Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros diputados.
El cambio climático es una realidad que no podemos minimizar, el clima mundial está cambiando derivado del calentamiento de la Tierra, y esto trae consigo múltiples afectaciones a la salud, manifestándose en enfermedades infecciosas, alterando significativamente los ecosistemas y la producción de alimentos, aumentando la frecuencia y potencia de los fenómenos meteorológicos, tales como huracanes, cambios extremos de temperatura, inundaciones y sequías, lo cual, sin duda alguna, impacta considerablemente en el bienestar, la salud y calidad de vida de las personas.
Derivado de lo anterior, el cambio climático se ha convertido en una de las mayores amenazas para la conservación del entorno natural, por ello resulta prioritario legislar a fin de minimizar el impacto negativo de sus efectos y una forma de lograrlo es reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero a través de la utilización de energías amigables con el medio ambiente.
Los retos ambientales del mundo actual hacen necesario que las agendas gubernamentales consideren como elemento fundamental dar un enfoque de sustentabilidad a los procesos de producción, distribución y consumo de energéticos en aras de no seguir alterando el equilibro de los ecosistemas para ayudar con ello a mitigar los impactos del cambio climático.
México cuenta con cincuenta y nueve zonas metropolitanas, de las cuales al menos seis registran mala calidad del aire pues en ellas se rebasan constantemente los índices tolerables de contaminantes atmosféricos. Uno de los factores principales que genera esta situación es el origen de la energía que consumimos, pues la mayor parte de ella proviene de la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.
Dado que los combustibles fósiles son recursos no renovables, pero sobre todo porque son altamente contaminantes, surge la necesidad de fomentar el uso de energías sustentables en el sector productivo, a fin de reducir la huella ecológica que las actividades cotidianas del ser humano dejan en el medio ambiente, y con ello generar las condiciones propicias para garantizar que las personas vivan adecuadamente.
La legislación mexicana contempla en el artículo cuarto de la Carta Magna la obligación del Estado de garantizar el respeto al derecho de las y los mexicanos a un medio ambiente sano para su bienestar y desarrollo; asimismo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece los lineamientos para la preservación y restauración del medio ambiente en el territorio nacional y aquellas zonas sobre las cuales la nación ejerce soberanía; por su parte, dentro de la Ley de Transición Energética se contempla el uso de energías sustentables dentro del proceso productivo de energéticos y combustibles.
El marco legal antes señalado precisa los espacios conquistados por la sociedad mexicana en términos del cuidado al medio ambiente, sin embargo, aún hay mucho por hacer para asegurar que la utilización de energías sustentables dentro del sector productivo e industrial sea cada vez mayor.
Está demostrado que las energías limpias, como el sol, el agua, el aire y la biomasa, son una de las mejores alternativas para detener el deterioro ambiental y los beneficios para la sociedad son integrales, pues además de proteger la naturaleza, éstas tienen un gran potencial para contribuir a mejorar la economía y la salud de las familias.
En este contexto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la aprobación del presente decreto porque estamos plenamente convencidos de que la reforma propuesta permitirá abonar al cumplimiento del compromiso de nuestro país de generar el 35 por ciento de la electricidad que consumimos mediante energías limpias para el año 2024, en beneficio de la salud y el bienestar de las y los mexicanos.
Es cuanto, muchas gracias.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
