- Una restricción prolongada del suministro de gas natural puede afectar tanto la generación eléctrica como los procesos industriales que utilizan directamente este combustible, elevar los costos de producción y dificultar el cumplimiento de compromisos comerciales.
El senador Carlos Humberto Suárez Flores, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, al Centro Nacional de Control de Gas Natural y al Centro Nacional de Control de Energía a fortalecer la seguridad energética mediante acciones medibles para reducir la vulnerabilidad derivada de la dependencia del gas natural importado, desarrollar almacenamiento estratégico, mejorar la confiabilidad de la infraestructura y diversificar la generación eléctrica.
El legislador ecologista recordó que el pasado 5 de octubre se detectaron fallas en el gasoducto Tennessee Gas Pipeline que obligaron a aislar y cerrar temporalmente algunos tramos y afectaron los puntos de suministro denominados Río Bravo y Cenagas; al día siguiente el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) recibió una advertencia sobre una posible reducción de hasta 20 por ciento en los flujos de suministro. El 8 de octubre se informó que las fallas habían sido reparadas y que los envíos de gas hacia México estaban restableciéndose.
Sin embargo, aseguró que este incidente evidencia los riesgos que la dependencia del gas natural importado representa para la seguridad energética de México. Agregó que de acuerdo con datos de la Presidencia de la República, de abril de 2026, el consumo nacional se sitúa en aproximadamente 9 mil millones de pies cúbicos diarios, la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) alcanza 2 mil 300 millones y las importaciones ascienden a 6 mil 800 millones.
Por otro lado, el director general de Cenagas, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que este combustible se utiliza para generar 62 por ciento de la electricidad nacional y que México carece de infraestructura de almacenamiento de gas natural y podría mantener el suministro únicamente hasta tres días ante un corte de las importaciones de Estados Unidos.
Recalcó que estas cifras apuntan a una alta dependencia del gas estadounidense y su elevada participación en la generación eléctrica constituyen un factor de vulnerabilidad para la seguridad energética de México. Dijo que una interrupción del abastecimiento podría afectar de manera crítica tanto a los usuarios directos del gas como a la continuidad del suministro eléctrico, por lo que insistió en que es necesario evaluar estos riesgos y fortalecer la capacidad de respaldo y las alternativas de abastecimiento.
Particularmente, el senador por Nuevo León destacó que para la entidad que representa, la continuidad del abastecimiento energético adquiere especial relevancia por el peso de su industria. Señaló que las actividades industriales representan aproximadamente 34.3 por ciento del producto interno bruto estatal, mientras que las manufacturas de la entidad aportan 12.7 por ciento de la actividad manufacturera nacional.
Afirmó que una restricción prolongada del suministro de gas natural puede afectar tanto la generación eléctrica como los procesos industriales que utilizan directamente este combustible, elevar los costos de producción y dificultar el cumplimiento de compromisos comerciales.
- Se exhorta a informar sobre las interrupciones del suministro, las condiciones de la infraestructura y los proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento del sistema eléctrico de la Zona Metropolitana de Monterrey y el Estado de Nuevo León.
- También a asegurar recursos suficientes para atender el rezago de inversión en infraestructura eléctrica de la entidad.
El senador Carlos Humberto Suárez Flores, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía, al Centro Nacional de Control de Energía, a la Comisión Nacional de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre las interrupciones del suministro, las condiciones de la infraestructura y los proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento del sistema eléctrico de la Zona Metropolitana de Monterrey y el Estado de Nuevo León.
También exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a asegurar recursos suficientes para atender el rezago de inversión en infraestructura eléctrica de la entidad durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar dichas necesidades en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027.
El senador explicó que Nuevo León es uno de los principales polos económicos, industriales y logísticos del país, lo que exige incrementar las capacidades instaladas de energía y de servicios públicos. Apuntó que cada parque industrial, desarrollo habitacional o cualquier proyecto económico público o privado adicional representa una mayor carga para la red eléctrica y presiona los sistemas de agua, movilidad, salud y seguridad.
Aseguró que cuando la infraestructura disponible no crece al ritmo de la economía, el costo recae en las familias y las empresas, en forma de interrupciones, menor calidad del servicio y pérdida de competitividad. Dijo que ampliar la capacidad instalada no es solo una condición para atraer y retener inversión, sino también una responsabilidad para asegurar servicios básicos a la población.
Hizo énfasis en que Nuevo León no puede limitarse a responder ante fallas o contingencias, sino que requiere una estrategia preventiva de planeación, ampliación, modernización, sustitución y mantenimiento de la infraestructura que den solución a las restricciones de capacidad.
Reconoció que el Programa de Desarrollo de la CFE 2026–2030 reconoce la necesidad de modernizar y fortalecer las redes eléctricas para mejorar la continuidad del suministro y reducir las afectaciones a los usuarios cuando ocurre una interrupción, por lo que se prevé una inversión nacional de 183 mil 659 millones de pesos en transmisión y distribución, destinada a nuevas líneas, a la construcción y ampliación de subestaciones y a la modernización de las redes.
Sin embargo, señaló que esta cifra nacional no permite saber qué parte beneficiará a Nuevo León, por lo que insistió en la necesidad de conocer qué obras se prevén para la entidad, con qué montos y qué mejoras se espera lograr en indicadores de continuidad del servicio.
Recalcó que esa información es indispensable para dimensionar el rezago de la Zona Metropolitana de Monterrey y para sustentar que los recursos destinados a Nuevo León sean suficientes e identificables en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, y que los previstos para el ejercicio 2026 se ejerzan oportunamente.
Finalmente, señaló que la coordinación entre las autoridades responsables de la planeación, operación, regulación, transmisión, distribución y ejecución de infraestructura es indispensable para que las inversiones respondan a las necesidades presentes y futuras de Nuevo León.
- Garantizar condiciones dignas de internamiento no constituye únicamente una obligación administrativa, sino una responsabilidad constitucional vinculada directamente con la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales: Juanita Guerra.
Con la finalidad de que se garantice el respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de las personas privadas de la libertad, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para que fortalezca las acciones destinadas a atender las condiciones de los Centros Penitenciarios Estatales, en materia de sobrepoblación, infraestructura, servicios de salud, higiene, seguridad, alimentación, agua potable, personal penitenciario y reinserción social.
La senadora explicó que el sistema penitenciario es una responsabilidad esencial del Estado mexicano y una pieza fundamental para la seguridad pública, la impartición de justicia y la construcción de condiciones efectivas para la reinserción social; agregó que la privación de la libertad en este sistema implica una restricción legítima a la libertad ambulatoria; sin embargo, no significa la pérdida de los demás derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
En este sentido, subrayó que “garantizar condiciones dignas de internamiento no constituye únicamente una obligación administrativa, sino una responsabilidad constitucional vinculada directamente con la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos fundamentales”.
Detalló que de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo de Morelos 2025-2030, elaborado por el Gobierno del Estado, el sistema penitenciario estatal se integra por un Centro de Reinserción Social Femenil, cinco Centros de Reinserción Social Varoniles y un Centro Especializado de Ejecución de Medidas para Adolescentes.
La senadora dijo que según el Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana Federal, Morelos presenta hacinamiento, ya que cuenta con 2 mil 47 espacios penitenciarios y contiene a 4 mil 345 personas privadas de la libertad, lo que se traduce en una sobrepoblación del 112 por ciento.
Insistió en que estas cifras hacen necesario fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar que la ocupación de los centros penitenciarios sea compatible con condiciones adecuadas de internamiento, seguridad, higiene, atención médica y reinserción social.
Agregó que la sobrepoblación que se traduce en una utilización intensiva de la infraestructura penitenciaria, que es además obsoleta e insuficiente, puede generar presiones adicionales sobre los servicios básicos, el personal, los espacios destinados a actividades de reinserción y las condiciones de convivencia, por lo que dijo que resulta indispensable que las autoridades realicen una evaluación permanente de la capacidad instalada y de las necesidades reales en cada centro.
“El objetivo no debe limitarse a mantener los centros en funcionamiento, sino a garantizar que estos cumplan efectivamente con la finalidad constitucional de la reinserción social”, sentenció.
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