Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros senadores:
La corrupción es una enfermedad que sufre nuestro país, un padecimiento con costos económicos, políticos y sociales.
Cuando la corrupción permea al servicio público vulnera los fines y principios de nuestras instituciones, pervierte el ejercicio público e impide el progreso de la nación, más allá del enriquecimiento ilícito en detrimento del patrimonio de los mexicanos.
La corrupción tiene un costo mayor e incuantificable la confianza de los ciudadanos, este costo es inaceptable, atacar frontalmente la corrupción es un reclamo que la sociedad civil ha manifestado con voz firme y nosotros sus representantes hemos tomado cartas en el asunto.
Hoy nos encontramos discutiendo un mecanismo integral que abarca trasversalmente el combate a la corrupción y de manera particular con la aprobación de la Ley de General de Responsabilidades Administrativas se busca inhibir cualquier acto ilegal de un servidor público para beneficio personal.
A través de la ley se fortalecen las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, las obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y a los que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
Recuperaremos la confianza de los mexicanos en el servicio público, tendremos que desempeñarnos, con los más altos principios, privilegiando en todo momento la honradez, la lealtad, la integridad y la rendición de cuentas.
El dictamen que nos ocupa es también emblemático porque la sociedad civil se involucró en un tema que es sensible e importante como las responsabilidades administrativas nutriendo las discusiones y el dictamen que hoy nos ocupa.
Esto debe recordarnos que el Servicio Público, no es una labor más, es un compromiso con la gente, y es nuestra responsabilidad que cada acto realizado en nombre de la gestión administrativa, sea llevado conforme a derecho y bajo los principios que rigen el servicio público.
Por lo anterior, esta Ley exige la presentación de las tres declaraciones, Patrimonial, de Intereses y la Fiscal Anual siembre bajo protesta de decir verdad.
Las cuales deberán respetar el derecho a la vida privada y a la protección de datos que cada uno de nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas, salvaguardando en todo momento las responsabilidades y la rendición de cuentas a que se encuentra obligado cualquier servidor público sin desproteger el derecho a la intimidad.
Es necesario reconocer que con esta ley se atiende un reclamo social. La ciudadanía quiere gobernantes íntegros y sin miedo a la rendición de cuentas, que ejerzan la correcta aplicación de la ley, erradicando así la corrupción en México. Obligación que hoy atendemos constitucionalmente con estricto apego al respeto a los derechos humanos.
Para eliminar la corrupción la base se encuentra en la legislación, pero este sólo es el primer paso más allá de su instrumentación en reglamentos y procedimientos de la consolidación constitucional. La corrupción no se terminará sin un cambio de fondo, arrancando de raíz el acto impune de corrupción en que vivimos.
Este es un mecanismo ambicioso que busca acabar con uno de los grandes males de nuestra sociedad y de nuestros gobiernos pero sobre todo es un instrumento que busca cumplirle a la sociedad para recuperar la confianza y hacer valer el pacto de representación que han depositado en nosotros
Por ello votaremos a favor del presente dictamen porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas otorga una herramienta a la ciudadanía para una efectiva transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Es cuanto señor presidente.
