no solo se garantiza el consumo de estas substancias o productos durante esa etapa, sino también durante la edad adulta; garantizando con ello el consumo permanente y por décadas.
La senadora aseguró que los juguetes y dulces con forma de cigarrillos o pipas, se encuentran disponibles a muy bajo costo, además de que se pueden comprar en cualquier esquina, tienda o mercado de nuestro país, pero que, aunque su intención es que los niños se diviertan y en apariencia son inofensivos y no representan una amenaza, en realidad son detonantes y una vía temprana de acercamiento y familiarización de los menores de edad con el cigarro.
"Esos juguetes o dulces son el medio de iniciación socialmente aceptado y tolerado por el cual nuestros menores tienen contacto con el cigarro, adicional al acercamiento que la misma familia, la sociedad en general y los medios de comunicación y de publicidad ofrecen", declaró la senadora Corona Nakamura.
Detalló que de acuerdo con datos de la UNAM, el grupo más vulnerable al tabaquismo entre nuestra población son los jóvenes de 12 a 15 años de edad, además de que la edad promedio en nuestro país para iniciar a fumar es a los 13 años, lo cual, aseguró, es sumamente peligroso ya que a esa edad el aparato respiratorio es aún inmaduro para resistir los tóxicos del tabaco, además de que el sistema nervioso central concluye su maduración alrededor de los 21 años, por lo que las afectaciones por fumar son mayores y con peores consecuencias en la edad adulta.
Finalmente, hizo énfasis en que esta situación u omisión de permitir la disposición de juguetes o dulces con forma de cigarro a nuestra población infantil, indudablemente la debemos de detener, afirmó que no se puede seguir permitiendo, tolerando ni solapando, por lo que insistió en que “necesitamos proteger a toda nuestra población infantil de todas las vertientes o escenarios que los acerquen de una u otra forma con el cigarro”.
- Se busca eliminar el límite de 12 años para castigar delitos ambientales y asegurar justicia incluso décadas después del daño causado.
- Tras nueve años del derrame tóxico de Grupo México en río Sonora, aún persiste la contaminación; limitar su persecución representa una grave omisión del Estado.
Para frenar la impunidad en los crímenes contra el medio ambiente, senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa de reforma constitucional para establecer la imprescriptibilidad de los delitos ambientales, con el objetivo de garantizar que los responsables de ecocidios enfrenten la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que se cometieron los daños.
A nombre de la bancada ecologista, la senadora Maki Ortiz Domínguez comentó que su propuesta reforma el párrafo sexto del artículo 4º constitucional para eliminar el plazo actual de prescripción de 12 años, al reconocer que los efectos de los crímenes ambientales pueden manifestarse décadas después, por lo que limitar su persecución representa una grave omisión del Estado.
La legisladora recordó el caso del derrame tóxico de Grupo México en el Río Sonora, donde nueve años después aún persiste la presencia de contaminación en agua, aire, flora y fauna, lo que demuestra que los daños ambientales no prescriben con el tiempo.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2012 y 2023 se registraron 15 mil 749 delitos ambientales, concentrados en estados como Quintana Roo, Chiapas y el Estado de México.
La senadora comentó que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado que más del 70 por ciento de los delitos no se denuncian, lo que evidencia una cifra negra alarmante y la urgente necesidad de brindar respaldo institucional a la ciudadanía para proteger su entorno.
“A pesar de estos datos, muchos delitos quedan impunes debido a la falta de denuncias, vacíos legales y plazos restrictivos, lo que ha dejado la mayoría de los casos impunes”, alertó Ortiz Domínguez.
Asimismo, señaló que países como Ecuador y Brasil ya reconocen la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, como un derecho humano fundamental, imprescriptible e intergeneracional.
“Esta reforma es un paso firme hacia la reparación real del daño y la protección efectiva de los derechos ambientales de las presentes y futuras generaciones”, concluyó la senadora ecologista.
- Reconoce avances importantes del Gobierno Federal en combate al crimen y modernización de instituciones.
- Destaca reducción de homicidios en 24 entidades y el despliegue de 133 mil elementos como resultados tangibles de la nueva estrategia
El Partido Verde en el Senado de la República votó a favor de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que representa un viraje claro hacia un modelo más eficaz, tecnológico y coordinado para combatir la inseguridad en el país.
La bancada ecologista aseguró que es el fin de la política de “abrazos y no balazos” y destacó los cuatro ejes que dan sustento a la nueva estrategia: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y una coordinación absoluta entre autoridades.
Desde tribuna, el senador Luis Armando Melgar, señaló que la seguridad pública no es un concepto abstracto, es la vida de las familias mexicanas, y no puede usarse como moneda de cambio con tintes políticos.
Asimismo, reiteró que esta estrategia representa una oportunidad real de construir un México con paz, justicia y seguridad. “Es tiempo de unidad y responsabilidad. Desde el Senado, refrendamos nuestro compromiso con el bienestar del pueblo de México”, indicó.
La senadora Juanita Guerra Mena enfatizó que la estrategia representa un modelo integral, técnico y con visión de Estado para recuperar la paz y fortalecer las instituciones del país.
“La seguridad no es un discurso, es una responsabilidad compartida. Este Senado, como casa del federalismo, debe ser un instrumento eficaz para garantizar que las entidades federativas tengan bienestar, seguridad, paz y justicia”, sostuvo la legisladora.
Guerra Mena destacó los avances obtenidos en los primeros seis meses de implementación: más de 133 mil elementos desplegados de la Guardia Nacional, más de 18 mil personas detenidas por delitos de alto impacto, 839 laboratorios clandestinos desmantelados, 9,600 armas aseguradas y 144 toneladas de drogas incautadas.
Además, reconoció la creación del nuevo Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación como un paso clave para modernizar el combate al crimen y erradicar la impunidad.
Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín llamó a dejar de tratar la seguridad como un concepto abstracto o una estrategia de campaña. “La seguridad no se gana con discursos ni con votos, se construye con acciones, coordinación y decisión política”, subrayó.
El legislador señaló que el peor error en cualquier estrategia de seguridad es convertirla en moneda de cambio electoral. “No se puede hacer o dejar de hacer por conveniencia política. La inseguridad toca vidas todos los días, y la única forma de combatirla es atender las causas reales: salud mental, violencia doméstica, pérdida de valores y desintegración familiar”, sostuvo.
Por ello, celebró esta estrategia nacional de seguridad porque atiende diversas causas, desde el tema de la salud mental y cultural, no sólo desde el punto de vista económico. Además, cuenta con una fuerza policial militarizada de 133 mil elementos.
Finalmente, Ramírez Marín reiteró que la seguridad debe dejar de ser un tema partidista y convertirse en una causa nacional. “La gente lo sabe, lo vive y lo reconoce. Hoy, los avances son reales y debemos seguir por ese camino, sin simulaciones ni cálculos políticos”, concluyó.
