Con la venia de la presidencia.
El robo de combustibles en México no es un fenómeno nuevo, se trata de una práctica llevada a cabo desde hace décadas en diversas regiones del país. En la actualidad, este ilícito ha incrementado la fuerza de su impacto en diversos aspectos, el económico, el medio ambiental y, de forma exponencial, en el tema de la violencia.
Asimismo, hace años que el robo de combustibles dejó de estar en manos de delincuentes comunes y ha pasado a ser uno de las actividades preferidas por diversos grupos de la delincuencia organizada, lo cual se ve reflejado en el aumento exponencial del número de tomas clandestinas , las cuales, según los últimos datos, se siguen concentrando en los estados de Puebla, Hidalgo, Guanajuato y Veracruz, además, de la contaminación al suelo por derrame de estas tomas clandestinas, que según Profepa se concentran también de manera prioritaria en el estado de Guanajuato, en Tabasco y en el estado de Puebla.
Con la finalidad de enfrentar esta situación y en busca de erradicar el robo de combustible como un detonante de los problemas ya denunciados, el Estado mexicano ha realizado diversos esfuerzos, incluida la creación de un nuevo marco legal especializado en la sanción de este delito y de aquellos relacionados con el mercado ilícito de combustibles, tal como la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Sin embargo, uno de los principales deberes del Estado es el de brindar seguridad a los ciudadanos y sabiendo que los delitos cometidos en materia de hidrocarburos afectan directamente a la población cuando ponen en riesgo su vida y su integridad, consideramos oportuno proponer que se aumente hasta en una mitad la sanción que corresponda por el delito de que se trate, a quien o quienes cometan dolosamente algunas de las conductas asociadas al robo de combustibles cuando con ello se provoque un daño a la vida y a la integridad corporal de las personas.
Miles de personas están expuestas a los graves riesgos derivados de incendios y explosiones por la ordeña ilícita de los ductos que transportan combustible. Lamentablemente ya hemos atestiguado hechos que llaman la atención nacional e internacional, como el ocurrido el pasado 12 de septiembre donde una fuga de gas, causada por una toma clandestina en Puebla, obligó al desalojo de más de mil 200 familias en siete colonias y un hospital.
En León Guanajuato, el 21 de septiembre de 2017, un trabajador que se dedicaba a repartir pan, de la empresa Bimbo, resultó quemado y murió a consecuencia de las quemaduras derivadas de la explosión en el tambo de Santa Ana del Conde por el incendio de un ducto de PEMEX por una ordeña clandestina.
El 22 de octubre de 2012, una fuga de gas en Tepeji del Río, Hidalgo, provocó la evacuación de aproximadamente dos mil personas; y podemos continuar con la historia.
El robo de combustible en nuestro país es muy grave y se requieren penas más severas que contribuyan a inhibir la comisión de este delito, por no es solo la economía, tampoco es solo el medio ambiente, cada vez son más las vidas que están en riesgo ante el descontrol de este delito.
Se requieren modificaciones legales, pero sobre todo, y este es un llamado a las nuevas autoridades, se trata de poner un alto a la impunidad, pues esa es la verdadera razón por la cual el problema sigue creciendo y, literalmente, le ha explotado en la cara al país.
PARTIDO VERDE
