Con la venia de la presidencia;

Con la aprobación por parte de la mayoría de las legislaturas estatales del reconocimiento en el texto constitucional del derecho a la movilidad, éste podrá ser ejercido por las y los mexicanos en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sustentabilidad, calidad, inclusión e igualdad, las cuales deberán estar previstas en la Ley General que distribuya las competencias y establezca las bases de coordinación en la materia.

Desarrollar políticas públicas para materializar de manera transversal derechos sociales que tienen un impacto directo en el ejercicio de otras garantías como lo es el caso de la movilidad es una exigencia de los ciudadanos que ahora el Estado estará obligado a cumplir.

La movilidad es un concepto multidisciplinario el cual hasta ahora no se identificaba comúnmente como un derecho fundamental, por ello es importante reconocer la existencia de éste y la necesidad de ser tutelado, así como la gran variedad de formas en las cuales las personas nos movemos, por nuestros propios medios o por vía de un agente externo, como un vehículo privado o el transporte público.

Las condiciones en las cuales se ejerce el derecho a la movilidad deben permitir la satisfacción de las diversas necesidades de las personas, así como la inclusión de grupos que hasta ahora han visto limitado su acceso al mismo, como lo son las personas con discapacidad.

Al volverse la movilidad parte del régimen constitucional, todas las autoridades, sin excepción alguna, tienen la obligación de promoverla, respetarla, protegerla y garantizarla, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este sentido, deberemos prepararnos para una discusión profunda que nos permita lograr la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la movilidad, lo cual impactará atribuciones municipales, estatales y federales en los más diversos ámbitos, como lo son la planeación, urbanización, asentamientos humanos, ordenamiento territorial, construcción, mantenimiento de calles y espacios públicos, normas de tránsito, entre otros.

Se trata de que el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad se traduzca en peatones y ciclistas que se sientan más seguros, en proyectos de transporte público que brinden a los usuarios eficiencia, comodidad, rapidez, limpieza y menor vulnerabilidad frente a la delincuencia, al tiempo de propiciar una mejor planeación urbana enfocada principalmente a la sustentabilidad y a tener ciudades más amigables no sólo con el medio ambiente sino con quienes las habitan.

Celebramos que hoy se reconozca que el derecho a la movilidad es un derecho habilitante de otros, como la educación, el libre tránsito, la salud, la igualdad, la libertad, la seguridad, la vivienda, el esparcimiento sano y la cultura.

Aplaudimos igualmente la ampliación de los derechos de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que se ejercen de forma colectiva, como el que hoy reconocemos a fin de que las personas se desplacen en condiciones dignas, teniendo en cuenta que éstas son la puerta de acceso a una mejor calidad de vida y al bienestar.

Es cuanto, muchas gracias.