•Los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal deben asumir el compromiso de garantizar justicia y ofrecer la reparación integral del daño.
La diputada del Partido Verde, Eunice Monzón García, pidió a las autoridades estatales y municipales y a la federal, la adopción de medidas necesarias para garantizar que no se cometan delitos y se pretendan justificar como "usos y costumbres" en las comunidades indígenas, como la venta de menores y el matrimonio infantil.
Monzón García, secretaria de la Comisión de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados, solicitó a los tres niveles de gobierno, determinar la responsabilidad penal, impartir justicia, prevenir y garantizar la reparación integral de la víctima.
Informó que la comisión legislativa suscribió un punto de acuerdo por unanimidad, para condenar los hechos ocurridos el 9 de octubre de 2021, en la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, en el estado de Guerrero; el caso de Angélica, donde la policía comunitaria violentó los derechos humanos de la joven y de otros tres menores de edad y su madre, sin embargo casos como éste se repiten en varias entidades federativas producto de los matrimonios forzados.
Los legisladores, sin distingo de partido político, solicitaron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero realice la investigación correspondiente, en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, para determinar las responsabilidades penales.
Monzón García insistió a las autoridades competentes tomar las medidas ante cualquier acto ilícito que busquen justificar con las formas propias de autogobierno en las comunidades indígenas, como la venta de menores y el matrimonio infantil, "la violencia contra las mujeres es la expresión más brutal de la discriminación en razón de género hacia mujeres y niñas y constituye una grave violación a los derechos humanos, y casos como éste nos prenden alertas para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño" concluyó.
