- Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final.
Con el propósito de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incorpore dentro de su propia gobernanza empresarial una política explícita de aprovechamiento responsable de los recursos y reducción de sus impactos ambientales, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, una obligación para que la CFE y sus empresas filiales, gestionen integralmente los residuos de los que jurídicamente tengan el carácter de generadores.
Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final.
Explicó que su propuesta parte de la idea ya incorporada en nuestra legislación de que un residuo no debe considerarse automáticamente como un material carente de utilidad, ya que determinadas corrientes pueden conservar propiedades físicas, químicas, materiales o energéticas que permiten incorporarlas nuevamente a procesos productivos, sustituir materias primas vírgenes o generar valor económico, siempre que sea ambientalmente adecuado, técnicamente factible, económicamente viable y jurídicamente permitido.
Detalló que en la Ley General de Economía Circular reconoce que los materiales deben mantenerse dentro de la economía durante el mayor tiempo posible y que, una vez generados los residuos, debe recuperarse su valor antes de recurrir a su disposición final, por lo que esta reforma debe entenderse como una medida de armonización con este nuevo marco jurídico nacional, y convierte un mandato general de economía circular aplicable a la Administración Pública Federal en una obligación corporativa concreta para la CFE.
Añadió que su propuesta precisa cómo debe materializarse dentro de su legislación especial: prevención y minimización; clasificación y separación; valorización, aprovechamiento circular; trazabilidad; reducción de la disposición final; objetivos; metas; indicadores; revisión por el Comité de Sostenibilidad y reporte al Consejo de Administración.
Explicó que la política de economía circular debe diferenciar claramente entre aquellas corrientes cuyo valor puede recuperarse y aquellas cuya peligrosidad exige prioritariamente su eliminación o tratamiento especializado. Detalló que si un residuo peligroso únicamente puede ser tratado por una empresa autorizada, esa obligación permanece intacta; si una corriente requiere plan de manejo, deberá mantenerlo; si la legislación local determina requisitos para residuos de manejo especial, éstos continuarán aplicándose; y los residuos radiactivos quedan fuera de la nueva disposición.
Finalmente, la senadora insistió en que la trascendencia de la reforma radica en que no se limita a ordenar que la empresa "maneje correctamente sus residuos", sino que plantea que CFE evite generarlos cuando pueda, que conozca y documente sus flujos, que conserve el valor de los materiales, que utilice materias primas secundarias cuando sea viable, que desarrolle mercados y alianzas para recuperar recursos, que reduzca progresivamente la disposición final y que mida públicamente su desempeño.
- Uno de los propósitos de la iniciativa es que la información sobre salud menstrual contribuya a reconocer signos de alarma y se acompañe de una respuesta efectiva de los servicios: valoración clínica, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento.
Con el propósito de reducir las demoras diagnósticas y asegurar la continuidad de la atención, desde la valoración inicial hasta el tratamiento y seguimiento que cada persona requiera en materia de endometriosis, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar, dentro de los servicios básicos de salud, la atención integral de la endometriosis y la salud menstrual digna, además de garantizar que los servicios se brinden con perspectiva de género, pertinencia intercultural, accesibilidad y evidencia científica, respetando la autonomía, privacidad y consentimiento informado.
Detalló que la endometriosis es una enfermedad crónica caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, que afecta a cerca de 190 millones de mujeres en edad reproductiva, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
Agregó que su diagnóstico puede tardar entre cuatro y doce años y durante ese periodo, el dolor y otras manifestaciones pueden interferir con la asistencia escolar, el trabajo y el bienestar emocional. Aseguró que la evaluación clínica y los estudios de imagen permiten iniciar tratamiento sin exigir confirmación quirúrgica en todos los casos.
La senadora hizo énfasis en que la educación sobre menstruación debe acompañarse de servicios capaces de valorar los síntomas y dar seguimiento. Explicó que uno de los propósitos de su iniciativa es que la información sobre salud menstrual contribuya a reconocer signos de alarma y se acompañe de una respuesta efectiva de los servicios: valoración clínica, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento.
Agregó que la atención integral deberá responder a las necesidades clínicas de cada persona, se incluye el tratamiento del dolor según sus mecanismos y repercusión funcional, la atención de la salud mental, la rehabilitación del piso pélvico y la valoración nutricional, cuando procedan, además de que la participación de distintas disciplinas permitirá atender las manifestaciones que requieran intervención especializada.
Dijo que en su propuesta se detalla que tratándose de niñas y adolescentes, la aplicación de estas medidas deberá observar el interés superior de la niñez, proteger su intimidad y respetar su autonomía progresiva.
También se plantea que la Secretaría de Salud incorpore esta atención como línea prioritaria de la política nacional de salud, mediante capacitación continua del personal, investigación y participación de personas usuarias y organizaciones, información y orientación, así como la ampliación progresiva del acceso a productos de gestión menstrual y a condiciones de higiene, agua, saneamiento y privacidad en establecimientos públicos de atención médica.
- La actuación de los cuerpos policiales debe privilegiar la prevención, el diálogo, la comunicación, la disuasión y la reducción de tensiones, reservando el uso de la fuerza para casos en que resulte legalmente procedente.
Con la finalidad de garantizar el derecho a la libre manifestación, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la integridad de la personas asistentes, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos y a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, para que fortalezcan la capacitación, supervisión y aplicación de los protocolos de actuación policial en manifestaciones, concentraciones y actos cívicos.
Guerra Mena aseguró que el derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación es un elemento esencial de toda sociedad democrática y debe ser garantizado por las instituciones públicas, particularmente cuando las expresiones ciudadanas se desarrollan de manera pacífica.
Enfatizó que la actuación de los cuerpos de seguridad frente a manifestaciones debe partir del reconocimiento de este derecho constitucional y orientarse a preservar el orden y la seguridad de todas las personas, privilegiando el diálogo, la prevención y la disuasión, así como el uso estrictamente necesario y proporcional de la fuerza cuando legalmente corresponda.
Sin embargo, recordó que el día 30 de septiembre de 2026, durante el desfile cívico conmemorativo por el aniversario del natalicio José María Morelos y Pavón, en el municipio de Cuautla, Morelos, se registró una manifestación en la que se presentó un incidente entre personas manifestantes y elementos de seguridad pública.
Detalló que, de acuerdo con diversos medios, alrededor de cinco jóvenes que se identificaron como estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ingresaron al recorrido del desfile y colocaron pancartas para expresar su reclamo por la seguridad, mientras policías intentaron impedir que avanzaran hacia el templete oficial donde se encontraba la gobernadora Margarita González.
Añadió que la intervención de los elementos de seguridad generó una gresca con los manifestantes, quienes llegaron hasta el punto donde se encontraban las autoridades, en donde uno de los jóvenes mostró a la gobernadora marcas en su brazo, asegurando que habían sido hechas por los policías cuando intentaron impedirle el paso.
Bajo este contexto, la senadora insistió en que es necesario fortalecer la preparación de los cuerpos de seguridad para actuar ante manifestaciones, concentraciones y eventos públicos, especialmente aquellos que, por su naturaleza, congregan a un número considerable de personas.
Hizo énfasis en que la actuación de los cuerpos policiales debe privilegiar la prevención, el diálogo, la comunicación, la disuasión y la reducción de tensiones, reservando el uso de la fuerza para casos en que resulte legalmente procedente.
Finalmente, apuntó que lo ocurrido en esta manifestación en Cuautla, Morelos, debe ser motivo de reflexión, revisión y, en su caso, corrección institucional, para garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a presentarse en Morelos.
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