- Este problema se ha agravado en estados costeros como Baja California Sur, Jalisco y Veracruz.
- El mercado mundial de arena y grava genera aproximadamente 57 mil millones de euros al año, de los cuales una porción considerable proviene del mercado negro.
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, hizo un llamado urgente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que informen sobre el estado actual de las concesiones otorgadas para la extracción de arena y respondan a las denuncias de explotación ilegal de dicho material, debido a que este problema amenaza la biodiversidad y la seguridad de las comunidades costeras.
Asimismo, subrayó la importancia de investigar estas denuncias, que han aumentado en playas de estados costeros como Baja California Sur, Jalisco y Veracruz, donde la población local ha expresado su preocupación por el incremento de la extracción clandestina de arena sin los permisos correspondientes.
Ortiz Domínguez explicó que este problema está directamente relacionado con la creciente demanda mundial de arena, impulsada por la construcción masiva y la urbanización acelerada.
La senadora dijo que el mercado mundial de arena y grava genera aproximadamente 57 mil millones de euros al año, de los cuales una porción considerable proviene del mercado negro, impulsado en parte por mafias en países como India.
La también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático explicó que "la arena no es solo un recurso natural; es el fundamento de la biodiversidad costera y una barrera natural que protege nuestras costas de fenómenos como las mareas de tempestad y el aumento del nivel del mar."
"La explotación de arena es un problema real y de alcance mundial que debemos atender con el fin de evitar daños irreparables en nuestros ecosistemas. Por ello, solicitamos a las autoridades a garantizar una supervisión estricta de las concesiones y asegurar el cumplimiento de la ley", concluyó la senadora del Partido Verde.
- México debe ser un ejemplo de respeto y protección de los derechos humanos, y con esta iniciativa avanzamos hacia una política migratoria más humana y eficiente.
El Partido Verde en el Senado de la República presentó una iniciativa que reforma la Ley de Migración con el objetivo de proteger los derechos humanos en las estaciones migratorias del país, con especial atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes.
La senadora Juanita Guerra Mena dijo que su propuesta busca dignificar el trato hacia los migrantes y transformar las estaciones migratorias en espacios donde se respeten los derechos humanos. "Nuestro país debe ser un ejemplo de respeto y protección de los derechos humanos, y con esta reforma avanzamos hacia una política migratoria más humana y eficiente", añadió. “Nuestro país debe ser un ejemplo de respeto y protección de los derechos humanos, y con esta reforma avanzamos hacia una política migratoria más humana y eficiente”, añadió.
Además, propone la creación de la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las Estaciones Migratorias, la cual será responsable de verificar el cumplimiento de la ley en estas instalaciones, y operará bajo los lineamientos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y reducir las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan durante su retención.
Según datos de la organización "Sin Fronteras", los períodos de detención pueden extenderse hasta 60 días o más, generando un grave impacto en la salud mental de los migrantes. "Estas cifras evidencian la situación crítica que enfrentan las personas desplazadas y la violación de sus derechos fundamentales, por lo que es necesaria una intervención inmediata", comentó la senadora Guerra Mena.
Ante esta situación, la legisladora por Morelos destacó la urgencia de mejorar las condiciones en estos centros, asegurando un trato digno y justo para todos los migrantes, especialmente para los menores de edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, quienes son los más vulnerables a la violencia y la discriminación.
"Con esta iniciativa, el Partido Verde reafirma su compromiso con los derechos humanos y la justicia social, garantizando la dignidad de todas las personas, sin importar su origen o situación migratoria," subrayó la senadora Juanita Guerra.
RESPALDA PARTIDO VERDE REFORMA CONSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR PARA TODOS LOS MEXICANOS
El Partido Verde en el Senado de la República respaldó la reforma a los artículos 4.º y 27 de la Constitución, que amplía y fortalece los programas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables del país, ratifica la continuidad de políticas públicas enfocadas en el bienestar social y establece las bases para reducir las brechas de desigualdad, promoviendo un futuro de seguridad, justicia y oportunidades para todos.
Con ello, se reduce la edad de acceso a la pensión universal de 68 a 65 años, se garantiza, como derecho constitucional, la entrega de apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad permanente y sectores económicos fundamentales como los agricultores y pescadores y pequeños productores, entre otros.
Asimismo, la senadora Juanita Guerra Mena enfatizó que esta medida representa un esfuerzo colectivo y un mandato constitucional para asegurar que los recursos destinados a estos programas aumenten de manera progresiva cada año. Además de que beneficiará a más de 10.3 millones de personas mayores de 65 años, y garantizará la entrega de fertilizantes gratuitos y apoyo económico a campesinos y pescadores de pequeña escala, sectores fundamentales para la economía del país.
La senadora Virginia Magaña puntualizó que los programas impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, ya han demostrado su impacto positivo en el bienestar de la población.
Sin embargo, destacó que esta nueva reforma va un paso más allá al garantizar pensiones no contributivas para mujeres de 65 años y más en situación de pobreza. “En México, la pobreza tiene un rostro femenino, y es nuestra responsabilidad atender esta realidad,” subrayó.
“Esta reforma garantiza la permanencia de los programas que antes llegaban de manera irregular, y nuestro voto es a favor para que tengan continuidad en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos”, declaró la senadora Rocío Corona.
La legisladora Ruth González Silva resaltó que en San Luis Potosí, su estado natal, desde hace tres años el gobierno ha otorgado pensiones a personas mayores de 60 años, beneficiando también a madres solteras y contribuyendo a la infraestructura educativa y carretera en la entidad. “En San Luis Potosí, miles de personas serán beneficiadas bajo este nuevo marco legal, y a nivel nacional, pequeños productores recibirán apoyo anual y fertilizantes gratuitos”, subrayó.
De igual manera, el senador Luis Alfonso Silva dijo que esta medida tiene como objetivo institucionalizar los derechos sociales y blindarlos contra posibles retrocesos. Además, destacó que, durante los 36 años de gobiernos neoliberales, la riqueza se concentró en unas cuántas personas, empobreciendo a la mayoría.
“Ahora, con esta reforma, se da un paso firme hacia un modelo que pone al pueblo en el centro y combate las desigualdades generadas en el pasado. Asimismo, refuerza el compromiso de la administración actual con una economía moral, establecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y respaldada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum”, indicó el legislador.
