Con el permiso de la presidencia;
Compañeras y compañeros legisladores;
Esta reforma a la Ley Federal de Derechos propone una serie de ajustes fundamentales en diversos sectores, con el objetivo de mejorar tanto la recaudación fiscal como la protección de nuestros recursos naturales y el bienestar de nuestra población. Esta reforma no solo responde a una necesidad económica, sino también a un compromiso con la equidad social y la sostenibilidad ambiental.
Estas modificaciones responden a una visión de largo plazo. No solo se trata de aumentar las cuotas y tasas impositivas, sino de hacerlo de una manera que promueva la justicia social, apoyando a los grupos vulnerables como pueblos indígenas, afromexicanos, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes se beneficiarán de exenciones y ajustes especiales en aras de facilitar su acceso a derechos y servicios.
Entre las propuestas que se plantean está el incremento del 20 por ciento en las cuotas que deben pagar los visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas en nuestro país. Con este ajuste se aumentarán los recursos destinados a proyectos estratégicos que beneficien a la nación, siendo esta una medida que apunta a una mayor justicia fiscal y social.
Otro de los aspectos importantes de las reformas planteadas es la distribución de los ingresos por derechos turísticos, destinando el 67 por ciento de los recursos al fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional y el restante 33 por ciento a la Tesorería de la Federación. De esta manera, se asegurará que los fondos se utilicen en proyectos de desarrollo social y en la protección de nuestros recursos naturales.
En el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión, se introduce la exención del pago de cuotas para la solicitud y la expedición de concesiones, así como para las prórrogas de concesiones en el caso de grupos de voluntarios que realizan labores de rescate y auxilio y servidores públicos certificados en protección civil. Esta medida tiene como objetivo incentivar la participación de estos actores clave en situaciones de emergencia.
Asimismo, en el ámbito de las actividades extractivas, la reforma propone un aumento en la tasa del derecho especial sobre minería, así como en la tasa del derecho extraordinario. Estos ajustes buscan que el sector minero contribuya de manera más justa al desarrollo del país, especialmente en las comunidades que se ven afectadas por las actividades extractivas.
Del mismo modo, se contempla la modificación de la distribución de los recursos por concepto de recaudación minera, reduciendo la asignación de aquellos destinados a la minería para que los fondos se destinen a mejorar los centros educativos, se fortalezcan los servicios de salud e infraestructura y se promueva la inversión física con impacto social y ambiental.
En cuanto a la protección de nuestras Áreas Naturales Protegidas, se plantea un incremento en las cuotas que se cobran por la realización de actividades recreativas en estas zonas, con el objetivo de que el turismo registrado en éstas contribuya a su adecuada conservación y protección.
Además, se establecen descuentos significativos del 75 por ciento para profesores, estudiantes y habitantes de zonas marginadas, así como 50 por ciento para visitantes nacionales y extranjeros residentes en el país. Este ajuste no solo busca financiar la conservación de los ecosistemas, sino también garantizar el acceso a estos espacios para sectores de la población con menos oportunidades para disfrutar de ellos.
Finalmente, se establece que las deducciones al pago de derechos por la compra de aparatos de medición relativos al agua deban ir acompañadas de un comprobante fiscal y cumplir con las especificaciones emitidas por la Comisión Nacional del Agua. Esta disposición asegurará que los dispositivos utilizados para medir el uso de los recursos hídricos sean de calidad y estén alineados con los estándares técnicos, lo cual resultará crucial para la eficiencia y transparencia en las mediciones.
En conclusión, este conjunto de reformas a la Ley Federal de Derechos es necesaria para que nuestro país pueda avanzar hacia un futuro más justo, equitativo y sostenible.
Los ajustes en las tasas y cuotas para sectores como la minería y el turismo, junto con las exenciones y beneficios para grupos vulnerables, permitirán equilibrar las necesidades de ingresos con la responsabilidad social y ambiental. Esta reforma es una oportunidad para mejorar nuestra infraestructura, proteger nuestros recursos naturales y, sobre todo, garantizar que el progreso de nuestra nación sea inclusivo y benéfico para las y los mexicanos.
Es cuanto, muchas gracias.
