La suspensión de las actividades económicas con motivo de la pandemia por COVID-19, propició una reducción significativa de la demanda energética, no sólo en México sino también a nivel mundial. Por ello, resultó necesario replantear la política energética, a fin de disminuir pero también de garantizar el suministro de electricidad bajo criterios de eficiencia, calidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad, lo cual implica determinar la participación en el sistema de cada fuente de energía, incluyendo las renovables que, desafortunadamente, suponen complejidades y desventajas técnicas como la intermitencia y su posibilidad de almacenamiento.
Derivado de lo anterior, en ejercicio de sus facultades legales, la Secretaría de Energía publicó el pasado 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, con el objetivo de hacer los ajustes necesarios a dicha área estratégica y garantizar la soberanía y la seguridad energéticas, es decir, asegurar el suministro permanente de electricidad a los hogares, a los hospitales y a las actividades esenciales que no han parado en el país.
Si bien en el partido verde damos un voto de confianza a la actuación del Gobierno Federal para hacer frente a la situación económica derivada de la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, estimamos necesario que se resuelvan algunas dudas que ha suscitado el Acuerdo en comento, tanto en la opinión pública como, de manera particular, entre los participantes de la industria eléctrica.
Parte de esas dudas se refieren a los alcances de la nueva política del Sistema Eléctrico Nacional y sus diferencias con la política anterior, incluyendo la posible generación de costos adicionales y su repercusión en la hacienda pública o, en su caso, en el sector privado.
Especialmente consideramos legítimas las preocupaciones de los participantes del mercado de las energías renovables, cuyas inversiones podrían verse comprometidas y, en el peor de los casos, enfrentar una incertidumbre jurídica por desconocer las consecuencias del Acuerdo respecto de las autorizaciones y contratos suscritos con anterioridad, así como las oportunidades de participar en la industria eléctrica en el futuro, cuando la contingencia sanitaria permita volver a la “nueva normalidad” en el país.
Considerando lo anterior y en aras de abonar a la transparencia y claridad de la nueva política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, en el Partido Verde solicitamos respetuosamente a la Secretaría de Energía que, a la brevedad, informe sobre sus alcances, incluyendo el respeto del estado de derecho y el cumplimiento del principio de irretroactividad legal sobre las autorizaciones, contratos y demás actos jurídicos que representen derechos adquiridos a los participantes de la industria eléctrica.
De manera particular, coincidimos con el gobierno federal en sus esfuerzos orientados a garantizar la seguridad y la soberanía energéticas, así como la continuidad del suministro de energía tan necesaria en estos tiempos difíciles, pero lo exhortamos respetuosamente a que dichos esfuerzos no supongan, bajo ninguna circunstancia, un incremento a las tarifas de electricidad para los millones de hogares mexicanos ni el incumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones asumidos por el Estado mexicano ante la comunidad internacional, como parte de su liderazgo mundial en el combate al cambio climático.
En congruencia con nuestra ideología de protección de los recursos naturales y de búsqueda de una mejor calidad ambiental, nuestro Instituto político reitera su convencimiento de que las energías limpias representan una oportunidad invaluable para la diversificación de las fuentes de energía y la transición hacia un modelo energético de bajo costo y con los estándares más altos de sustentabilidad en nuestro país.
En ese sentido, en el Partido Verde confiamos en que las nuevas reglas contenidas en el “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, son acordes a la realidad económica y social y a la que exigirá la “nueva normalidad”, pero también estamos seguros de que la transparencia y las reglas claras, así como el diálogo franco entre gobierno y sociedad, constituyen la única vía para darle certidumbre a todos los participantes en el sector energético nacional.
PARTIDO VERDE
