A cuatro años de los hechos acontecidos en Iguala, la ocasión debe servir no sólo para recordar a los jóvenes desaparecidos, sino para hacer un análisis sobre la política en materia de seguridad.
El recordar los acontecimientos que derivaron en la desaparición de 43 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, nos obliga a ser enfáticos en los retos que como gobierno estamos afrontando.
Fueron llevadas a cabo profundas investigaciones con la participación plural de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de nuestro país; organismos y grupos de especialistas internacionales; representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como familiares de las personas afectadas, garantizando con ello su derecho a ser escuchados y sobre todo informados, reflejando con ello la transparencia en cada una de las labores ejecutadas.
Lo que hoy debe ocuparnos es la colaboración para poner fin a las especulaciones y esclarecer los hechos acontecidos aquel septiembre de 2014.
Ante dicha realidad tenemos que impulsar transformaciones que permitan aclarar éste y cualquier otro caso, pero, sobre todo, tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos hacia el diseño de más y mejores políticas que garanticen la seguridad de las y los mexicanos.
En el Partido Verde no somos indiferentes a las exigencias de los familiares de los desaparecidos, sin embargo, creemos que no se debe hacer de esta fecha la oportunidad idónea para criticar y desviar la atención del objetivo: trabajar para que estos hechos nunca más vuelvan a repetirse.
Por todo ello, quienes integramos el Partido Verde Ecologista de México, nos sumamos a este pronunciamiento y que de ello resulte la adopción de responsabilidad y compromiso conjunto para garantizar a la sociedad seguridad y tranquilidad, que tanto necesitamos los mexicanos.
Es cuanto.
