Con la venia de la Presidencia.
Estimados compañeros y compañeras.
La atribución del Poder Judicial para privar de la libertad a quien haya sido sentenciado por un crimen se entiende como la acción necesaria para la impartición de justicia, por supuesto, en su justa dimensión conforme al daño causado, sin que ello se traduzca en un acto de venganza.
En la historia de nuestro país son muchos los escapes que se registran en nuestras cárceles, y esto ha permitido la evasión de la pena a personas que, por la gravedad de sus delitos, fueron detenidos, procesados y recluidos.
En noviembre pasado esta soberanía aprobó reformas al Código Penal Federal relacionadas con el delito de evasión de reo, cuyo objeto fue contemplar una sanción para todos aquellos casos en que se diera la participación en la consumación de la fuga. Del mismo modo, se realizaron modificaciones para dejar de considerar como una atenuante que la evasión se hubiere realizado sin violencia, pues esto constituía un incentivo para los intentos de fuga de los centros penitenciarios.
Hoy, estaríamos cerrando el círculo de esas reformas pues en el fondo lo que está de por medio es que se haga o no justicia. No podemos soslayar que la sentencia de prisión se deriva de un proceso orientado a mantener el Estado de Derecho en nuestro país.
Por otro lado, hay que resaltar que el sistema penal de nuestro país se encuentra en un proceso de renovación, consistente con el esfuerzo que realiza el Gobierno de la República para combatir los actos de corrupción en la administración pública, incluyendo aquellos que se presenten en los centros penitenciarios.
En este sentido, los funcionarios públicos que participen en el escape del sentenciado deberán ser sujetos a un proceso que implique no sólo la imposición de una pena privativa de la libertad, sino también la inhabilitación de los mismos para ocupar cargos públicos hasta por un periodo de veinte años.
Consideramos que el presente dictamen cumple con la intención del legislador de fortalecer las instituciones de seguridad pública mediante la actualización del Código Penal Federal.
La sociedad mexicana en general, es respetuosa del debido proceso, pero, ya está harta de la impunidad, por ello es necesario remover todos aquellos obstáculos que impiden que en nuestro país se haga justicia; por ejemplo, el hecho de que los delincuentes se aprovechen de vacíos legales para escapar de las sanciones impuestas y que en su intento sean auxiliados por servidores públicos.
La poca confianza en las instituciones de gobierno y en nuestros servidores públicos vulnera la condición ciudadana de los mexicanos e impide la consolidación de una sociedad libre, justa y equitativa. Necesitamos recuperar esa confianza, ya que solo así propiciar la participación de la población en la construcción y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.
Es por lo anterior que quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoyaremos la aprobación del presente decreto, un decreto que busca fortalecer los mecanismos de impartición de justicia para así poder garantizar que existan sanciones suficientes para quien decida traicionar a la sociedad y dejarse corromper por los criminales.
Es cuanto.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
