- Más de 21 millones de mexicanos carecen de acceso diario al agua potable.
- Jalisco, CDMX, Puebla y Chihuahua ya aplican el sistema de captación de agua de lluvia.
Con el objetivo de revertir la crisis hídrica que se vive en el país y garantizar el derecho constitucional al agua, senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa que busca garantizar el acceso al agua potable mediante pipas y sistemas de captación pluvial, especialmente en zonas marginadas y de difícil acceso.
En México, más de 21 millones de personas carecen de acceso diario al agua potable y al menos 6 millones no cuentan con tubería para recibir este recurso. Además, 105 de los 653 acuíferos del país están sobreexplotados, según datos de la Conagua y el Consejo Consultivo del Agua.
Señalaron que la reforma establece que el Estado deberá distribuir agua a través de pipas en momentos de escasez, priorizando a los hogares en situación de pobreza. Además, de promover la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, como una solución sustentable y de bajo costo.
Los legisladores indicaron que el servicio de pipas —muchas veces privatizado— se ha convertido en un negocio lucrativo que eleva los costos sin considerar que el agua es un derecho. Por ello, la reforma también contempla que este servicio sea gratuito cuando se trate de hogares en condición de pobreza.
En ese sentido, explicaron que su propuesta también busca fomentar el uso de sistemas de captación de agua de lluvia, como ya ocurre en la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Chihuahua. Recordaron que en la capital del país, el programa “Cosecha de Lluvia” ha beneficiado a más de 62 mil hogares desde 2019.
"El acceso al agua no puede seguir siendo un privilegio. Esta reforma busca asegurar este derecho para todas y todos, mediante herramientas viables, sostenibles y ya comprobadas", señalaron las y los legisladores del Partido Verde.
También explicaron que su propuesta responde al compromiso con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la ONU, que establece el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos antes del año 2030.
"Es momento de que el derecho al agua deje de ser letra muerta y se convierta en una realidad para todos los hogares del país”, afirmaron los senadores ecologistas.
- Legisladores ecologistas buscan incentivar la participación de la sociedad civil en causas sociales y castigar el uso indebido de donativos.
Senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, a fin de ampliar los incentivos fiscales por donaciones a organizaciones sin fines de lucro, fomentar una participación ciudadana más activa en temas sociales y fortalecer el marco de transparencia y rendición de cuentas de las donatarias autorizadas.
La reforma contempla aumentar del 7 por ciento al 35 por ciento el monto deducible de ingresos para personas físicas y morales, así como imponer sanciones ejemplares a aquellas donatarias que desvíen los recursos de su objeto social.
Señalaron que su propuesta busca reactivar la participación de la sociedad civil en la atención de causas sociales como salud, educación, medio ambiente, atención a personas con discapacidad y derechos humanos.
La bancada verde explicó que, aunque existen más de 10 mil donatarias autorizadas en México, las cifras de donaciones revelan profundas desigualdades.
“Las organizaciones sociales han sido aliadas históricas en la construcción de un México más justo; sin embargo, enfrentan barreras fiscales y legales que limitan su impacto, por lo que esta reforma propone incentivos reales, sin descuidar la rendición de cuentas”, señalaron los legisladores.
La iniciativa también contempla sanciones más severas, cuando las donatarias hagan un mal uso de los recursos con fines distintos a su objeto social, incluyendo la revocación de su autorización por cinco años y la obligación de transferir su patrimonio a otra organización autorizada. En casos de desvío de recursos, la reforma propone tipificarlo como delito de defraudación fiscal que amerita prisión y multas equivalentes al triple del monto desviado.
Con esta propuesta, el Partido Verde reafirma su compromiso con un nuevo pacto social donde las organizaciones de la sociedad civil tengan un papel protagónico en el desarrollo nacional, bajo principios de legalidad, transparencia y justicia social.
“Buscamos dar certeza a los donantes, garantizar el uso correcto de los recursos y promover un modelo de participación social corresponsable y transparente”, destacaron los senadores ecologistas
- Buscan frenar ciberataques como los registrados en Sedena, Pemex, SAT, Conagua y Lotería Nacional.
- México registró más de 187 mil millones de intentos de ciberataques en 2022.
Ante el aumento de ciberataques en instituciones públicas, las senadoras y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para que cada Secretaría del Gobierno Federal cuenten con una unidad especializada en ciberseguridad, en coordinación con la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el objetivo de proteger la información digital, redes y programas del Estado mexicano frente a amenazas digitales cada vez más sofisticadas.
La reforma responde al creciente riesgo que representan las amenazas digitales contra instituciones públicas, como lo han demostrado recientes ataques a la Lotería Nacional, la Sedena, Conagua, Pemex y el SAT, lo que evidencia una urgente necesidad de reacción y prevención institucional.
“Las unidades especializadas estarán encargadas de prevenir posibles ataques a instituciones, seguridad en los datos personales e información gubernamental, contener y mitigar riesgos cibernéticos, así como profesionalizar la gestión digital gubernamental y reducir costos por afectaciones tecnológicas”, indicaron los senadores.
De acuerdo con FortiGuard Labs, laboratorio de análisis e inteligencia de amenazas de Fortinet, tan solo en 2022, México fue blanco de más de 187 mil millones de intentos de ciberataques, colocándose como el país más afectado en América Latina.
Según la última encuesta del INEGI, el 81.2 por ciento de la población de seis años o más utiliza internet y 97.2 millones de personas cuentan con un teléfono celular, lo que obliga al Estado a proteger los datos que las dependencias gubernamentales reciben mediante trámites, formularios y para la obtención de documentos.
La iniciativa, que adiciona un tercer párrafo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, también busca evitar que la falta de personal capacitado ponga en riesgo la información crítica, por lo que es necesario contar con un área enfocada en evitar los ataques cibernéticos y otorgar mayor certeza en la labor del gobierno.
Finalmente, los senadores ecologistas reiteraron que su propuesta permitirá reducir costos derivados de ataques, mejorar la prevención, proteger los datos de la ciudadanía y garantizar la operación continua del gobierno. “De esta forma se aumenta la confianza institucional y se moderniza al Estado frente a ataques informáticos cada vez más avanzados”, destacaron.
