Compañeras y compañeros legisladores;
Hoy discutimos la reforma constitucional al artículo 73, que faculta al Congreso para emitir una ley general en materia de feminicidio. Reconozco la visión y la sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender este tema, ya que hay momentos en la historia en los que el derecho deja de ser letra y se convierte en urgencia y en ese momento estamos hoy.
Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, no hablamos de un fenómeno reciente. Hablamos de una herida histórica, profunda, persistente y, durante mucho tiempo, invisibilizada. México no llegó tarde por falta de leyes, sino por falta de reconocimiento de este problema.
Fue en la primera década del siglo XXI, y lo digo también desde la experiencia de haber participado en las mesas de redacción en 2006, cuando comenzamos a construir uno de los pilares más importantes de nuestro marco jurídico: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007.
Aquella ley no nació de la comodidad institucional; nació del dolor, del eco de Juárez, de esa ciudad donde cientos de mujeres perdieron la vida, de nombres que dejaron de ser estadística para convertirse en exigencia de justicia. Esa ley significó más que un ordenamiento: fue el reconocimiento del Estado mexicano de que la violencia contra las mujeres no es, ni era, un asunto privado, sino un problema estructural, público y profundamente político.
Pero el derecho evoluciona, o debería evolucionar, para acompañar los problemas sociales. Fue así que, hasta el año 2012, México dio un paso decisivo al reconocer el feminicidio como un delito autónomo en el Código Penal Federal. Ese no fue un momento menor. Nombrar el feminicidio fue, en sí mismo, un acto de justicia; fue la ruptura con el pacto patriarcal. Porque lo que no se nombra no existe en el derecho; porque sin tipo penal no hay delito ni pena; porque, si no existe en el derecho, rara vez encuentra eco en los tribunales.
Hoy, las cifras nos interpelan con crudeza, y además varían. En 2025, el CEPAL reportó 1.3 feminicidios al día; el INEGI, 2.5; y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1.8 diarios. Pero la falta de armonización no solo está en las cifras ni en las leyes. En enero de 2025 hubo 241 muertes violentas de mujeres, y solo 54 fueron investigadas como feminicidio.
Cada una de ellas no era un número: era una mujer con nombre, apellido, familia y personas que aún la extrañan. Estas cifras no solo reflejan violencia, sino también omisión, desigualdad en el acceso a la justicia y un sistema fragmentado, donde el lugar del crimen determina el destino del caso.
Ahí radica uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo legislativo. Pensar en el mosaico jurídico desigual de nuestro país es alarmante. Un sistema armonizado es lo que se pretende construir en 180 días, porque hoy en México la tipificación del feminicidio varía según la entidad, y los criterios para acreditar las razones de género no son uniformes, ni tampoco los protocolos de investigación, que en muchos casos siguen careciendo de perspectiva de género.
Esto no es solo un problema técnico, es un problema ético, porque significa que el valor de la vida de una mujer puede variar según el lugar donde se encuentre. Y en un Estado constitucional de derecho como el nuestro, eso es inadmisible.
Por eso es fundamental avanzar hacia una ley general en materia de feminicidio. No es una opción, es una obligación histórica. Una ley que armonice criterios, establezca bases mínimas obligatorias, garantice investigaciones con perspectiva de género desde el primer momento, evite la revictimización y no solo reaccione, sino que también prevenga y repare. Porque la justicia no termina en la sanción.
La prevención, compañeras y compañeros, es el verdadero desafío. Prevenir implica educación, políticas públicas coordinadas y entender que la violencia feminicida no comienza con el crimen, sino con la normalización de la desigualdad.
Hoy debemos escribir una nueva historia: una donde la ley no solo castigue, sino que transforme; donde el Estado no solo reaccione, sino que prevenga; donde la justicia no dependa del territorio en el que se esté, sino de un principio de equidad.
Compañeras y compañeros, legislar en esta materia es un acto de memoria, de dignidad y de responsabilidad con las generaciones futuras. Hoy no estamos discutiendo solo una ley; estamos definiendo qué tan en serio, en México, tomamos la vida de las mujeres.
Por ello, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor de esta propuesta.
Es cuanto.
