Gracias presidenta
Sometiendo a consideración de la Mesa Directiva y del Pleno si me permite hacer referencia a los dos dictámenes que se queden inscritos en el orden del día.
El primero, el que hace referencia al proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Y la segunda, haré referencia al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda.
Con su anuencia me permito poner a su consideración que efectivamente la vivienda es el eje rector sobre el cual descansa el desarrollo social y urbano de quienes vivimos en nuestro planeta, todos requerimos de un ambiente próspero que nos permita vivir en condiciones de habitabilidad y asequibilidad, con disponibilidad de servicios, infraestructura, también tener la posibilidad de tener accesibilidad.
Este derecho de vivienda, es un derecho que históricamente surgió como una prerrogativa laboral de los trabajadores; en la cual el Estado coadyuva junto con los patrones, para dar plena efectividad a este derecho y que estos últimos puedan proveer de vivienda a los trabajadores y también de generar mecanismos financieros adecuados.
Este mandato constitucional se materializa por medio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que a través de su función tripartita permite la conformación de soluciones habitacionales para los trabajadores, bajo esquemas accesibles y mecanismos financieros que atiendan a las necesidades de la población.
Esta ha sido, me refiero a la administración del presidente Enrique Peña, una administración de grandes cambios y transformaciones a nuestro marco jurídico, en específico quiero mencionar que se estableció un nuevo sistema a nivel nacional donde se privilegia la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de datos personales.
El INFONAVIT no está exento de este tipo de medidas y entonces es por ello que se debe actualizar para cumplir con la normatividad de transparencia y así poder brindar un mejor servicio a los patrones, pero sobre todo hacia los trabajadores privilegiando en todo momento, ésta, la rendición de cuentas.
A través de este dictamen se armoniza la regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública, para que la Ley de INFONAVIT sea congruente con la Ley General y la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por lo que se coincide con la colegisladora en la necesidad y la oportunidad para armonizar la Ley del INFONAVIT.
Así entonces daremos cumplimiento al mandato de distribución de competencias establecido en los transitorios de la Ley General, y también podremos armonizar la legislación relativa a la transparencia en las distintas normas de cada materia.
La minuta establece la modificación de la nomenclatura del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública que actualmente funge en el INFONAVIT para atender al mandato de la Ley General y renombrarlo simplemente como Comité de Transparencia.
Lo anterior de conformidad con el artículo 43 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que mandata a todo sujeto obligado a la integración de un Comité de Transparencia.
Asimismo, se deroga la facultad que correspondía a dicho Comité para resolver el recurso de revisión que promovieran los solicitantes en caso de negativa de acceso a la información o por la inexistencia de la misma, derivado de que dicha facultad invade la competencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que de conformidad con la Ley General y la Ley Federal es el encargado de conocer y resolver dichos recursos de revisión.
Es pues entonces robustecer el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores lo que significa impulsar mejores soluciones en materia de vivienda para la población, por lo que coincidimos en modificar y armonizar la Ley del INFONAVIT de acuerdo con la normatividad de transparencia dentro del plazo establecido.
Órganos como el INFONAVIT son los encargados de que efectivamente las reformas y políticas en materia de vivienda se puedan aplicar, por lo que mejorar su estructura interna en materia de transparencia redunda en mayor rendición de cuentas, mayor claridad en los áridos sistemas financieros y una mayor confianza entre los trabajadores, los patrones y el gobierno.
Todo esto necesariamente significa la mejora de la oportunidad para las y los mexicanos para acceder a una vivienda digna y decorosa.
Es cuanto al referirme al primero de los dictámenes.
El segundo hace referencia principalmente a destacar y sobre todo como preámbulo en que las pasadas administraciones el modelo de crecimiento nacional fue disperso en cuanto a materia de vivienda se refiere, fragmentado, las zonas habitacionales quedaban muy alejadas de los centros de trabajo, de estudio, con carencia de servicios e inclusive también con pobre conectividad en materia de movilidad urbana.
Esta gran falta de planeación generó un fracaso rotundo en lo que se refiere a una política de vivienda que pusiera en el centro a la persona, a la familia, al individuo y por supuesto que generó un desarrolló urbano inadecuado.
Derivado de la necesidad urgente que sufren hoy las ciudades, una de las primeras medidas del Ejecutivo Federal creo fue de una Secretaría en la que se confió la coordinación, administración, planificación, generación y ejecución de las políticas nacionales sobre el ordenamiento territorial.
Es entonces que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano es hoy la encargada de proporcionar el acceso a viviendas dignas y decorosas a las mexicanas y los mexicanos asegurando condiciones mínimas de habitabilidad y ubicación para poder integrar ciudades compactas, incluyentes y sustentables.
La Secretaría, desde su creación, ha promovido una mejor coordinación interinstitucional que realiza hasta la fecha, que sobretodo nos ayuda a garantizar la congruencia, la concurrencia y la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno.
Por lo que consideramos necesario armonizar las funciones en la Ley de Vivienda para incluir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como instancia encargada en la materia.
Gran parte de estas funciones a las que me he hecho referencia antes de la reforma, eran llevadas a cabo y se desarrollaban por la Secretaría de Desarrollo Social, lo anterior en concordancia a su facultad para garantizar el ejercicio de los derechos sociales, erradicar la pobreza y brindar un mínimo de bienestar a la población mexicana.
Esta es una relación íntima pero también lo tenemos que reconocer que guarda la vivienda con la política de desarrollo social.
Actualmente, más de la mitad de la población mundial habita zonas urbanas y cerca de un 25 por ciento de esos habitantes viven en asentamientos informales o en barrios marginales; esta es una correspondencia directa entre pobreza y vivienda.
La primera forma de erradicar la pobreza es a través de políticas que brinden un mínimo de condiciones de condiciones de habitabilidad en un espacio digno y decoroso.
Es entonces como contar con una casa, o como se ha hecho en la política en esta administración con un cuarto más, con un cuarto rosa, o un piso firme, se traduce forzosamente en menos enfermedades, mayor saneamiento y mejores oportunidades para el desarrollo personal integral.
Es esta la virtud que tiene la vivienda que funge como epicentro para el bienestar de cualquier familia y es por ello que también se tiene que trabajar y observar de manera transversal.
Atendiendo a esta doble función, de ordenamiento territorial e impulso al desarrollo social, las políticas en materia de vivienda es entonces que han sido asumidas por ambas Secretarías.
Por lo que este segundo dictamen que ponemos a su consideración logra reunir esta dualidad de ambas perspectivas, para que sea la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano como hoy lo viene haciendo quien asuma estas funciones en materia de suelo, en materia de vivienda para emitir lineamientos de infraestructura y vinculación con el entorno y a la par pueda coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Social para elaborar la estimación anual del monto de recursos federales para satisfacer la política de subsidios en materia de vivienda y rezago habitacional.
La Ley de Vivienda es un pilar fundamental para el combate a la pobreza y la erradicación de la misma, y por ello tendremos que brindarle un andamiaje jurídico necesario para impulsar esta lucha.
Ese es el reto, también fomentar la consolidación de ciudades que realmente cumplan su función social, poner al centro al individuo, poner al centro la función integradora impulsando que todas las instancias competentes que logren progresivamente la plena y efectiva realización del derecho a una vivienda digna y decorosa.
Por lo anterior necesitamos mejorar la características de las viviendas, mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Y por ello, les invito a todos a votar a favor de estos dos dictámenes que mejorarán la estructura normativa de los órganos nacionales encargados de materializar el derecho a la vivienda que todos los mexicanos merecen.
Por su voto muchas gracias.
