Muchas gracias, diputado presidente.
Buenas tardes a todas y a todos mis compañeros diputados, y a quienes nos siguen desde el Canal del Congreso.
La iniciativa que hoy vengo a presentar, tiene por objeto facilitar el derecho para promover la acción de responsabilidad ambiental. Para lo anterior propongo reformar la fracción I y la fracción IV del artículo 28, así como el numeral 43 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
Lo que se pretende es, primeramente, eliminar para efectos de la materia ambiental, el obstáculo impuesto en la fracción II del artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la cual señala que "para promover una acción colectiva, se debe tener un respaldo de por lo menos 30 miembros". El requisito señalado ha dejado en estado de indefensión a las colectividades pequeñas que no alcanzan a sumar dicha totalidad de miembros.
Como ejemplo les puedo recordar la tragedia ambiental, humana y económica, que sucedió hace aproximadamente 19 meses por la irresponsabilidad de una empresa minera en los ríos Sonora y Bacamuchi. En ese entonces se hablaba de siete municipios afectados; más de cinco mil hectáreas siniestradas; más de 320 pozos de agua suspendidos; así como de un impacto ambiental y económico incuantificable.
No obstante esos daños, el juez que conoció de la acción de responsabilidad ambiental intentada por miembros de las comunidades afectadas, determinó desechar dicha demanda bajo el argumento de que el representante de la colectividad no tenía el soporte de al menos 30 miembros.
Con lo anterior, se vulnera el artículo 17 de la Constitución federal, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Es por ello que propongo que cualquier persona de la comunidad adyacente al sitio que ha sufrido daño o deterioro ambiental, esté legitimado para poder demandar la responsabilidad ambiental.
Además, en esta iniciativa se plantea la legitimación autónoma de las Procuradurías o instituciones públicas estatales que ejerzan funciones de protección ambiental para que éstas puedan accionar de manera independiente procedimientos de responsabilidad ambiental, y con ello coadyuvar con las autoridades federales.
Conagua ha señalado que el 70 por ciento de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación. En los últimos años se han registrado muchos derrames petroleros. Por ejemplo en Nuevo León, en Tabasco y Veracruz. También se ha sabido de vertido de agua con cianuro en municipios de Durango, en específico el municipio de El Oro, Durango.
Estoy convencido, compañeras y compañeros, de que las acciones de responsabilidad ambiental deben de tener un trato preferente y especial, ya que su finalidad es garantizar el derecho a gozar de un medio ambiente sano, el cual, además está reconocido en el párrafo quinto del artículo 4o de nuestra Constitución Política federal.
Ahora bien, me permito hacer una pausa para compartirles que esta iniciativa es producto de una incubadora de leyes del estado de Coahuila, desde donde me puse a trabajar en conjunto con estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, específicamente de la Facultad de Derecho, así como también con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de mi estado natal.
Iniciativas como éstas, compañeras y compañeros diputados, contribuyen a crear un canal de comunicación efectivo con el Poder Legislativo federal, porque si de algo todos estamos conscientes es que el daño al medio ambiente nunca debe quedar impune.
Para el Partido Verde un sistema de protección y procuración de justicia debe de ser amplio, dinámico y de sencillo acceso que responda a las necesidades y a las expectativas de la población mediante una atención oportuna y una atención de calidad.
Por lo anterior, les pido que todos sumemos esfuerzos para que esta iniciativa pronto sea una realidad en pro de todas y de todos los mexicanos que en algunas ocasiones se ven afectados en su medio ambiente.
Es cuanto.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
