Con el permiso de la presidencia;
Compañeras y compañeros legisladores,
En México de los casi 47 millones de mujeres mayores de 15 años, es decir, un 66 por ciento de la población, que representa a 31 millones de mujeres, han sufrido algún tipo de violencia.
Lo anterior da cuenta de la gravedad de una situación que lamentablemente se ha convertido en un hecho cotidiano, especialmente para quienes sufren de violencia doméstica, pues para muchas mujeres y niñas mexicanas el riesgo de ser maltratadas es mayor donde realmente deberían estar seguras.
A pesar de que cada vez existen más mecanismos que permiten contabilizar y visibilizar el número de víctimas de violencia, lo cierto es que existe un sub-registro de la violencia doméstica, pues ésta en muchas ocasiones no deja marcas en el cuerpo, sino que se ejerce a través de gritos, humillaciones y descalificaciones que nunca se denuncian.
Lo anterior propicia que se reste importancia a muchas de las muestras de violencia contra las mujeres, las cuales representan el preámbulo de manifestaciones más violentas y graves que pueden provocar lesiones atroces y llevar a quien las sufre, a la discapacidad, mutilación, pérdida irremediable de la salud mental y, en algunos casos, la muerte.
En este sentido, se han emprendido diversas acciones para su prevención, atención y erradicación, una de ellas es el establecimiento de refugios para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos.
Estos espacios fueron creados con la articulación de esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil, para proteger la vida y la integridad de las mujeres y promover su acceso a la justicia.
Estos espacios, en donde se brinda atención especializada e integral de manera gratuita a las víctimas de violencia, hasta el momento han sido un mecanismo efectivo para poner a las mujeres a salvo de sus atacantes y en muchos casos, han podido salvar sus vidas.
No obstante, el número de refugios existentes en el país resulta limitado para atender la demanda de las mujeres víctimas de violencia, mismo que se incrementó en el contexto de la pandemia, violencia que se agudizó a causa del confinamiento en los hogares.
Desafortunadamente, el número de refugios es insuficiente en los estados y los municipios y los refugios existentes no tienen el presupuesto que se requiere para dar atención óptima a las mujeres en esta red.
Por ello, la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Verde da origen a este dictamen, el cual propone adicionar un párrafo al artículo 40 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de contribuir a la lucha contra toda clase de violencia de género, el cual, dada la gravedad de la situación por la que atravesamos en el país, debe ser una causa que nos una a todos.
La idea principal es establecer la obligación de la Federación, las entidades federativas y los municipios de instrumentar las medidas presupuestales y administrativas necesarias, a fin de garantizar la asignación ágil y oportuna de recursos para la creación, operación y fortalecimiento de los refugios que hoy existen y se puedan implementar más, por lo menos, uno por cada municipio.
Consideramos que con lo anterior sumamos a la ineludible tarea de fortalecer las leyes y las políticas públicas destinadas a la atención, prevención y erradicación de la violencia de las mujeres y niñas de México.
Es cuanto, muchas gracias.
