Con la venia de la Presidencia.
La revisión de las acciones que ha implementado el Estado con el objetivo de garantizar la paz, la libertad y el desarrollo integral de las personas proveen un punto de partida para el diseño de futuras estrategias de seguridad y, en consecuencia, constituyen una prioridad tanto para la sociedad mexicana como para esta Cámara.
Los desafíos que enfrenta nuestro país en materia de seguridad se han generado a lo largo de muchos años. Son consecuencia tanto del incremento de las actividades delictivas en diversas zonas del país como las debilidades institucionales en distintos órdenes de gobierno.
Superar esos retos exige combatir la delincuencia con una política de Estado en la que cada uno de los Poderes de la Unión y de las autoridades federales, estatales y municipales asuman con firmeza e integridad las responsabilidades que le corresponden.
A partir de esa visión, el Gobierno de la República desplegó una estrategia basada en cuatro ejes principales: coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno; fortalecimiento de las capacidades institucionales de las corporaciones policiales; uso intensivo de sistemas de inteligencia; y prevención social de la violencia y el delito.
Dada la posición preeminente que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le confiere a la Secretaría de Gobernación, se optó por transferirle las funciones de seguridad pública, lo que ha permitido una mejor coordinación interlocución con instituciones federales, estatales y municipales, así como con otros actores relevantes de la sociedad civil.
Ahora, la Secretaría de Gobernación es la encargada de coordinar los trabajos realizados por el Gabinete de Seguridad, con lo cual se garantiza que los esfuerzos emprendidos se desarrollen de forma coordinada, eficiente y eficaz.
El sentido de corresponsabilidad y la cooperación institucional caracterizaron los trabajos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el principal órgano del Estado Mexicano dedicado a combatir la delincuencia y promover la seguridad.
La división del territorio en cinco regiones permitió llevar a cabo estrategias diferenciadas de acuerdo con las necesidades de distintas zonas, además de haber fortalecido la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno.
Aunado a lo anterior, la estrategia "Escudo Titán", que consiste en la realización de operativos en diversas regiones y municipios del país con altos índices delictivos, ha permitido la finalidad de atender los problemas de inseguridad desde una perspectiva multidimensional y multifactorial.
Alrededor de una cuarta parte de los municipios del país carecen de una fuerza policial propia. Entre los municipios que sí cuentan con una, más de la mitad tienen menos de 50 elementos que, por añadidura, tienen remuneraciones que no corresponden a la responsabilidad que desempeñan.
Por esos motivos, se ha implementado el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los cuerpos de seguridad pública, tanto en el ámbito estatal como municipal, mediante subsidios apoyos otorgados por el Gobierno de la República, los cuales resultan indispensables para avanzar hacia un modelo en el cual los efectivos militares no tengan que cubrir las deficiencias de las policías locales.
Se han invertido más de 80 mil millones de pesos en la modernización de instalaciones, equipos y armamento de las corporaciones policiales locales, así como en la capacitación de su personal.
De enero de 2013 a junio de 2018, se han fortalecido las capacidades de más de 903 mil elementos de instituciones de seguridad pública de todo el país.
El uso legítimo de la fuerza pública por parte del Estado es una herramienta que debe utilizarse como última alternativa para preservar la paz. En todos los casos, desde la prevención hasta la persecución del delito, el principal instrumento debe ser el uso de inteligencia, es decir, de información debidamente procesada, de modo que sea una guía eficaz para la acción.
Por ello, esta administración ha privilegiado el uso intensivo de los sistemas de inteligencia, con la finalidad de establecer acciones precisas que permitan combatir el delito y desarticular a los grupos delincuenciales sin generar más violencia que afecte la normalidad de las comunidades.
A partir de esa visión, se crearon: El Centro Nacional de Fusión de Inteligencia; los tres Centros Regionales de Fusión de Inteligencia; y los cinco Centros Regionales de Inteligencia Naval.
Es imposible imaginar una estrategia eficaz contra las organizaciones criminales que no incluya, entre sus tareas prioritarias, la coordinación entre autoridades, el fortalecimiento institucional, el uso de inteligencia y las acciones para prevenir el delito. La experiencia adquirida a lo largo de los pasados seis años, tanto en los avances como en los rezagos, constituye un valioso referente para la elaboración de una nueva estrategia. Sería un grave error ignorar lo realizado y pretender partir de cero.
Si bien, el grupo parlamentario del Partido Verde reconoce que hay trabajo por hacer en materia de seguridad pública, es justo reconocer los esfuerzos realizados por el Gobierno del Presidente Peña Nieto, con base en los cuatro ejes descritos, con la finalidad de brindar a las familias mexicanas paz y tranquilidad para poder vivir y trabajar en paz.
Es cuanto, señor Presidente.
PARTIDO VERDE
