Con su venia presidenta; diputadas y diputados.
Con la finalidad de fundamentar los motivos de nuestro voto a favor del presente dictamen es necesario referir que, de acuerdo con las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, en los últimos años los desastres asociados a los fenómenos naturales han causado un promedio anual de cinco mil muertes, además de daños económicos que superan los 3 mil 200 millones de dólares tan solo en América Latina y el Caribe.
A dicha cifra, equivalente a casi la mitad del volumen anual de los préstamos que concede el Banco Interamericano de Desarrollo, habría que sumarle además los innumerables incidentes de menor escala que acumulan y socavan, significativamente el desarrollo local de las comunidades.
En el caso particular de nuestro país, entre 1980 y 1999 se registraron 75 desastres naturales de magnitud considerable con diez mil muertos y cientos de miles de damnificados; daños económicos por más de 9 mil 600 millones de dólares, sin contar los efectos indirectos de estos como la interrupción de los flujos de producción y servicios, los cuales se calculan por lo menos en 200 millones de dólares anuales.
De igual forma, estadísticas del INEGI señalan que durante el periodo comprendido del año 2000 a 2012, los daños causados por lluvias, sequías y huracanes han ido en aumento en México y acumulan pérdidas económicas por 284 mil 351 millones de pesos, equivalentes al presupuesto anual que en conjunto se asignan a las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública.
Terremotos tan devastadores como el de 1985, huracanes como Wilma, Gilberto, Stan, Paulina, Odile, Ingrid y Manuel, inundaciones como las sufridas en el estado de Tabasco e innumerables incendios forestales deben hacernos comprender el grado de exposición de nuestro país ante la potencia de los fenómenos naturales.
Lo anterior genera la necesidad de reconocer que México es altamente vulnerable no sólo por la extensión y características de su geografía y diversidad ecosistémica, sino también por la pobreza y la desigualdad que lamentablemente siguen caracterizando a nuestra sociedad; así como por el proceso rápido de urbanización de muchas de nuestras ciudades.
Dicho reconocimiento debe implicar necesariamente la planeación, prevención e implementación de políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de la resiliencia de nuestra sociedad para que todos, desde nuestros respectivos ámbitos de competencia, podamos colaborar para resguardar, proteger y salvar el mayor número de vidas cuando se presentan fenómenos naturales que ponen en riesgo la integridad de la población.
Bajo esta lógica, la consolidación de una cultura de prevención, que incluya el diseño de protocolos de acción los cuales nos indiquen con precisión qué hacer una vez que han ocurrido los fenómenos perturbadores, necesita desde luego aprovechar al máximo los recursos ofrecidos por la tecnología para ponerlos al servicio de la protección civil, y lograr con ello que la desesperación derivada de la falta de información cuesten más vidas u obstaculice las labores para poner a salvo a la población.
Es por ello que el dictamen puesto a nuestra consideración es de gran valía, ya que otorga a la Coordinación Nacional de Protección Civil la facultad de promover la colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que todas aquellas concesionarias que operen redes públicas de telecomunicación tengan un protocolo para suministro de energía de acuerdo a sus condiciones económicas de cada concesión, y de operatividad que les permita garantizar la continuidad de sus servicios frente a situaciones de emergencia y desastre.
Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos el Partido Verde votaremos a favor del presente decreto, pues éste, sin duda, contribuye a elevar nuestra capacidad para superar los eventos perturbadores a los que como país estamos expuestos.
Es cuanto diputadas y diputados, muchas gracias presidenta.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
