Con la venia señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.
Esta Soberanía en ningún momento será el verdugo del pueblo de México. Cabe resaltar que de aprobarse el presente dictamen se notificará la procedencia al Congreso de Sinaloa para que éste realice lo conducente. Por tanto, esta Cámara de Diputados no está juzgando ni mucho menos condenando a nadie, toda vez que enjuiciarla y sentenciarla corresponderá en su momento a las autoridades judiciales y no a esta Soberanía, la cual solamente se pronuncia para que se retire la protección Constitucional a la inculpada, a efecto de que las autoridades competentes puedan realizar su trabajo de investigación, enjuiciamiento y en su caso fincar las responsabilidades administrativas o penales.
El Estado de derecho consiste en que la actividad estatal se sujete a la Constitución y a los ordenamientos aprobados conforme a los procedimientos que ella establezca. En este sentido, la consolidación, desarrollo y fortalecimiento del Estado de derecho depende fundamentalmente de que quienes detentan los cargos del servicio público se apeguen de modo irrestricto a la ley, especialmente cuando se trata de aquellos que se encargan de hacer y modificar las normas que rigen la convivencia social en nuestro país.
El hecho de que cualquier servidor público permita, encubra o participe de cualquier forma en actividades vinculadas con la ilegalidad, o bien, que se relacione o tenga conexión alguna con la delincuencia organizada es algo que debemos condenar enérgicamente porque lastima de manera profunda a una sociedad que sufre todos los días las consecuencias de las actividades criminales.
Es por ello que resulta de gran importancia evitar que la delincuencia pueda permear dentro de la estructura de gobierno a cualquier nivel, pero sobre todo en aquellos servidores públicos que representan a la sociedad. Una sociedad que demanda de nosotros trabajo, responsabilidad, transparencia y honestidad.
La política es un elemento transformador que debe ser vista como una herramienta para mejorar nuestra realidad, por ello no podemos permitir que el poder corruptor contamine la política, pues ello sería ir en contra de nuestro compromiso republicano de velar en todo por el bien y la prosperidad de nuestra nación.
La peligrosa vinculación entre la política y el crimen organizado debe sancionarse de acuerdo a la ley, pero debe sancionarse de manera ejemplar para evitar que este tipo de conductas se repitan. Este pleno tiene hoy en sus manos la posibilidad de mandar un mensaje claro de que en este país nadie puede estar al margen de la ley, y de que el fuero no es un impedimento para hacerla cumplir.
En un contexto en el que la ciudadanía nos exige que en los hechos, y no sólo en la forma, la ley sea igual para todos resulta ineludible actuar para que quien cometa un delito no pueda sustraerse a la acción de la justicia del amparo del fuero.
Es importante que los propios servidores públicos seamos los que abanderemos una batalla frontal en contra de quien no respete la ley e incurra en conductas contrarias a la misma, sin embargo, es igualmente importante ser responsables de la gravedad que tiene el hecho de realizar sin fundamento acusaciones en este sentido, porque ello no hace más que desprestigiar y deslegitimar a la política y a los que participamos en ella. También, pues que no se culpe a la gente que no tiene nada que ver.
El Partido Verde Ecologista de México siempre ha sido un impulsor de disposiciones normativas que promuevan el actuar de los servidores públicos, muchas de estas directrices fueron retomadas, por ejemplo, en el Código de Ética, que aprobado en la sesión anterior, porque fue un compromiso de conducirnos de manera legal y transparente en nuestro ejercicio como legisladores.
Por lo anterior votaremos a favor de la resolución del presente dictamen y a favor de que el Estado mexicano actúe de manera firme y decidida frente a un hecho tan grave como lo es la vinculación de la política con el crimen organizado.
Es cuanto, presidente.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
