Compañeras Diputadas; Compañeros diputados:
Nos queda claro que esta reforma que estamos aprobando implicará una gran transformación que necesariamente requiere de un esfuerzo presupuestario del Estado Mexicano.
Entre sus bondades, la reforma reitera el interés superior de las niñas, niños y adolescentes como valor a tutelar en materia educativa; elevar a rango constitucional el derecho de los maestros a la formación, la capacitación y la actualización, a la medida de sus necesidades y con miras a mejorar su práctica docente; da énfasis a la equidad, la inclusión educativa y la multiculturalidad; y deja intacta la autonomía universitaria, que es un tema que han peleado muchos los rectores de las distintas universidades del país.
En particular establece la obligación para el Estado Mexicano, otorgar educación superior a toda persona que tenga el interés de estudiar una carrera universitaria y cumpla con los requisitos para cursar este nivel educativo.
El artículo 3º Constitucional, señala que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo Constitucional, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.
Para cumplir con esto, ocupan recursos que la reforma no asegura, por lo que proponemos una la reserva que proponemos adiciona un párrafo a la fracción VII del artículo 3º Constitucional, a fin de dejar clara la obligación del Estado de proporcionar recursos suficientes para que las instituciones de educación superior cumplan con sus obligaciones.
Estamos proponiendo la adición de un segundo párrafo la fracción X del mismo artículo constitucional, a fin de establecer la obligación de destinar al menos recurso público equivalentes al 2% del Producto Interno Bruto Nacional, para garantizar las funciones sustantivas de las Universidades autónomas por Ley.
Estos recursos significarían una inversión que permitiría solventar los pasivos contingentes y los gastos corrientes de instituciones que hoy se encuentran en una verdadera quiebra financiera y además de fortalecer a las universidades públicas en general, como la Universidad Autónoma del Estado de México, institución de la que soy orgullosamente egresado.
Es vital terminar con los problemas financieros que frenan los trabajos universitarios y la formación de miles de alumnos que esperan una educación a la altura de los retos del Siglo XXI.
Debe acabarse con la incertidumbre presupuestaria de las universidades públicas que llevan a conflictos laborales como los de la Universidad Autónoma Metropolitana que entró a su día 70 de huelga; de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); la Universidad Autónoma de Chapingo; la Universidad Agraria de Coahuila entre otras.
Compañeras y Compañeros Diputados:
Debemos ser sensibles a los problemas de las instituciones que forman nuevos profesionistas, que realizan investigación innovadora y que buscan extender los beneficios de la cultura.
Amigos y amigas diputados los invitamos a que apoyen estas reservas a las fracciones VII y X del artículo 3º Constitucional para darles viabilidad financiera a nuestras universidades públicas para que impartan verdadera educación de excelencia en beneficio de miles de alumnos de nuestro país.
Es cuanto.
