Buenas tarde compañeras y compañeros senadores:
Quisiera comenzar por hacer un racionamiento a las organizaciones sociales, a las organizaciones de la sociedad civil, a los 634 mil ciudadanos firmantes de la iniciativa ciudadana, académicos y especialistas, hoy representados en el Mtro. Eduardo Bohórquez López, que participaron en el proceso de dictaminación de las leyes secundarias de anticorrupción.
Fue un proceso complejo, por la misma complejidad del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que su participación y sus propuestas han sido fundamentales para construir este entramado institucional y legal que tiene como fin prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción.
Reconozco también a las senadoras y senadores, a los presidentes de las comisiones dictaminadoras: al senador Alejandro Encinas Rodríguez, al senador Fernando Yunes Márquez y al senador Pablo Escudero Morales, por la conducción inteligente y atinada en este proceso de dictaminación.
Privilegiaron en todo momento el diálogo y el contraste de propuestas; estuvieron abiertos a recibir observaciones e integrarlas en los dictámenes y siguieron la metodología del parlamento abierto.
Hicieron política, hicieron política de la buena para alcanzar el mayor consenso posible en los dictámenes que el día de hoy están a discusión en esta reunión.
Lo anterior es fundamental porque para que el Sistema Nacional Anticorrupción, para que funcione y cumpla con los objetivos previstos, debe de contar con el mayor respaldo político.
Por ello reitero mi reconocimiento a ustedes y a todos los senadores que han participado en este intenso proceso.
Compañeras y compañeros, amigos que siguen la sesión por el Canal del Congreso y a través de las redes sociales:
En esta discusión mucho se mencionará del panorama actual y de múltiples encuestas e índices que colocan a nuestro país en lugares desventajosos.
En efecto, la corrupción es un problema con implicaciones económicas y sociales, que atenta contra la seguridad de ciudadanos como de las naciones.
Todas y todos coincidimos, la corrupción es un problema real que se infiltra y compromete el adecuado funcionamiento de las cosas. Impacta en la impartición de justicia, en la gobernanza, en la legitimidad, en la convivencia pacífica.
Identificado el problema, celebro el acuerdo y la disponibilidad para construir soluciones. En este momento nos encontramos finalmente, discutiendo el marco jurídico que dará dinamismo y operación al Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
Este momento es una muestra más de que cuando hay voluntad y responsabilidad, podemos llegar a buenos resultados.
Los avances logrados no agotan las oportunidades para continuar con la perfección del sistema.
En el Verde estamos conscientes que hay áreas de oportunidad en las cuales la puesta en operación del sistema, nos indicará aquello que es necesario ir adecuando.
Los esfuerzos que contiene este dictamen, reflejan meses de trabajo arduo y responsable de la sociedad civil, de senadoras y senadores, de las comisiones y desde luego de todo el equipo técnico que ha acompañado en el trabajo de estos dictámenes que hoy se discuten.
Los presenten dictámenes que hoy se presentan refuerza la gobernanza. Satisface las demandas sociales respecto a la transparencia, la rendición de cuentas y los gobiernos responsables.
La gobernanza es un elemento dinámico que se logra con la incorporación constante de instrumentos de vinculación entre sectores sociales, políticos y económicos.
Con el presente dictamen se incorporan elementos e instrumentos que permiten un gobierno interactivo que trasladan la colaboración en acción, mediante la inclusión de sistemas de coordinación de actores públicos y privados.
El dictamen contiene la expedición de tres leyes, que son:
1. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual establece las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
2. La Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece, valga la redundancia, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos y omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como el procedimiento para su aplicación.
3. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual impondrá sanciones a los servidores públicos que cometan faltas administrativas graves y a los particulares que participen en este tipo de actos, así como fincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones económicas que deriven de los daños que afectan los ingresos públicos.
El proceso de dictaminación que llevaron a cabo las comisiones dictaminadoras, pone los estándares de discusión parlamentaria muy altos.
Constituye una afirmación que debe convertirse en constante para este Congreso: la transparencia y la legitimación de las decisiones tienen que ser obligaciones permanentes.
Para el Partido Verde ha acompañado y participado activamente en todo el proceso.
El combate a la corrupción debe ser una tarea de autoridades y ciudadanía responsable.
Senadoras y senadores, continuemos en el diálogo permanente, dejemos a un lado las descalificaciones y nuevamente demos muestra de que con acuerdos, con apertura y con responsabilidad podemos lograr grandes acuerdos en favor de todas y todos los ciudadanos.
Seamos parte de la solución y no un pretexto que engrandece el problema.
Todos estamos a favor de ponerle el alto a la corrupción, es por ello que los invito a que apoyemos a que este dictamen siga su curso legislativo. Los invito a que votemos a favor y hagamos realidad este Sistema Nacional Anticorrupción.
Por su atención, muchas gracias.
