- Necesario avanzar hacia fórmulas de coordinación más eficaces, involucrando a los tres ámbitos de gobierno: Guevara Garza
Sanciones más severas incluso la "pena de muerte empresarial", para las organizaciones que lucren a costa del ambiente, poniendo en riesgo el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico, propuso el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Guevara Garza.
Lo anterior ante la necesidad de actualizar la legislación vigente para incorporar sanciones significativas para aquellos particulares que afecten el equilibrio ecológico, ya sea en el territorio nacional, en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, o en aquellas áreas cuyo impacto se origine en el territorio o en zonas bajo la soberanía o jurisdicción de otros Estados, así como en espacios más allá de la jurisdicción de cualquier Estado.
La propuesta del legislador ecologista plantea adicionar la fracción VI al artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para especificar que dentro de las sanciones que se aplicarán como producto de las violaciones a dicha ley, está, "en el caso de personas jurídicas privadas, la disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa prevista en esta ley".
Esto se suma a las sanciones ya previstas que contemplan en decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente ley, así como la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.
Guevara Garza explicó que el objetivo de su propuesta está en el reconocimiento de la necesidad de vincular la política de aprovechamiento de recursos naturales con el principio de desarrollo sustentable, partiendo de la premisa de que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no puede ignorar las de las generaciones futuras.
Con ello, se busca avanzar de una visión sectorial de las acciones gubernamentales en esta materia hacia fórmulas de coordinación más eficaces, involucrando a los tres ámbitos de gobierno y promoviendo la participación de la sociedad.
Resaltó que México ha acumulado por décadas experiencias de pérdida, deterioro y afectaciones negativas de sus elementos naturales, hábitat y ecosistemas, así como de afectación a la salud e integridad de las personas, atribuidas a sujetos y empresas individualmente determinados, suficientes para afirmar la necesidad de un régimen jurídico de corresponsabilidad del sector privado.
Añadió que, aunque la ley vigente ya contempla sanciones ejemplares en esta materia, en la actualidad, debido a los cambios sociales, las crecientes necesidades de la colectividad y la participación del sector privado en materia de equilibrio ecológico, resulta indispensable incorporar sanciones significativas para aquellos particulares que afecten el equilibrio ecológico.
"El daño ocasionado por algunas empresas privadas a la colectividad puede alcanzar tal magnitud que sea necesaria su disolución, ya que permitir su operación podría generar afectaciones irreparables a la sociedad y al entorno ecológico. Por esta razón, se considera indispensable establecer sanciones severas, incluso la "pena de muerte empresarial", para las organizaciones que lucren a costa del ambiente, poniendo en riesgo el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico", subrayó.
