Con la venia de la presidencia.

El Estado mexicano cuenta con deudas históricas y compromisos sociales con los grupos indígenas en nuestro país en los más diversos ámbitos, que van desde su integración, acceso a la justicia, igualdad de acceso a las oportunidades, crecimiento, empleo y desarrollo.

La reforma constitucional en materia indígena publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, en su artículo segundo, Apartado A, reconoció y garantizó el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia, a la autonomía, para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Otro gran paso legislativo en favor de nuestros pueblos originarios es la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.

No obstante, el esfuerzo por la conservación, difusión y propagación de ciertos contenidos públicos en lenguas indígenas, sin duda ha sido hasta hoy un esfuerzo insuficiente.

La reforma que hoy se discute, propone dar un nuevo lugar, posición y tratamiento a las lenguas indígenas en nuestro país, y al especial papel que representan en la sociedad y el pueblo mexicano.

Además de ello busca generar un marco de reconocimiento y garantía a las lenguas indígenas desde nuestra constitución, al considerarlas parte del patrimonio cultural de la nación por lo que el Estado estará obligado a promover su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso.

Y a promover una política lingüística multilingüe, que propicie que las lenguas indígenas alternen en igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados.

Habrá quienes digan que con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, ya contamos con disposiciones normativas obligatorias y exigibles al Estado, que reconocen que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales que por su origen histórico tienen igual validez.

Sin embargo, no debemos olvidar la obligación que tenemos como Estado mexicano de respetar tratados internacionales, que al tratar sobre derechos fundamentales o humanos, se encuentran en la misma jerarquía normativa que nuestra Constitución Política.

Como es el caso de los derechos lingüísticos que también se encuentran protegidos en instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas.

Por ello, reconocer las lenguas indígenas y promover su uso, mediante una Ley General, es insuficiente, cuando normas superiores, es decir tratados internacionales, reconocen un mayor abanico de derechos en beneficio y favor de la conservación, difusión y sobre todo validez de las lenguas indígenas de nuestro país.

En conclusión, celebramos que a través de las propuestas de los grupos parlamentarios, se haya tomado la decisión de proteger a nuestros pueblos y comunidades indígenas.

Como grupo parlamentario del Partido Verde estamos a favor porque esta reforma reconoce como lenguas nacionales y con el mismo valor, al español y a las lenguas indígenas.

Además se garantiza que las lenguas indígenas formen parte del patrimonio cultural de la nación, por lo que el Estado promoverá su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso, y se propiciará que las lenguas indígenas alternen en igualdad con el español en todos los espacios públicos y privados.

Por todo lo antes expuesto, el Partido Verde Ecologista de México, votará a favor del presente dictamen

Es cuanto presidenta.

PARTIDO VERDE