Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros diputados.
En el artículo nueve de nuestra Carta Magna se contemplan dos derechos fundamentales: el de reunirse y el de asociarse, con el objetivo principal de que la ciudadanía tome parte activa en la vida política nacional.
El derecho a la reunión consiste básicamente en la libertad de todos los habitantes de la República Mexicana para poder congregarse con cualquier finalidad, siempre y cuando dicha reunión sea de carácter pacífico. Por su parte el derecho de asociación consiste en la libertad de todos los mexicanos para conformar por sí mismos entidades que tengan personalidad jurídica y se dirijan a un fin específico.
Bajo este orden de ideas y al amparo de lo consagrado por el texto constitucional, nace en México hace 42 años un movimiento social y político cuyo objetivo principal es organizar a los sectores más vulnerables y desprotegidos del campo y de la ciudad, con el fin de luchar por sus demandas inmediatas, así como alzar la voz por una justa distribución del ingreso y eliminar las diferencias sociales para alcanzar mejores condiciones de vida para los trabajadores, dicha organización es el Movimiento Antorcha Campesina.
Desde sus inicios, Antorcha Campesina ha formado parte activa en la vida política del país, siendo el portavoz de las demandas de miles de trabajadores del campo. Sus integrantes han fungido como gestores ante el gobierno para mejorar la calidad de vida de aquellos que padecen pobreza, marginación y el olvido de las autoridades.
A lo largo del tiempo, el movimiento ha logrado permearse por todo el territorio nacional, teniendo actualmente presencia en las 32 entidades federativas, aglutinando a miles de simpatizantes y militantes; cada uno de los miembros activos que integran Antorcha Campesina se encuentran comprometidos con la defensa de los derechos de las masas trabajadoras, buscando proteger los intereses de los grupos más afectados por la desigualdad social.
Por lo antes expuesto, levantamos la voz ya que nos parece condenable el acoso y violencia que en los últimos años han sufrido algunos de los miembros que integran nuestra organización, nos parece preocupante y alarmante la campaña de desprestigio desarrollada en contra de nuestro movimiento y más aún la violencia ejercida contra nuestra compañera Maricela Serrano y su familia.
Desde el año 2012 diversos miembros de nuestra organización y personas afines han sido amenazados, intimidados y atemorizados con actos de barbarie que incluyen desde asaltos hasta el secuestro, llegando incluso hasta el asesinato de nuestros compañeros.
No siendo ya suficientemente grave la violencia desatada en contra de nuestra organización, el pasado seis de octubre del 2013 fue secuestrado en su lugar de trabajo el señor Manuel Serrano Vallejo, quien se ganaba la vida como vendedor de periódicos y no contaba con un patrimonio que lo hiciera un objetivo de los plagiarios, a pesar de ser padre de la entonces presidenta municipal de Ixtapaluca y hoy compañera diputada Maricela Serrano.
Derivado de lo anterior, nos pronunciamos a favor de que se abra una nueva línea de investigación por el delito de Desaparición Forzada de Personas, contra quien resulte responsable para el caso de Don Manuel Serrano Vallejo, asimismo, exigimos que se desahoguen las pruebas de manera individual e intervenga en la investigación de los hechos la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desparecidas por ser éste el ámbito de su competencia.
Y desde aquí, desde la más alta tribuna del país decimos con humildad, respeto y firmeza: nada, ni nadie logrará doblegar la unión, fraternidad y lucha de los antorchistas.
Es cuanto, muchas gracias.
