Con su permiso senador presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Sin duda alguna, los hechos violentos suscitados la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sacudieron a todo el país.
Más allá del origen, las causas y la competencia para atender el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal de Ayotzinapa, el Gobierno de la República ha demostrado que no es indiferente a los reclamos de justicia y esclarecimiento de lo sucedido, y desde que tuvo conocimiento de los hechos ha atendido puntualmente el caso.
Por ello, la Procuraduría General de la República, en estrecha colaboración con las autoridades locales, emprendió una investigación exhaustiva que incluyó entrevistas, diligencias, reconstrucción de hechos, peritajes y demás acciones que, no debe quedar la menor duda, se llevaron a cabo con todo el rigor científico, de manera imparcial y con los mejores recursos técnicos y humanos al alcance del Gobierno Federal.
Como resultado de estas investigaciones, caracterizadas por una complejidad inédita, el Gobierno de la República pudo concluir que los estudiantes normalistas fueron víctimas de una confusión desafortunada, en la que intervinieron miembros de la delincuencia organizada y autoridades locales corrompidas.
La tan mencionada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, puede resumirse en que: a la luz de las investigaciones realizadas y los recursos disponibles, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y sus restos arrojados a un río.
Insistimos en las características propias de estos lamentables hechos, pues además de la evidente violencia que registraron, las autoridades ministeriales tuvieron que lidiar con falta de información, ausencia de testigos y carencia de evidencias materiales contundentes de los delitos cometidos, al grado de tener que solicitar el apoyo de instituciones internacionales para el adecuado desarrollo de las investigaciones.
Sobra decir que, por ejemplo, la Universidad de Innsbruck, en Austria, sólo pudo identificar los restos de un estudiante en las muestras analizadas por las técnicas científicas y tecnológicas más avanzadas, lo cual pone de manifiesto la dificultad de la investigación.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos integró, a solicitud del Estado mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el que participaron expertos de todo el continente para coadyuvar en las investigaciones.
De esta forma, el desarrollo plural de las investigaciones, incluso con la participación de instancias internacionales, demuestra la apertura y transparencia del Gobierno de México, así como la voluntad de llevar este caso hasta sus últimas consecuencias, con la mayor certeza posible.
La memoria de las víctimas, la tranquilidad de sus familiares y el reclamo de justicia de todo el país, están de por medio, así que el Estado mexicano no debe claudicar en el esclarecimiento de los hechos.
Por ello, sin duda alguna es bien recibido el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pues abona a la disponibilidad de información y a la apertura de nuevas líneas de investigación.
En este sentido, desde el mismo día en que fue publicado el informe de este Grupo de Expertos, el Presidente de la República dio instrucciones para que los resultados de dicho informe sean tomados en cuenta en las investigaciones que, vale la pena recordar, en ningún momento fueron concluidas y continúan hasta la fecha, y se valoren puntualmente todas y cada una de las recomendaciones señaladas.
No obstante lo anterior, no se debe perder de vista que es el Estado mexicano y sus instituciones las que deben cumplir cabalmente con sus atribuciones en materia de procuración e impartición de justicia.
Por ello, los senadores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde damos la bienvenida a cualquier aportación que abone al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, pero también refrendemos nuestro voto de confianza en la responsabilidad y profesionalismo que las autoridades del Estado mexicano han demostrado en su actuación.
A nadie le debe quedar la menor duda de que el Gobierno de México es el primer interesado en conocer la verdad, no sólo por el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, sino por su compromiso con la justicia, así como para evitar que hechos lamentables como éstos vuelvan a empañar la tranquilidad de nuestro país.
