Con su venia de la presidencia. Compañeras y compañeros senadores:
El sistema jurídico mexicano, y particularmente el Derecho Punitivo, se encuentra inmerso en un momento histórico, en el que se transitará de un sistema inquisitivo hacia un sistema oral y acusatorio.
Debemos recordar que el pasado 18 de junio de 2008. El Constituyente Permanente aprobó una reforma a nuestra Carta Magna, por lo que se sientan las bases de un nuevo sistema de justicia penal, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Es evidente que con esta reforma, el Derecho Penal mexicano tendrá nuevas reglas, por lo cual el propio texto constitucional dio un plazo de 8 años para su adecuada implementación.
La próxima semana senadores se cumple el término fatal para la entrada en vigor del sistema penal acusatorio en todo el país, para lo cual los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, han venido realizando una serie de acciones para que los mexicanos contemos con una verdadera justicia penal.
La Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, ha llevado a cabo un esfuerzo sin precedentes, a fin de coadyuvar y brindar apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del sistema de justicia penal.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación se ha encargado del equipamiento y la capacitación de los operadores jurisdiccionales, los cuales serán la clave para el éxito del régimen de justicia penal.
El caso del Poder Legislativo ha sido fundamental, pues ha sido el órgano encargado de discutir y aprobar las leyes que establecen las reglas que regirán el nuevo sistema penal.
Gracias al esfuerzo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, en marzo de 2014 fue expedido el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, con reglas homogéneas en todo el país para el enjuiciamiento de las conductas consideradas como delitos.
A la par de lo anterior, las autoridades locales han replicado estos esfuerzos, a fin de implementar adecuadamente el sistema penal acusatorio en el ámbito de sus respectivas competencias.
El dictamen que se somete a nuestra consideración el día de hoy cobra la mayor de las relevancias, toda vez que contiene la llamada "miscelánea penal", como reforma a ordenamientos legales como:
· El Código Nacional de Procedimientos Penales;
· El Código Penal Federal;
· La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
· La Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal;
· La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro;
· La Ley de Amparo;
· La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
· La Ley Federal de Defensoría Pública;
· El Código Fiscal de la Federación, y
· La Ley de Instituciones de Crédito.
Las reformas que se proponen a estos ordenamientos legales resultan necesarias para armonizar las leyes que guardan relación con el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial.
Cabe recordar que esta minuta ya fue aprobada en 2014 por el Senado de la República, como Cámara de origen. Sin embargo, la Cámara de Diputados realizó una serie de modificaciones, en su calidad de Cámara revisora, las cuales fueron objeto de análisis y discusión por parte de las comisiones dictaminadoras.
En congruencia con los principios que rigen el Parlamento Abierto, que ha prevalecido en los trabajos del Senado de la República, este dictamen atiende las observaciones que autoridades, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, han hecho respecto de la llamada miscelánea penal.
En tal sentido, los legisladores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República votaremos a favor del dictamen que nos ocupa, pues las modificaciones a la minuta remitida por la Cámara de Diputados, concilian el espíritu de la iniciativa original con el régimen constitucional y legal del nuevo sistema penal acusatorio, salvaguardando sus principios y, sobre todo, la protección de los derechos humanos.
Sin duda alguna, la aprobación del presente dictamen redituará en la consecución de una verdadera justicia y el cumplimiento del Estado de Derecho, en beneficio del bienestar al que aspiramos todos los mexicanos.
Es cuanto Señor Presidente
