Gracias, presidenta.

Buenas tardes, compañeros y compañeras, como ya sabemos, los órganos internos de control son una pieza fundamental del sistema de anticorrupción. Sus funciones son vigilar, controlar y hacer una evaluación gubernamental del trabajo de los funcionarios.

Por ser la jurisdicción para atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas cometidas por servidores públicos.

Su objetivo principal es erradicar los abusos de quienes no cumplen con la ley y de quienes dañan la reputación de millones de servidores públicos.

Para el caso de los órganos internos de control, de los organismos constitucionalmente autónomos, el nombramiento de estos titulares es una facultad exclusiva de esta Cámara, esto es a raíz del decreto de la Constitución de 2015 que creó el Sistema Nacional de Anticorrupción.

Ahí se nos otorga, a esta Cámara esa facultad. Este procedimiento evidentemente no estaba establecido de manera legal, y el pasado mes de enero se hicieron las reformas correspondientes a diversas leyes de estos organismos y de la misma Cámara para establecer un procedimiento que tuviera las mismas características para todos los titulares de estos organismos constitucionalmente autónomos, que fueran los mismos requisitos, que fuera el mismo tiempo de duración, etcétera. Ahorita mismo los voy a referir.

La legislación secundaria para el nombramiento de estos funcionarios tenía varias asimetrías, los plazos eran desiguales, la denominación que se les daba a estos titulares también era diferente, y en esa tesitura fue que aprobamos la reforma que acabo de referir.

Y esto dio origen a que de manera armónica quedara establecido este procedimiento para su nombramiento, designación y causales de remoción de estos titulares. Sin embargo, en el artículo segundo transitorio del decreto del 27 de enero de este año, había algo que era conveniente perfeccionar.

Es por ello que se presentó una iniciativa en el grupo parlamentario del Partido Verde, que es parte también de este dictamen, cuyo objetivo era establecer de manera clara y precisa los procedimientos de designación y que quedara establecido, sin lugar a dudas, quienes iniciarían y en qué condiciones este procedimiento a raíz de la convocatoria que está por publicarse.

Con excepción de los que tienen vigencia de duración en el cargo, que de manera específica es el INE, porque la tiene en el artículo 41 constitucional, en ese tenor tenemos que la Cofeco, el Ifetel, el Inegi, el INAI, todos estos tienen un encargado de despacho, es decir, están vacantes; mientras que la CNDH y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tienen un titular nombrado en el enero del 2015 y septiembre de 2014, respectivamente.

Todos estos que acabo de referir, entrarán en el proceso de nombramiento de esta Cámara, y aquí cito al diputado Rogerio Castro, autor de la otra iniciativa que se dictamina en este dictamen, quien atinadamente precisó en su iniciativa que con esta reforma se podría llevar a cabo el nombramiento de seis de los siete órganos constitucionalmente autónomos sin trastocar el Estado de Derecho. Es decir, darles una certeza a los que ya estaban en funciones antes de mayo del 2015, el INEE y la CNDH.

Esto quiere decir que estos nuevos seis nombramientos entran al proceso con el mismo piso, empezarán con la convocatoria y tendrán los mismos requisitos, serán sujetos de responsabilidad administrativa, rendirán un informe semestral y anual, durarán en su encargo cuatro años, y al término de estos cuatro podrán participar nuevamente en otro procedimiento por cuatro años más. Y por supuesto, tendrán la dotación de una autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y sus resoluciones.

Este es el procedimiento que establecimos en el decreto de enero de este año y que perfeccionamos con el presente dictamen. Es un ejercicio más preciso y más transparente, para que esta facultad de la Cámara quede íntegra.

En el grupo parlamentario del Partido Verde estamos a favor de fortalecer el combate contra la corrupción, y dotar de certeza jurídica todo procedimiento que designe algún funcionario.

Es cuanto, presidenta.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO