- PVEM señalan que recuperar una vivienda despojada es un acto de justicia social
- Propone medidas rápidas para que víctimas vuelvan a ocupar sus casas mientras avanza el juicio
El problema de los despojos en la Ciudad de México sigue creciendo y miles de familias viven con miedo de perder el patrimonio que construyeron durante años. Ante esta situación, el diputado Jesús Sesma Suárez del PVEM hizo un llamado para atender con urgencia este problema que afecta directamente la tranquilidad y seguridad de las personas.
Desde tribuna, denunció que actualmente las víctimas enfrentan procesos lentos, burocráticos y desgastantes para recuperar su patrimonio, mientras quienes invaden inmuebles permanecen dentro del mismo durante meses o incluso años.
“Perder una casa no es solo perder paredes, es perder tranquilidad, seguridad y el esfuerzo de toda una vida”, señaló el legislador.
La propuesta plantea que las personas afectadas puedan recuperar provisionalmente la ocupación de su inmueble mientras se desarrolla el juicio, siempre que acrediten ser propietarias. Además, se busca que jueces resuelvan estas solicitudes en un máximo de 30 días hábiles para evitar que las víctimas sigan esperando durante años.
De acuerdo con cifras nacionales, entre enero y marzo de este año se registraron más de 6 mil 700 denuncias por despojo en el país.
La Ciudad de México se encuentra entre las entidades con más casos, lo que ha generado preocupación entre familias que temen perder su patrimonio, “esto no es un tema técnico, es un acto de justicia social”, señaló Sesma Suárez.
- Menores navegan por plataformas digitales sin supervisión
El uso sin control de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes a encendido las alarmas en el Congreso capitalino, por ello la diputada Elvia Estrada Barba subió a tribuna a presentar una iniciativa para solicitar la regulación al acceso a internet y proteger la seguridad de estos usuarios.
Hoy, miles de menores navegan todos los días en plataformas digitales sin filtros ni supervisión suficiente, lo que los deja expuestos a situaciones graves como ciberacoso, engaños por parte de adultos (grooming), robo de datos personales e incluso explotación en línea.
Ante este panorama la legisladora advirtió que no se trata de casos aislados. El problema existe y va en aumento, afectando la salud emocional, la seguridad y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
"Las redes sociales pueden ser una herramienta útil, pero también un espacio peligroso cuando no hay reglas claras", señaló Estrada Barba.
Actualmente, aunque existen leyes que reconocen el derecho de acceso a internet, no hay una regulación específica que obligue a las plataformas a proteger de manera efectiva a menores de edad.
Por ello, la propuesta plantea poner orden en el mundo digital con medidas concretas como: Control de acceso por edad, Mayor supervisión de madres y padres, Responsabilidad directa de las plataformas y Filtros de contenido más estrictos.
La legisladora insistió que no se trata de prohibir el uso de redes sociales, sino de hacerlas más seguras, "hoy no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras niñas y niños están en riesgo frente a una pantalla".
Finalmente, hizo un llamado a actuar con urgencia para proteger a la niñez en el entorno digital, antes de que los daños sean mayores.
Con el objetivo de enfrentar la crisis ambiental que vive el país, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX presentó una iniciativa para que el servicio social de las y los estudiantes tenga como prioridad la protección del medio ambiente.
Durante su intervención en el Pleno, el legislador del Partido Verde destacó que México ya enfrenta problemas graves como sequías, contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad y mala calidad del aire, lo que hace urgente tomar acciones concretas.
Recordó que la Constitución reconoce el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano, pero señaló que este derecho debe cumplirse con hechos y no solo quedarse en el papel.
La propuesta de los ecologistas busca reformar el artículo 137 de la Ley General de Educación para que el servicio social deje de ser un trámite administrativo y se convierta en una herramienta real de apoyo a las comunidades y al planeta.
Entre las acciones que podrían realizar las y los estudiantes destacan: Participar en programas de reforestación, Apoyar en el cuidado y manejo del agua, Promover la educación ambiental y Colaborar en el manejo de residuos.
También se planteó que esta medida permitiría movilizar a más de 4 millones de jóvenes en todo el país, convirtiéndolos en agentes de cambio frente al cambio climático.
Esta iniciativa está alineada con compromisos internacionales como el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y la Agenda 2030.
Finalmente, se hizo un llamado a respaldar esta propuesta, al considerar que fortalecer el servicio social con un enfoque ambiental ayudará a formar una juventud más consciente, comprometida y preparada para los retos del futuro.