Con el permiso de la presidencia;
Buenos días, compañeras y compañeros diputados;
El día de hoy presento ante ustedes dos iniciativas. La primera que adiciona el artículo 18 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con la finalidad de promover una participación más activa de los pueblos y comunidades rurales del país en la presentación de estudios, planes y programas para el desarrollo de proyectos ante las entidades federativas y los municipios.
Bajo esta lógica, propongo establecer que en el caso de que una persona que presenta los estudios, planes y programas referidos sea integrante o miembro de una etnia, pueblo o comunidad indígena y el proyecto sea propuesto en algún municipio o zona del que forme parte, las dependencias y entidades deberán informar, en breve término y de manera constante, el estatus que guarda el desarrollo del proyecto.
Así mismo, propongo que, si se aprueba la realización del proyecto, las entidades y dependencias deberán conformar un comité en donde participen integrantes y miembros de la etnia, pueblo o comunidad indígena para que estén activos en la vigilancia, verificación y resolución de la obra pública.
Esto le va a abrir los ojos a nuestra gente, va permitir hacer comparativos de presupuesto, vamos a poner un freno a gran parte del recurso que se está yendo en diezmos y en algunos otros temas, en los municipios y en la ejecución de las obras.
Igualmente, se deberá respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de los planes, programas y proyectos de obras públicas, con el propósito de que sus integrantes y miembros puedan participar en la asignación o licitación de la obra pública.
Lo anterior no tiene otro propósito más que atender las demandas y exigencias de la ciudadanía de ser escuchados, para garantizar que éstas no tengan impactos negativos en su vida cotidiana, que sean funcionales, que estén bien hechas que no se inflen los costos de las mismas y que sean lo más benéficas para la comunidad en la cual se desarrollan.
Se trata entonces de reforzar la transparencia, la participación y colaboración de la sociedad en todos los ámbitos de gobierno y de generar nuevas oportunidades de desarrollo, cerrándole la puerta a la corrupción y a los favoritismos en la asignación de obra pública.
La otra iniciativa tiene el objeto de brindar mayor certeza y marco jurídico a los transportistas nacionales especialmente aquellos que prestan el servicio de transporte de pasajeros de los pueblos y comunidades rurales del país, a quienes actualmente se les otorga un permiso para transitar en caminos federales sólo los regulan con leyes locales, se le conoce como transporte tolerado, por las unidades humildes que utilizan, no entran en algunas de las modalidades para ser atendidos por permisos federales y hoy están siendo objeto de sanciones de parte de muchas autoridades
El permiso que se les concede está sujeto a ciertos requisitos, acuerdos y condiciones difíciles de cumplir y se les expone a multas y sanciones que afectan su ingreso y encarece el costo del transporte para los usuarios.
La principal restricción que enfrentan los transportistas son los puntos de ascenso o descenso que se encuentran en los caminos federales, así como los tramos que deben recorrer para llegar a sus destinos.
En este sentido, propongo corregir esta situación, estableciendo que el permiso otorgado tenga carácter definitivo y que, en todos los casos, los transportistas autorizados por las autoridades estatales o municipales tengan el derecho de que se les otorgue, mediante escrito, un permiso provisional expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para usar los caminos de jurisdicción federal.
Para entender estas reformas tenemos que ver a través de los ojos de nuestras comunidades indígenas, ver lo que sufren, cómo se rigen con una asamblea y solamente así, podemos empezar a cambiar su forma de vida para que les vaya mejor.
Es cuanto.
