Con su venia Señor Presidente.
Compañeras Diputadas y Diputados; Pueblo de México.
Una de las transformaciones que ha modificado profundamente la manera de administrar los recursos financieros de los gobiernos es la integración de los conceptos de eficiencia y eficacia en las funciones de la administración pública.
En un intento por resolver el desequilibrio existente entre recursos y necesidades, se ha tratado de operar bajo un sistema político-administrativo cuyo diseño demanda el surgimiento de instituciones especializadas en cada ramo de la administración pública, sobretodo, en el manejo de los recursos nacionales.
Sin embargo, la malversación de fondos públicos se observa en diversos ámbitos de la administración pública y en todos los niveles de gobierno, por lo cual el balance de poder, finanzas y sociedad tiene que convertirse en uno de los ejes principales para el fortalecimiento de las instituciones y el combate urgente a la corrupción.
En 2015, México obtuvo una calificación de 35 puntos sobre 100, ocupando el lugar 95 de 168 países de acuerdo con Transparencia Internacional; y en cuanto a indicadores de control de la corrupción nuestro país fue calificado con 26 puntos de 100 de acuerdo a los datos del Banco Mundial, es decir, México sigue siendo uno de los países con más problemas en la materia.
En el ámbito económico, países competidores como Brasil, China e India, han mejorado los niveles de percepción de la corrupción en 11, 16 y 11 puntos respectivamente, mientras que México se ha estancado al aumentar sólo cuatro puntos en los últimos 21 años; adicional a lo anterior, el 82% de las empresas que operan en nuestro territorio consideran que las prácticas de soborno y corrupción ocurren de manera común al interior de las organizaciones.
Precisamente este, es uno de los grandes problemas del sector salud y sobre todo, en la adjudicación de contratos para surtir de medicamentos a las diversas instituciones de salubridad pública, señalándose prácticas indebidas tales como licitaciones dirigidas, sobreprecios de hasta 300 por ciento, compras menores que las requeridas, robo de producto y enriquecimiento de funcionarios, afectando el financiamiento de dicho sector y con ello, afectando de manera directa a los derechohabientes de estas instituciones.
Tan sólo para el programa de Seguro Popular, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades en la adquisición de medicamentos que van de los 70 millones a los mil millones de pesos, encontrando quebrantos en cinco estados hasta por mil 772 millones de pesos entre 2012 y 2014.
Ante este panorama, es imperativo lograr que los recursos públicos sean ejercidos de manera transparente, privilegiando la eficiencia y la eficacia en el actuar de los funcionarios públicos.
En este sentido, se tomaron medidas como las modificaciones en la integración del concepto de compras consolidadas como parte de un proyecto de contención de costos implementado desde 2012 en el IMSS, el ISSSTE y otras instituciones de salud.
Este esquema de contrataciones consolidadas permite adquirir servicios o productos a precios competitivos cuyas reglas de operación privilegian las ofertas con mayor calidad y ahorro para las finanzas públicas.
Por mencionar algunos de los beneficios que ha dejado esta estrategia, en 2016 se estimó un monto de 48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, siendo instancias como el IMSS, las que han aceptado la aplicación de esta estrategia para adquirir medicamentos considerando el impacto positivo en materia económica para la institución y sus derechohabientes
A raíz del éxito obtenido, en diversas instituciones de salud que han participado en esquemas de compras consolidadas de medicamentos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha trabajado constantemente por la mejora de las condiciones de atención de la salud de los mexicanos, sobre todo en cuanto a la solución del problema de desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública como consecuencia de diversos factores que impiden a los pacientes adquirir sus medicinas.
Es por esto que, ante este panorama y la participación de las dos instituciones de salud pública con el mayor número de derechohabientes, consideramos necesario incluir en la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico la obligación de adquirir insumos y servicios en el esquema de compra consolidada de medicamentos, incorporando un párrafo a su artículo 17 para estos efectos.
Todo lo anteriormente expuesto pretende contribuir a erradicar la corrupción en el IMSS y el ISSSTE, y abonar al incremento de disponibilidad de medicamentos en el sector Salud en beneficio de los mexicanos, es por ello, compañeras y compañeros, que esperamos contar con su apoyo para concretar esta propuesta.
Es cuanto señor Presidente.
PARTIDO VERDE
