Con la venia de la Presidencia;
A más de dos décadas de la aparición de las primeras disposiciones legales en materia ambiental en nuestro país, el gobierno federal ha puesto especial atención al diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a la protección de los recursos naturales con los que contamos; dichas políticas están sustentadas en diferentes preceptos jurídicos, cada día más especializados, tan es así que nuestra propia Constitución hoy señala nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, lo que sin duda establece bases sólidas para la conformación de nuevos cuerpos normativos que garanticen la adecuada protección y defensa de este derecho.
No obstante lo anterior, el constante deterioro de los ecosistemas y por ende, de los recursos naturales, principalmente por la intervención negativa del ser humano, nos advierte que desafortunadamente no se ha logrado generar una consciencia colectiva de respeto y compromiso por el cuidado del medio ambiente.
A pesar de que las conductas degradantes de la naturaleza se encuentran reguladas de una u otra manera a través de las responsabilidades administrativa, civil y penal, éstas no han alcanzado los fines y objetivos para los que fueron creadas, y menos aún la responsabilidad penal a una persona por el incumplimiento de la ley ambiental, la cual frecuentemente ha sido percibida como un ejercicio jurídico excepcional, imperfecto y poco eficaz.
En ese sentido, es urgente escalar en el incremento de la punibilidad de los delitos ambientales para poner un alto a la creciente tasa de acciones que constituyen un delito contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico.
Aunado a lo anterior, resulta oportuno puntualizar que México es uno de los 17 países mega diversos del mundo y encabeza la lista de países con más zonas donde habitan especies en peligro de extinción. La SEMARNAT reconoce más de 2 mil 500 especies vegetales y animales amenazadas en algún grado; en este contexto, mientras el país ocupa los primeros lugares en extinción de especies, las políticas de conservación no frenan los fenómenos de deforestación y defaunación.
Y es que la riqueza biológica de México ha propiciado que el comercio ilegal y utilización de especies de flora y fauna haya sido una actividad cotidiana altamente lucrativa desde tiempos muy remotos y que lamentablemente continúe presente y sea cada vez más grave y difícil de controlar.
Estas especies de flora y fauna son extraídas y comercializadas ilegalmente con fines que van desde el uso doméstico como mascotas exóticas y materia prima para la elaboración de productos hasta su utilización en prácticas religiosas y otras tradiciones. El tráfico de especies genera una crisis ambiental que amenaza la biodiversidad a nivel mundial, no obstante, también representa una de las actividades ilegales más lucrativas en el mundo, lo cual dificulta su erradicación, pues en éste se ha involucrado el crimen organizado.
Si bien tanto a nivel nacional como internacional existe una regulación amplia en cuanto al tráfico de vida silvestre, lo cierto es que ésta aún no ha sido suficiente para inhibir la conducta antisocial, o bien, para establecer parámetros objetivos de sus alcances, dimensiones, perjuicios y daños irreversibles al medio ambiente global.
La finalidad de incrementar las sanciones no es otra que generar la ejemplaridad en la pena y con ello inhibir la realización de una conducta que aunque no lo parezca nos afecta a todos y lo hace seriamente.
Por todo lo anterior, y en concordancia a lo dictado por el artículo 4º de nuestra Carta Magna, el cual indica que le corresponde al Estado garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano, así como que el daño y deterioro ambiental genere responsabilidad para quien lo provoque, celebramos la aprobación del presente dictamen que tiene su origen en dos iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México con objeto de desincentivar las acciones dolosas contra el medio ambiente, incluyendo desde luego el tráfico de especies.
Es cuanto.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
