. Diputados del Partido Verde impulsan que dichos establecimientos sean consideradas instituciones financieras, a fin de que el Estado vigile su operación y funcionamiento.
En México, las casas de empeño pese a su importancia en la economía familiar no están reconocidas como instituciones financieras, por tanto, urge que su regulación y certificación atienda criterios legales rigurosos; debido a que, se han detectado casos de establecimientos que son "fachada" de delincuentes, advirtió la diputada Rocío Corona Nakamura.
Por esta razón, propuso una reforma a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros cuyo objetivo es, salvaguardar y proteger los ahorros e intereses de las familias que recurren a las casas de empeño, más aún, cuando un alto porcentaje de la población económicamente activa (PEA) no tiene acceso a créditos bancarios, pero sí tiene necesidades concretas de financiamiento.
"Hay que cuidarlas y protegerlas de cualquier amenaza, sobre todo en estos tiempos donde la delincuencia se ha modernizado, y diversificado, y busca cualquier espacio para delinquir o bien, lavar dinero, fruto de sus actividades ilícitas y financiar otras actividades generalmente ´fachadas´ para encubrir su crecimiento y fortaleza económica" justificó la diputada ecologista.
La iniciativa plantea reformar el Artículo 2º y adiciona el 49º Bis de la Ley de Proteccion y Defesa al Usuario de Servicios Financieros, a fin de incluir las casas de empeño como instituciones financieras y poder reforzar las medidas de protección, seguimiento, revisión y supervisión, así mismo, ampliar las instituciones y autoridades encargadas de velar por las garantías tanto para los negocios como el beneficio de los clientes.
Un nuevo artículo establece que no obtendrán la autorización para funcionamiento y operación, las instituciones financieras que estén integradas con propietarios, accionistas, socios, directivos, representantes o administradores que hayan sido condenados por delitos de delincuencia organizada, patrimoniales o financieros.
En este sentido, precisa que la violación a la disposición de ese artículo se sancionará con la revocación inmediata de la autorización para operar que haya emitido la autoridad competente.
Los cambios a la norma jurídica van a regular y certificar la operación y funcionamiento de los más de nueve mil establecimientos que hay en el país y podrán evitar más riesgos a los usuarios del llamado crédito prendario.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, del INEGI; al menos 38 por ciento del total de la población recurre a pedir prestado, ya sea a través de una casa de ahorro o una casa de empeño, pues las facilidades y oportunidades para acceder a estos negocios son más flexibles en comparación con un banco.
