No obstante los múltiples esfuerzos que se han dado para terminar de consolidar al Sistema Nacional Anticorrupción, estos; no han sido suficientes, ya que la situación de la corrupción en México sigue siendo un obstáculo tanto para el desarrollo como para el ejercicio pleno de los derechos.
En el análisis correspondiente a 2016, Transparencia Internacional coloca a México en el lugar 95 entre 168 países del índice de percepción de corrupción a nivel mundial y en el sitio 11 de entre los 22 países de América Latina.
Además, nuestro país se colocó en el último puesto entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), separándonos 86 y 79 lugares respectivamente de nuestros principales socios comerciales, Canadá y Estados Unidos.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos fundamental cumplir con la responsabilidad de complementar el Sistema Nacional Anticorrupción y lograr los consensos que sean necesarios para la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que tanto necesita el país.
La corrupción se ha convertido en el gran malestar de la sociedad contemporánea, en un fenómeno atemporal y omnipresente que obstaculiza el buen funcionamiento del Estado y sus instituciones. Todo esto mantiene a México muy por detrás de las economías más consolidadas del mundo.
El 19 de julio de 2017 entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo principal objetivo es la prevención, detección, y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.
Sin embargo, aún estamos lejos de contar con un sistema completo y que funcione íntegramente, pues ello no sólo implica una gran inversión en términos de recursos humanos y financieros para integrar las nuevas instituciones y propiciar la coordinación con las ya existentes, sino también un enorme esfuerzo legislativo para armonizar las disposiciones de la Ley General con las legislaciones locales.
Al respecto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción elaboró el Diagnóstico sobre el grado de armonización de las leyes de los sistemas estatales anticorrupción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en lo que respecta, al rubro de objetivos generales, el estudio señala que solo 16 de las 32 legislaciones cumplen totalmente con la premisa contenida en la fracción I del artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que señala que las leyes anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse observando las bases descritas en la ley general de la materia.
En este sentido, resulta fundamental que se continúe con los esfuerzos legislativos necesarios para cumplir con el objetivo de contar con un sistema coherente y bien coordinado para la lucha contra la corrupción.
Por lo anteriormente expuesto, es que presento ante esta soberanía un punto de acuerdo al tenor del siguiente petitorio:
Único, La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales que aún no lo han hecho a armonizar a la brevedad posible su legislación local con las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Es cuanto.
PARTIDO VERDE
