Con su venia señora Presidente:
Las mujeres somos sinónimo de seres humanos, fuertes, capaces, exitosas y nos caracterizamos que esto impregnamos en cada una de las acciones que realizamos, pero lamentablemente referirse a la mujer en el ámbito político en nuestro país es hablar también de abuso, de discriminación, así como la persistencia de desigualdades por razón de género; esta agresión hacia nosotras se traduce en una aberración hacia la mujer que afecta e impide el avance en muchas áreas, sí en muchas áreas, porque aún y cuando estamos hablando de violencia política también no nos permite avanzar para erradicar la pobreza, para construir la paz, y la seguridad que necesitamos todas y todos.
Hoy, por fin podemos hacer justicia evitando que nunca más una mujer sea limitada o menoscabada en el ejercicio efectivo de sus derechos políticos electorales, tenemos que evitar que el simple hecho de ser mujer sea una condicionante en el ejercicio de derechos tan importantes como los políticos-electorales.
El mundo ha cambiado después de muchos años, se ha hecho justicia y nos encontramos frente a un nuevo paradigma en la vida pública y privada; las mujeres poco a poco hemos escalado y tomado por fuerza lo que les era debido, nuestra participación igualitaria.
Hemos avanzado a pasos agigantados desde la labor de nuestra querida Elvia Carrillo Puerto, perfeccionando cada día el proceso de participación femenina en la política.
Pero esta labor aún no está terminada, se encuentra en constante movimiento y requiere de precisión para brindar los elementos suficientes para su desarrollo óptimo.
Es indudable el valor y el significado real de la participación de nosotras las mujeres.
Las mujeres somos vitales para hacer política; al ser parte de la toma de decisiones y participar en los asuntos de relevancia del país, podemos, además de contribuir con nuestro conocimiento científico, técnico y práctico, también enriquecer las decisiones con virtudes y valores, pues somos constructoras de paz, mediadoras de acuerdos, sensibles al sufrimiento y apasionadas por nuestra labor.
Las mujeres que desempeñamos una labor pública, ponemos el mismo esfuerzo en la protección de los gobernados como madres respecto a sus hijos, con cariño, tenacidad, fuerza y justicia.
Esa es la verdadera función de un político, hacer de su municipio, su Estado o su país, su familia y velar por ella como lo harían los padres de la misma.
Ante este nuevo esquema de mayor participación y afluencia del género femenino en la política, es necesario tomar medidas que eviten transgresiones, laceren o lastimen los derechos de las mujeres.
Tenemos que proteger el proceso de adaptación en que las mujeres se adhieren a la vida política de nuestro país, para eso es necesario que brindemos los mecanismos suficientes para que podamos alzar la voz frente a la violación de nuestros derechos.
Una protección especial que defienda y salvaguarde la libertad política en el ejercicio de funciones o en el acceso a puestos de representación popular, que evite la coacción o acote el margen de actuación, por el simple hecho de ser mujer; es decir que nos proteja de sufrir violencia política.
Por ello, hoy me congratulo en que podamos hacer nuestro quehacer legislativo y sumemos esfuerzos para construir un marco en relación con la violencia política en razón de género.
Estoy convencida que con estas reformas a diferentes instrumentos legales se fortalecerá la presencia de la mujer en el ámbito político, se dotará de certeza jurídica, sus derechos electorales y se dará voz a aquellas mujeres víctimas de violencia política.
Hoy damos un paso firme contra la violencia, nos acercamos a una realidad e igualdad de condiciones en procedimientos electorales y derechos políticos, al desarrollo integral de nuestro país, con la participación activa de la mujer, así como una vida en sociedad en circunstancias de paridad en cuanto a hombres en paz, justa y segura.
La violencia política por causa de género, como busca definirlo el presente dictamen, es la acción u omisión que en el ámbito público o político busque limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, incluyendo el ejercicio de atribuciones inherentes a su cargo.
Este tipo de violencia no está acotado a una sola acción, ya que puede darse desde la flagrante restricción de la mujer para tomar protesta o acceder a su cargo, hasta el proporcionar información u ocultarla con el fin de limitar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales.
La violencia política es una de las más grandes injusticias que vivimos las mujeres, no sólo para aquellas en el cargo, sino para la misma sociedad, a quienes se les restringen sus derechos político-electorales al no permitirse que su representante sea quien tome las decisiones y ejerza el cargo que ha sido conferido por la misma ciudadanía; esta protección contra la violencia política de género es un acto que protege la soberanía del pueblo y promueve la participación democrática en nuestro país.
El presente dictamen es el resultado de la convergencia de distintas legisladoras, a quienes reconozco y felicito por su incansable labor a favor de las mujeres; en especial a la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, así como a la Comisión misma.
Esta es la respuesta legislativa que tanta falta nos hacía.
Actualmente, existe el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres pero no existe un fundamento transversal en las leyes generales que proteja desde el marco legislativo a las mujeres en la función pública.
De acuerdo con cifras de la FEPADE, a enero de 2017 existen, 52 casos registrados de violencia política de género, de los cuales a 26 mujeres ya se les dio la calidad de víctimas, con este acto su ingreso al Registro Nacional de Víctimas, y ya en proceso de atención se encuentran 13 casos.
Compañeras y compañeros:
En el marco del Día Internacional de la Mujer mucho se habla del empoderamiento de las mujeres, de darnos esa voz, fuerza para que se le crea, que se sepa que puede trabajar, romper el techo de cristal, acabar con las inequidades y brindar un trato igualitario real para hombres y mujeres.
Sin embargo, esto no será posible mientras existan diferencias en el ejercicio de funciones y limitaciones, que no permitan que ejerzamos las facultades y derechos que la misma ciudadanía nos ha conferido.
El presente dictamen es complementario de las medidas electorales y de paridad de género que hemos aprobado, y hoy ya son una realidad para las mujeres y hombres mexicanos.
Hagamos de estas reformas una opción viable, libre y sin ninguna restricción para el ejercicio de las mujeres.
Que ninguna mujer sea limitada, restringida o imposibilitada para realizar sus funciones, es un derecho que merecemos todas, que merecemos todas las mujeres y es nuestro deber como legisladoras reconocer esta grave realidad, así como brindar los mecanismos suficientes para evitar que vuelva a repetirse una violación de derechos humanos.
Muchas gracias
