Me parece que tendremos oportunidad en el pleno de hacer un gran debate de frente a la nación respecto a este gran esfuerzo de 634 mil ciudadanos.
Efectivamente han venido al congreso a exigirnos a exigirnos y a pedirnos que tengamos una Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicas que, a su manera de ver las cosas, es lo que requiere este país.
La discusión tendrá que ser, varios aspectos tendrán que discutirse, la iniciativa ciudadana y replantear algunas cosas de las cuales nosotros estamos seguros.
Los fundamentos legales, el fundamento constitucional del 71 de iniciativa ciudadana, la Ley Orgánica del Congreso, la Ley Orgánica del Congreso que nos mandata escuchar a un representante legal de los 634 mil ciudadanos.
Ese es el mandato. Aquí podemos estar de acuerdo o no con lo que el representante legal de los ciudadanos viene a decirnos. Como legisladores, algunos creemos, porque así lo hemos recibido por oficio, que sí tiene un mandato legal el representante. El espíritu del legislador, en la reforma constitucional y en la Ley Orgánica quería eso, que tuviera un espacio antes de dictaminar, el representante legal de estos ciudadanos, de los 634 mil.
¿Podríamos escuchar nuevamente a los 634?
No. Ellos decidieron quién era su representante legal y así, el día de ayer vino aquí, a este Senado de la República a que lo escucháramos, a decirnos qué pensaba de lo que habían presentado y de lo que nosotros habíamos presentado también dentro de un dictamen. Y fue así que para no equivocarme, y cito textual, el representante de los 634 mil ciudadanos nos dijo ayer; consta en versión estenográfica:
"Proponemos que el Congreso abrace esta iniciativa en los términos de sus formatos, porque son los que la opinión pública conoció y promovió alrededor de esta iniciativa ciudadana".
"Y también –repito–, y también proponemos que sea el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Ciudadano, quien proponga al Comité Coordinador los formatos que anualmente se utilicen y las versiones públicas de los mismos".
Ayer, ese representante legal de los 634 mil ciudadanos, nos trajo un mandato. Podemos reconocerlo y conocerlo o podemos desconocerlo también; ese será el voto particular de cada quien.
Por nuestra parte, en el Grupo Parlamentario del PRI y del Verde, con gran sensibilidad hemos decidido acompañar ese mandato. Pero ese mandato viene validado de una serie de documentos que recibimos en la construcción de esta iniciativa, que no podemos desconocer porque está ahí, en ese formato de Parlamento Abierto recibimos una evaluación técnica del dictamen que hoy estamos presentando aquí.
Y vale la pena leerlo y si es necesario, releerlo: los ciudadanos, por medio de su representante legal, nos entregaron un análisis técnico de la iniciativa ciudadana de qué pedían y de qué era lo que tenía el dictamen; y así nos pusieron 30 reactivos, que voy a leer; 29 que dice sí, que están en sus términos", uno solo con observación, que es justamente después del mandato que recibimos de ayer, que hemos modificado por medio de un adéndum.
Esto, no hay mucho que opinar, es lo que ya nos presentaron los ciudadanos, es lo que todos conocen; ¿Qué dijeron? ¿Qué contiene esto?
Ley General que somete a un mismo régimen de responsabilidades a todos los órdenes de gobierno, órganos, entidades e instituciones.
Códigos de ética con implicaciones legales, están sujetos obligados, candidatos, líderes sindicales, equipos de transición y servidores públicos. Sujetos obligados particulares, con una serie de reactivos que los ciudadanos dicen que ya está en lo que estamos presentando el día de hoy.
Directrices de conductas en el servicio público. Todas las obligaciones que dirigen la conducta del servidor público; declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses; evaluación del patrimonio; plataforma digital para recibir declaraciones y verificaciones; tipos de corrupción, sus modalidades que están incluidos; tipos de corrupción que impliquen a personas físicas; herramientas especiales de investigación; autonomía de autoridades investigadoras; protección a testigos y obligación de investigación; capítulo de integridad de personas morales; procedimiento administrativo completo que separa las diferentes autoridades: aquellas que investigan, aquellas que sustancian y aquellas que van a sancionar.
Valoración libre de la prueba; proceso de responsabilidades equilibrado; sanciones para todos los posibles involucrados en actos de corrupción; amplias facultades del tribunal; recursos de revisión; sanciones agravadas y reducción de sanciones por confesión.
El único punto que contenía este dictamen en el que no estábamos cerca era en el tema de declaraciones patrimoniales, que ayer ha venido, insisto, el representante legal de los 634 mil ciudadanos a mandatarnos cómo lo hiciéramos y es lo que hemos adoptado en ese adéndum que hemos votado y que hemos presentado.
Respecto a las otras observaciones de la lectura del adéndum, podrán ver cómo acercamos posiciones. Aquellas posiciones, aquellas observaciones que consideraban que en algún sentido podría limitarse las facultades de la Auditoría Superior de la Federación han sido eliminadas en el adéndum que todos ustedes conocen para podernos acercar a esa visión.
Respecto a la impugnación de las faltas graves, bueno, pues ese era el dictamen; ese era el dictamen que estaba, que efectivamente decía que la impugnación en la calificación de una falta grave tenía que hacerlo el superior jerárquico de la construcción del adéndum que tienen en sus manos, podrán observar que eso se ha modificado; que no será el superior jerárquico el que conozca de la impugnación de una calificación grave o no grave.
En el adéndum hemos establecido específicamente que esa calificación será únicamente recibida por el superior jerárquico y enviada al Tribunal Fiscal para que sean ellos los que conozcan de esta calificación y puedan modificar o confirmar la calificación de ello.
Sin duda, otra de las inquietudes respecto al indulto, que no compartiría el tema indulto, es un artículo que todos conocemos, es un artículo que lleva años en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los que han trabajado en contralorías internas, en la Auditoría Superior y en los diferentes órganos conocen a la perfección.
Y es la facultad que tiene en ciertos casos la autoridad responsable de llevar a cabo un procedimiento de investigación y de inicio de responsabilidades de los servidores públicos después de haber dado garantía de audiencia, después de haber escuchado al servidor público, después de haber recibido las pruebas, después de haber valorado las pruebas, después de haber cerrado la instrucción y después de haber hecho esto, de decidir bajo una serie de circunstancias que siempre han estado en la ley, si este servidor público por única vez puede ser eximido de la responsabilidad en ciertos casos. Ese artículo no es nuevo, ese artículo todos lo conocemos, ese artículo a lo que obedece es a la posibilidad del error humano.
Los servidores públicos son humanos y se pueden equivocar, y justamente lo que está previniendo ese artículo es el error humano donde no hay dolo, donde no hay daño, donde no hay mala intención y donde es un error humano.
Es así como está estipulado.
Pero más aún, recibimos las observaciones de aquellos que les inquietaba justamente este artículo, y en el adéndum podrán encontrar ya la modificación a esto.
Aquella autoridad o aquel ciudadano que no esté conforme con que por única excepción no se haya sancionado, podrá recurrir no al superior jerárquico, porque hemos atendido las observaciones del PRD; podrá acudir al tribunal a presentar un recurso para que se reconsidere, para que se evalúe y para que se determine si se pudiera haber exceptuado al servidor público por ese error humano.
Es así, compañeros senadores, que nosotros estamos convencidos, el PRI y el Verde, en que no nos equivocamos, en que hemos cumplido con los 30 reactivos de la sociedad civil, están aquí, es un documento que hemos recibido.
Estamos convencidos de que el licenciado Bohórquez tiene la representación legal de los 634 mil ciudadanos. Estamos convencidos que lo que nos vino a decir aquí es un mandato de los 634 mil ciudadanos y por eso lo atendemos y por eso presentamos este adéndum.
Es así como termino, agradezco, envío un saludo y un agradecimiento afectuoso a todas las organizaciones de la sociedad civil, al CIDE, a FUNDAR, a la red por la Rendición de Cuentas, a la
Fundación Espinosa Iglesias, a la Barra Mexicana de Abogados y al Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque han hecho un gran trabajo de la mano con este Senado de la República.
De verdad lo digo: muchas gracias. Me siento muy contento con el dictamen que se presenta y en los términos que se hace.
Muchas gracias señores senadores.
