Con su permiso señor presidente:
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con las familias de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, “Raúl Isidro Burgos”.
El compromiso del gobierno con el derecho a la verdad ha sido indiscutible en octubre del año pasado, por iniciativa del propio Gobierno de la República se solicitó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de que acompañara las investigaciones, reconocemos el profesionalismo, imparcialidad y objetividad del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario, expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero bajo ningún contexto podemos desacreditar, desechar o descartar el trabajo de la Procuraduría General de la República.
Las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas son producto de una metodología sólida, trabajo de inteligencia y estricto apego a derecho.
Las divergencias entre los resultados de las indagatorias realizadas por el equipo especializado y las desarrolladas por las autoridades nacionales, lejos de generar controversias, deben ser punto de partida para contar con mayores elementos en el esclarecimiento total de estos hechos.
En todo momento, el Gobierno Federal se ha conducido con respeto, prudencia y responsabilidad. Prueba de ello es que la Procuraduría General de la República ha realizado las disposiciones procedimentales. Se ha tenido gran sensibilidad y comunicación con las víctimas. No podemos dejar de lado que las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República se tomó en cuenta la opinión, conocimientos y observaciones de prestigiosas instituciones de educación superior, entre ellas nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Al igual que todas las fuerzas políticas aquí concentradas, el titular del Ejecutivo Federal, tienen como objetivo principal que se haga justicia y se aplique la ley.
Es importante precisar que hay apertura para sumar todo aquello que aporte en el objetivo central, que es castigar a todas las personas implicadas por acción o por omisión, en este terrible acontecimiento. Cabe precisar que hasta el momento hay 110 personas aprehendidas.
Los hechos ocurridos en Guerrero, impactaron gravemente a nuestro país, y nos constriñen en la obligación de agotar todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, que nos permitan devolverle la confianza, tranquilidad y seguridad a la población mexicana.
Si algo caracteriza a las investigaciones emprendidas por la Procuraduría General de la República, es la legalidad, el profesionalismo y el firme compromiso con la verdad. Por su parte, la actuación del Gobierno Federal se encuentra revestida de sensibilidad y cercanía con las familias de las víctimas. Así ha quedado acreditado en diversas ocasiones.
Como en todos los asuntos de trascendencia nacional, el Gobierno Federal se ha mostrado receptivo al diálogo que contribuya al esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
Ha tenido la apertura para incorporar la participación de otros actores, como lo son la academia, especialistas y organismos internacionales. Hoy lejos de desestimar, desvirtuar o desechar el trabajo realizado por las instituciones dedicadas a impartir justicia en nuestro país, nos corresponde dar seguimiento a las acciones que se emprenderán a partir de los hechos del informe de los Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Si hoy estamos aquí en esta tribuna sosteniendo este debate en torno a este lastimoso tema, es sin duda alguna porque el Gobierno Federal ha contribuido también desde el principio a tener esa apertura para que viniera gente del interior a revisar lo actuado.
Por ello yo celebro que haya un debate constructivo en torno a este tema y podamos resolverlo pronto este tema que tanto lastima a nuestro país.
Es cuanto señor presidente.
