Con la venia de la presidencia.

Las condiciones de los servicios que se prestan en las instituciones de salud pública deben mejorarse para que la atención hacia los pacientes sea cada vez de mayor calidad, con un sentido humano acorde a las necesidades de aquellos quienes asisten tanto para prevenir alguno de los padecimientos que aquejan tanto a jóvenes como adultos, o bien para contar con un tratamiento que les permita recuperar su salud.

Para atender a la población, las instituciones públicas encargadas de prestar servicios sanitarios son fundamentales para la sociedad, dada la capacidad de respuesta, cobertura y vocación social cuya estructura es financiada por el gobierno con fondos públicos.

Actualmente vivimos en un contexto en donde la transparencia y sobriedad en el ejercicio de los recursos financieros gubernamentales forman parte de las demandas de mayor recurrencia entre los ciudadanos, las cuales toman relevancia cuando se trata de áreas prioritarias como lo es el sector salud.

El tema no es menor, pues desafortunadamente actos relacionados con la corrupción han tocado a las nobles instituciones de salud pública en un área tan importante como lo es el mecanismo diseñado para la adjudicación de contratos acordados entre la administración pública y los particulares interesados en surtir de medicamentos e insumos a clínicas y hospitales del sistema de salubridad.

Tan sólo en 2014 se registraron casos de prácticas indebidas tales como licitaciones amañadas, sobreprecios de medicinas, compras menores a las declaradas, robo de insumos médicos y enriquecimiento ilícito de funcionarios. El conjunto de estos actos provocó pérdidas de dinero público que entre 2012 y 2014 alcanzaron los mil 772 millones de pesos.

La malversación de fondos públicos se observa en diversos ámbitos de la administración pública y en todos los niveles de gobierno, por lo cual el balance entre poder, finanzas y sociedad se ha convertido en uno de los ejes principales para el fortalecimiento de las instituciones y el combate a la corrupción.

Ante este panorama, es imperativo lograr que los recursos públicos sean ejercidos de manera transparente, privilegiando la eficiencia y la eficacia cuando se trata de recursos gubernamentales dirigidos a proveer de servicios a la sociedad.

Una de las medidas que se tomaron en este sentido en materia de salud pública fueron las modificaciones que originaron la estrategia de compras consolidadas como parte de un proyecto de contención de costos implementado desde 2012 en el IMSS, el ISSSTE y otras instituciones de salud, de manera que se establecieron mecanismos fiscales para detener la fuga de capital público en dichas dependencias.

Como parte del proyecto nacional diseñado para el periodo sexenal 2012-2018 se consideró atacar la problemática en cuanto a la corrupción dentro de las instituciones de salud en particular, y en toda la administración federal en general, de tal manera que en el  Plan Nacional de Desarrollo se impulsan medidas que promueven la transparencia, la eficacia y la eficiencia en las acciones del gobierno central, con la intención de generar las condiciones para atender las necesidades de la población por medio del ejercicio responsable de los recursos financieros públicos.

En consecuencia, uno de los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal ha sido el impulso al esquema de contrataciones consolidadas, el cual permite adquirir servicios o productos a precios competitivos y cuyas reglas de operación privilegian las ofertas con mayor calidad y ahorro para el erario público.

Los beneficios de esta estrategia son evidentes, para 2016 se estimó un monto de 48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, incrementándose nueve por ciento la adquisición de dichos insumos en las entidades federativas vía este esquema debido al ahorro que genera y la reducción del rezago en cuanto al abasto de medicamentos en las farmacias del Sistema Nacional de Salud.

Considerando los beneficios y la constante participación de las dos instituciones de salud pública con mayor número de cuentahabientes en el esquema de compra consolidada de medicamentos, consideramos incluir en la ley la determinación de adquirir insumos y servicios por dicho medio, a fin de combatir la corrupción y desabasto de medicamentos en el IMSS y el ISSSTE.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha trabajado constantemente por la mejora de las condiciones de atención de la salud de los mexicanos, sobre todo en cuanto a la solución del problema de desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública provocado en parte por la opacidad de quienes las adquieren y los tratos con los distribuidores, por lo que presentamos esta iniciativa que fortalece el esquema de compras consolidadas en el sector salud en beneficio de la sociedad mexicana.

Es cuanto.


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO